Escrito por: Susi Pola (susipola@gmail.com)
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la República, suministradas por el ingeniero Justo Vásquez R., en el primer semestre de este 2009, han muerto por violencia 108 mujeres, una cifra alarmante que no parece conmover a Ministerios, Congreso, Partidos y tampoco a las Iglesias.
A estos datos, hay que agregar la alta mortalidad materna -159 por cada cien mil, de acuerdo a Endesa- cuyas primeras causas son hipertensión, hemorragias, infecciones, abortos ilegales y violencia, cantidad que tampoco aparenta impresionar al poder establecido por derecho y de hecho, como el caso de la Iglesia Católica.
Salud Pública no prioriza programas especiales para la maternidad, porque no se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a pesar de ser las mayores usuarias de sus servicios, sin embargo, ni la administración del Estado lo registra, ni las iglesias interpelan a las autoridades por eso.
Por los lados de la justicia, hay leyes con algunas estructuras montadas y pocas actividades de capacitación, cuyos presupuestos ni alcanzan para tapar la impunidad de los crímenes contra las mujeres, y tampoco duele.
Como dice el manifiesto de la organización Cómplices por la Equidad/ Men Engage México, “existen diversas maneras de ejercer violencia contra las mujeres, de violar sus derechos humanos más elementales y de perpetuar la intromisión y el dominio de los hombres sobre el derecho y capacidad que tienen las mujeres para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos”, asegurando que la prohibición del aborto es una de ellas. (Organización mexicana de hombres adultos, que cuestiona la visión tradicional de la masculinidad).
En los reclamos de estos hombres, se denuncia la ola reaccionaria de modificaciones a las Constituciones en la región, para penalizar el aborto, bajo el velo dogmático y fundamentalista de la “protección de la vida desde el momento de la concepción”, como una muestra de violencia desmedida contra las mujeres, a través del aparato legislativo y sobre las bases de una concepción misógina del Estado.
En nuestra realidad, el artículo 30 de la Constitución renovada, en la segunda y última ronda de consideraciones, cuenta con las voces que se siguen sumando al coro de recomendaciones en contra de la redacción propuesta, las que se dejarán oír hoy martes 8 de septiembre, a las 2:00 pm, en una marcha que sale de la explanada frontal de la UASD hasta el Congreso.
Tenemos derecho a vivir, y porque el formulado artículo 30 condenaría a muerte a muchas de nosotras, hoy vamos a marchar otra vez al Congreso Nacional! Somos la mitad. Ejercemos la ciudadanía. ¡Encarnamos la Democracia!
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