miércoles, 15 de abril de 2009

Legisladores, no se acobarden

Rosario Espinal
martes, 14 de abril de 2009

Soy defensora de las creencias religiosas, y si algún día la libertad de culto estuviera en riesgo en la sociedad dominicana, la defendería incondicionalmente porque lo espiritual es profundamente humano.

Pero también defiendo la democracia por ser el sistema que mejor garantiza los derechos civiles de la ciudadanía.

Por eso en el último año he escrito varios artículos sobre el derecho al aborto en determinadas circunstancias.

La iglesia católica se opone y decidió utilizar el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo para arremeter contra legisladores que han apoyado la modificación del Artículo 30 de la reforma constitucional, que haría inconstitucional cualquier legislación que legalice algún tipo de aborto.

Todas las iglesias tienen derecho a predicar a sus feligreses lo que consideren moralmente apropiado. Pero en una sociedad democrática no tienen derecho a imponer sus creencias a toda la población, y mucho menos, establecer los parámetros de las leyes y políticas públicas mediante presión política.

La historia de la humanidad registra una secuencia de guerras y conflictos motivados por enfrentamientos religiosos e intentos de algunas religiones de imponer sus criterios.

La inquisición atestigua los horrores de la iglesia católica en un momento de su historia, y el fundamentalismo musulmán mantiene el mundo en jaque actualmente por los actos terroristas que justifican como misión divina.

Llegar a la modernidad significó enfrentar monarcas y jerarcas en la Europa Medieval, y el Siglo XVIII se conoce como el Siglo de las Luces, porque avanzó la idea de que con la razón humana era posible combatir la ignorancia, el dogmatismo y la tiranía.

Las sociedades se abrieron entonces al desarrollo de las ciencias y a la democracia.

Siempre es difícil discrepar de líderes religiosos porque el sufrimiento y la muerte apegan muchos seres humanos a las religiones, y sus representantes adquieren un poder inconmensurable sobre la gente.

Por eso también, cuando una iglesia enfila su crítica hacia figuras gubernamentales como los legisladores para que se restrinjan derechos, la acción constituye una peligrosa intromisión en los asuntos del Estado.

En sistemas teocráticos, como algunos musulmanes, estas acciones se imponen porque la población vive reprimida, y además, se produce una fusión de lo religioso y lo político.

Pero en un sistema democrático, como se supone existe en la República Dominicana, la injerencia de las iglesias en el Estado no debería producirse, mucho menos para restringir derechos como sucede con la petición de una absoluta prohibición del aborto.

Los representantes de la Iglesia Católica saben que el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre no es un pecado porque Dios es amor, no despotismo.

Así lo deja entrever el presidente de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano, Rino Fisichella, en un artículo publicado el 15 de marzo en L’Osservatore Romano, a propósito de la decisión de un arzobispo brasileño de excomulgar una niña de 9 años, violada por su tío y en condiciones de salud precaria, a quien le hicieron un aborto.

En República Dominicana es importante que los legisladores resistan las intimidaciones que empujan hacia un sistema legal despótico que impediría el aborto en todas las circunstancias.

La posición humanitaria que debe expresar la legislación es permitirlo en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre; y para lograrlo, hay que modificar el Artículo 30 de la reforma constitucional.

A la diputada Minou Tavárez Mirabal, una de las enjuiciadas en las Siete Palabras por defender el derecho al aborto en circunstancias especiales, le digo: tu madre y tus tías murieron en manos de los asesinos trujillistas por soñar la democracia. No desmayes.

Estos son otros tiempos y otras luchas, pero la esencia es la misma: la defensa de los derechos ciudadanos.

Legisladores, no se acobarden. Modifiquen el Artículo 30 de la reforma constitucional y aprueben el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre en el Código Penal.

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