Carta Pública
A las y los miembros de la Asamblea
Revisora de la Constitución
Al Pueblo Dominicano
“Toda actividad que se realice sin contar con el pueblo, a sus espaldas y sin tomarlo en cuenta por encima de todas las cosas, es profundamente reaccionaria”.
Juan Bosch
Al acercarse la fecha fijada para la segunda lectura del texto de la reforma constitucional, la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional y el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional , vemos con preocupación la actitud asumida por los partidos políticos frente al Art. 30 que confiere estatus de persona humana al óvulo fecundado.
La sociedad dominicana ha dado muestras fehacientes de su rechazo al Art.30. Un abanico amplio y representativo de sectores sociales ha advertido clara y fuertemente sobre las consecuencias negativas que tendría este artículo, incluyendo la violación de derechos humanos, el aumento de la mortalidad materna, la prohibición de varios métodos anticonceptivos, así como de procedimientos médicos e investigaciones científicas que implicarían vivir o morir para miles de hombres y mujeres.
La evidencia más clara del rechazo colectivo proviene de la Encuesta Gallup Hoy de julio pasado, que muestra que un 80% de la población está de acuerdo con que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando su vida está en peligro. La encuesta también muestra que apenas un 14% favorece la regulación del aborto por la vía constitucional.
Con desprecio por esa clara expresión de la voluntad colectiva, llaman la atención las posiciones asumidas frente el Art. 30 por los partidos políticos representados en el Congreso, que han convertido en prenda de intercambio su compromiso con el pueblo, con las mujeres y con el futuro.
El pueblo dominicano espera y merece actuaciones serias y responsables de sus representantes en la Asamblea. Esperamos que asuman la defensa de los principios democráticos y de los derechos de ciudadanía como un deber sagrado. Queremos que tengan el valor y la entereza de votar en función del bien común y no de intereses electorales. Aspiramos a que sean capaces de enfrentar los chantajes de jerarquías religiosas que abusan de las libertades democráticas e irrespetan las reglas de juego del sistema político.
A estas alturas nadie debe llamarse a engaño en cuanto a las implicaciones reales del Art. 30. No es cierto, como alegan sectores conservadores y fundamentalistas, que los/as médicos/as podrán practicar abortos terapéuticos
siempre que sea necesario. ¿Cómo podría la Secretaría de Salud Pública tener normas de procedimientos que violen flagrantemente la nueva Constitución? Los(as) médicos(as), hospitales y clínicas no podrán apelar a ninguna justificación legal, porque ninguna norma jurídica está por encima de la Constitución. Quienes afirman lo contrario están apostando al incumplimiento de la ley, lo que equivale a promover el irrespeto por la institucionalidad jurídica.
En la coyuntura actual debemos mirarnos en el espejo de Nicaragua, donde en el 2006 pretendidos fines electoreros llevaron a pactar con la jerarquía católica la penalización del aborto terapéutico y por violación/incesto. Las consecuencias de esa medida han sido funestas: organismos locales e internacionales han documentado un incremento en el número de muertes maternas, casi todas de mujeres muy pobres, así como la renuencia de los hospitales públicos a atender los abortos en curso que llegan a las emergencias.
Con esta ley Nicaragua se colocó fuera de la normativa internacional, mereciendo la condena de cuatro organismos de Naciones Unidas, incluidos el Consejo de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura. La declaración de éste último afirma que: “…la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica”.
El país podría correr la misma suerte cuando presente el próximo mes de noviembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A la hora de emitir su voto en segunda lectura, nuestros asambleístas deben recordar que la prohibición del aborto sin excepciones ha sido declarada una forma de tortura por la comunidad internacional y solo está vigente en seis países en todo el mundo.
Demandamos de las y los asambleístas un voto responsable, en consonancia con el bien común y respetuoso de los derechos humanos. Un voto que afirme la madurez de la democracia dominicana y sus instituciones. Que reconozca la diversidad de posiciones que caracteriza a la sociedad dominicana y respete la libertad de conciencia y cultos que protege a todas las posiciones por igual.
Confiamos en que las y los asambleístas que votaron a favor del Art. 30 en primera lectura sabrán aprovechar la oportunidad que les ofrece esta segunda lectura para poner en alto los mejores intereses de la nación.
Santo Domingo
1ero. de septiembre del 2009
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