Hoy Digital, 8 Septiembre 2009
Escrito por: ROSARIO ESPINAL
La clase política dominicana mantiene un juego peligroso con la vida de las mujeres. El PLD y el PRD buscan hacerse graciosos a los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, y por eso llegó y se mantiene en la agenda de discusión de la Asamblea Revisora de la Constitución el Artículo 30.
Este Artículo establece que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, lo que significa que después que una mujer concibe no podrá interrumpir un embarazo bajo ninguna circunstancia, incluso si conlleva riesgo de vida para ella o es producto de una atroz violación sexual.
El presidente Leonel Fernández sometió al Congreso la reforma con ese infame Artículo para no debilitar sus lazos con la derecha que lo aupó en 1996 y 2004, y le ha servido de sustento.
Por su parte, muchos legisladores atemorizados por sermones como las Siete Palabras del pasado Viernes Santo, donde se juzgó a Minou Tavárez Mirabal, Magda Rodríguez, Víctor Terrero y Josefa Castillo, votaron en primera lectura a favor del Artículo, sin hacer la necesaria reflexión sobre las implicaciones para la vida de las mujeres.
Los asambleístas del PLD se dividieron a favor y en contra, pero Miguel Vargas, en su nueva estrategia de derechización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ordenó a los legisladores perredeístas votar a favor del Artículo para congraciarse con la derecha dominicana.
Resulta que una de las novedades políticas del momento es que el PRD quiere quitarle al PLD el monopolio que ha tenido en el apoyo de los sectores conservadores, y un tema escogido para buscar la bendición de la derecha es la defensa del Artículo 30.
El cálculo político siniestro de los presidentes del PLD y el PRD mantiene el país a la espera del veredicto que emitirá la Asamblea Revisora en la segunda lectura.
En manos de los legisladores peledeístas y perredeístas está la decisión, y la elección es muy clara.
Primero, si el Artículo 30 se aprueba como fue sometido y votado en primera lectura, los médicos no podrán ejercer su trabajo con la protección legal necesaria para interrumpir un embarazo de alto riesgo cuando corra peligro la vida de la madre.
Resultado: muchas mujeres de escasos o medianos recursos morirán en las clínicas y hospitales dominicanos, mientras las ricas, incluidas las esposas e hijas de los legisladores, irán a recibir tratamiento adecuado en otros países donde se permita legalmente la interrupción del embarazo.
Segundo, si una niña o adolescente es violada, tendrá que llevar a término el horrendo embarazo producto de un crimen masculino.
Resultado: aumentará el sufrimiento de las mujeres violadas, y además, el país negará los derechos a una vida sana física y emocionalmente que consagran las convenciones internacionales de derechos humanos de las que el país es signatario.
Si para los presidentes del PLD y del PRD las mujeres tienen tan poco valor que juegan y negocian políticamente con sus vidas, queda esperar que los legisladores de esos partidos reflexionen sobre la responsabilidad que le otorga la Constitución para legislar a favor de todos los dominicanos, y sepan colocar el derecho a la vida de las mujeres en su justo lugar.
El voto de los legisladores no puede estar condicionado a lo que diga el presidente de un partido o del país. Su labor es legislar para el bienestar de toda la población.
Con la decisión sobre el Artículo 30 contribuirán a matar o salvar mujeres.
Ojalá que la idea de justicia humana y derechos democráticos les ilumine y modifiquen el Artículo 30 en segunda lectura.
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