Martirio sexual para las mujeres

Por: Rosario Espinal

23 de abril 2009

Mientras el mundo avanza hacia la expansión de derechos ciudadanos, en algunos países, como en Afganistán y República Dominicana se hacen intentos por detener el proceso de ampliación de los derechos de las mujeres.El objetivo principal es mantener las mujeres en un estado de subordinación con respecto a la sexualidad masculina. Además, se hace evidente que las motivaciones que llevan a retrocesos en las legislaciones se fundamentan en cálculos pragmáticos de los políticos.

En Afganistán, el parlamento aprobó una Ley de Familia, firmada por el presidente Hamid Karzai, que establece, entre otras cosas, que toda mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido, y se otorga a los clérigos musulmanes autoridad para regular las relaciones íntimas de parejas.

Con esta ley, el gobierno busca congraciarse con la minoría chií afgana, pues Karzai se presenta a elecciones el próximo año. Las disposiciones han generado protestas de algunas mujeres afganas, quienes, bajo terror, se han lanzado a las calles en demanda de uncambio en la ley.

En sus manifestaciones han sido abusadas e insultadas, e incluso muchos hombres las han tildado de prostitutas. El gobierno de Karzai enfrenta ahora una disyuntiva. Por congraciarse con los fundamentalistas islámicos ha entrado en conflicto con sus principales socios occidentales que demandan la protección de derechos de libertad para las mujeres.

Con el argumento de que la ley aún no ha sido promulgada, el gobierno de Karzai ha anunciado que la revisará. Queda ahora por ver si se impondrá el interés de los políticos afganos de ganarse el voto de chiítas fundamentalistas bajo la influencia de los clérigos (cerca del 15% de la población), o si prevalecerá la defensa de los derechos democráticos de las mujeres afganas en general.

En República Dominicana, el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso una reforma constitucional que contiene un artículo que busca imposibilitar constitucionalmente que en el país se pueda permitir, legalmente, cualquier tipo de aborto.Según el Artículo 30, “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.

Por lo tanto, después que una mujer concibe no podría interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia, aún si la concepción ha sido provocada por violación sexual, o podría provocar la muerte de la madre.

La Iglesia Católica ha hecho de este artículo su bandera principal en la reforma constitucional y mantiene a la clase política dominicana entre la espada y la pared: aprueban el Artículo 30 o pagan las consecuencias políticas.

Como ningún partido o candidato quiere tener conflictos con la Iglesia, casi todos los legisladores expresaron su apoyo al Artículo 30, a pesar de ser altamente punitivo para las mujeres.

El PRSC y el PRD decidieron sacar ventaja política de la controversia y declararon apoyo unánime e irrestricto al referido artículo, con el objetivo de congraciarse con la jerarquía católica, y además, intentar quebrar el fuerte apoyo que el Cardenal le ha brindado al gobierno de Leonel Fernández desde 2004 hasta la fecha.

El debate público de la Asamblea Revisora en los últimos días demostró claramente la insensibilidad de un amplio sector de la clase política dominicana hacia las mujeres.
Por obtener ganancias electorales con un sector religioso, muchos legisladores se han declarado devotos de embriones y fetos, y han apoyado una disposición constitucional que producirá un martirio sexual para las mujeres, porque las hará constitucionalmente esclavas de todos los embarazos, incluyendo aquellos producto de la violenciasexual masculina.