Aborto, Iglesia y Estado

Oscar Medina

lunes 13 de abril 2009, Listín Diario


Que la Iglesia Católica esté opuesta a todo tipo de aborto, es lo natural; y lo que se espera de dicha institución milenaria, que está llamada a promover los valores éticos y fundamentos morales que deben regir la vida de los seres humanos. Y no supuesta a acomodar sus criterios a los diferentes cambios culturales y conductuales que experimente la raza humana a través de los años, las décadas y los siglos, en las diferentes regiones del planeta.

De ahí que las prédicas, los sermones y las cartas pastorales, y las presiones que ejerce la Iglesia Dominicana sobre el tema del aborto con el fin de hacer valer sus posiciones, son entendibles, siempre y cuando se vean desde la óptica de los dictados del Vaticano, los principios promovidos por la curia y la formación dogmática que reciben los sacerdotes.

Ahora bien, lo no que se concibe, lo que no es excusable y lo que no se justifica, es que desde el Estado se sustenten esos principios morales, y pretendan hasta constitucionalizarse, y se haga privilegiándolo sobre realidades y problemáticas socio-económicas y culturales del país. Constituye uno de los actos de mayor irresponsabilidad y confusión de roles que se pueda recordar, que el Estado pretenda declarar como uno de sus principios la defensa a la vida “desde la concepción”.

Es una declaración de incompetencia que desatiende, en el diseño de políticas de salud, problemas tan acuciantes como el sexo temprano y las violaciones incestuosas originadas en gran medida por el hacinamiento y la perversidad humana. Pero, además, se trata del mismo Estado, para colmo el mismo Presidente que se comprometió con los Objetivos del Milenio de la ONU que, entre otras cosas. exige la reducción de la mortalidad materno-infantil a niveles inalcanzables si el Estado no se compromete con políticas que vayan en esa dirección.

El Vaticano, la Conferencia del Episcopado y los Arzobispados pueden estar en contra de todo tipo de aborto y del uso de todo tipo de métodos anticonceptivos. Y está, hasta bien, ese es su rol en la sociedad. Pero lo que no está bien es que desde el Gobierno se asuman esos mismos discursos y políticas, o en el mejor de los casos, se apele al silencio cómplice y la negligencia irresponsable. Ese no es el rol del Estado, como no es su responsabilidad privilegiar buenas relaciones con los poderes fácticos, si en el camino se sacrifica la salud del pueblo, y sobre todo de las mujeres dominicanas.

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