Trascendencia de artículo 30

18 de agosto 2009
Escrito por: Susi Pola (susipola@gmail.com)

Si una gran parte del Congreso de nuestro país, encuentra factible que sus titulares pasen años sin asistir a las sesiones obligatorias, aún así cobren por no trabajar hasta nueve millones de pesos y por encima de eso, desechen la demanda judicial incoada contra la práctica de uno de ellos, es verdad que casi no tiene sentido hablar mucho. Y menos cuando el pueril alegato es que “la figura no está contenida en el Reglamento de la Cámara”.

Igual que cuando el Senador de San Pedro de Macorís, auto asumido itinerante, reafirmó su conducta en la infracción, esa vez con la anuencia de sus análogos de partido y de “trabajo”, se rio –como a él le gusta hacerlo- de la ciudadanía y volvió para su domicilio permanente en Nueva York, después de haber delinquido contra tres mujeres dignas.

Lo mismo que cuando familiares de los/as congresistas, a veces hijos/as, se descubren en crímenes, hasta de narcotráfico, y no pasa nada; cuando negocian, venden y compran, las mejores influencias a su favor y en ocasiones, a la de sus partidos; cuando solapan, esconden, disimulan y hasta fingen en nombre del dinero, la posición y otras ventajas personales.

Sin embargo, a la ciudadanía no le queda más remedio que examinar, razonar y argüir –que de eso trata la democracia- para ver si finalmente, el Congreso entero entiende que es por el pueblo que trabaja. (Eso pasa por haber permitido que se “cualquierice” la política, desde los partidos hasta los poderes políticos).

Si se pudiera hablar de tres partidos, dos de ellos antes caracterizados por idearios vanguardistas y hasta atrevidos, solían negar en general, los postulados fundamentalistas y en particular, aquéllos contrarios a los derechos de las mujeres, proclamándose en la línea del socialismo democrático.

Si el artículo 30 se estableciera tal y como está en la propuesta de Constitución dominicana, además de no respetar a la mayoría de este país, el Congreso que lo favorezca caerá en la desgracia de un Estado que permite la ingerencia del anacronismo religioso y absurdo, en las decisiones políticas del país. El Congreso dominicano, debe entender el tamaño del problema y la respuesta del pueblo sentenciando la necesidad de no constitucionalizar el aborto y si discutir su despenalización parcial, en el proceso de reforma penal.

La última encuesta Gallup-Hoy, encontró el 73% de la ciudadanía, cree que esta práctica debe estar regulada por el Código Penal o por el Código Sanitario y sólo el 14% favorece que sea regulada por la Constitución de la República. Mientras que el 80% afirma de que una mujer puede abortar cuando su vida está en peligro.

El pueblo lo dice, el Congreso ejecuta.