jueves, 28 de mayo de 2009
martes, 19 de mayo de 2009
Especialistas discuten artículo 30 de la Constitución
Por: Félix Morillo
14 Mayo 2009
La directiva de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, preocupada por las consecuencias negativas que acarrearía la aprobación del artículo 30 del proyecto de Reforma de la Constitución en la práctica médica, sobre todo en la medicina materna y perinatal, celebró una mesa de discusión, con el título “Repercusiones Legales del Artículo 30 en el ejercicio de la Obstetricia y la Ginecología”. Realizado en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), con el debate académico-científico se buscaba esclarecer cuál será el marco legal de la práctica médica, y si éste establecerá limitaciones o no en la misma.
Los panelistas invitados al evento fueron el abogado Nassef Perdomo Cordero, y los doctores Alejandro Pichardo P. y Julio Albérico Hernández.
Con este debate, médicos, juristas, abogados y la ciudadanía en general, se proponen hacer un aporte a la discusión que a raíz de la inclusión del Artículo 30 en la Constitución, ha suscitado en todo el país.
En su ponencia, Nassef Perdomo Cordero sostuvo, sobre el Artículo 30, que “lo que tenemos que saber es cuál es la intención de que esa sea la configuración del artículo. Se ha dicho que la intención es darle protección a la vida en República Dominicana. Yo creo que la intención es precisamente evitar que se siga discutiendo el tema de la interrupción embarazo e imponer, desde la Constitución, una solución porfiat, de esa discusión”.
14 Mayo 2009
La directiva de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, preocupada por las consecuencias negativas que acarrearía la aprobación del artículo 30 del proyecto de Reforma de la Constitución en la práctica médica, sobre todo en la medicina materna y perinatal, celebró una mesa de discusión, con el título “Repercusiones Legales del Artículo 30 en el ejercicio de la Obstetricia y la Ginecología”. Realizado en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), con el debate académico-científico se buscaba esclarecer cuál será el marco legal de la práctica médica, y si éste establecerá limitaciones o no en la misma.
Los panelistas invitados al evento fueron el abogado Nassef Perdomo Cordero, y los doctores Alejandro Pichardo P. y Julio Albérico Hernández.
Con este debate, médicos, juristas, abogados y la ciudadanía en general, se proponen hacer un aporte a la discusión que a raíz de la inclusión del Artículo 30 en la Constitución, ha suscitado en todo el país.
En su ponencia, Nassef Perdomo Cordero sostuvo, sobre el Artículo 30, que “lo que tenemos que saber es cuál es la intención de que esa sea la configuración del artículo. Se ha dicho que la intención es darle protección a la vida en República Dominicana. Yo creo que la intención es precisamente evitar que se siga discutiendo el tema de la interrupción embarazo e imponer, desde la Constitución, una solución porfiat, de esa discusión”.
Gana apoyo entre legisladores eliminar “desde la concepción”
Por: Abel Guzmán Then
Jueves 14 de Mayo del 2009
Santo Domingo.- El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputado, Víctor Terrero, aseguró ayer que la modificación al artículo 30 de la Constitución gana cada día más apoyo entre los asambleístas para eliminar de ese artículo la palabra “desde la concepción”.
Terrero, dijo que la mayoría de los asambleístas peledeístas y algunos de otras fuerzas políticas están tomando conciencia sobre ese artículo y en la segunda lectura buscarán que sea modificado para dejar que el tema del aborto sea sacado de la Constitución y sea discutido en el Código Penal.
Afirmó que los legisladores no han recibido ni están recibiendo presión de ninguna organización internacional ni nacional para modificar ese artículo y dejar abierta la posibilidad de permitir el aborto terapéutico.
Enfatizó 32 asambleístas votaron a favor de modificar el artículo, y, ahora, ellos buscarán que se número se eleve entre 71 u 80, cuyos votos no permitirían que pase la enmienda.
En cambio, el senador Charlie Mariotti, y los diputado Alejandro Montás y Digna Reinoso, aseguraron que no variarán su posición a favor de la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte.
Expresaron a la Iglesia Católica que puede tener confianza que en la segunda lectura será aprobado este articulo tal y como lo envió el Poder Ejecutivo.
Jueves 14 de Mayo del 2009
Santo Domingo.- El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputado, Víctor Terrero, aseguró ayer que la modificación al artículo 30 de la Constitución gana cada día más apoyo entre los asambleístas para eliminar de ese artículo la palabra “desde la concepción”.
Terrero, dijo que la mayoría de los asambleístas peledeístas y algunos de otras fuerzas políticas están tomando conciencia sobre ese artículo y en la segunda lectura buscarán que sea modificado para dejar que el tema del aborto sea sacado de la Constitución y sea discutido en el Código Penal.
Afirmó que los legisladores no han recibido ni están recibiendo presión de ninguna organización internacional ni nacional para modificar ese artículo y dejar abierta la posibilidad de permitir el aborto terapéutico.
Enfatizó 32 asambleístas votaron a favor de modificar el artículo, y, ahora, ellos buscarán que se número se eleve entre 71 u 80, cuyos votos no permitirían que pase la enmienda.
En cambio, el senador Charlie Mariotti, y los diputado Alejandro Montás y Digna Reinoso, aseguraron que no variarán su posición a favor de la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte.
Expresaron a la Iglesia Católica que puede tener confianza que en la segunda lectura será aprobado este articulo tal y como lo envió el Poder Ejecutivo.
martes, 12 de mayo de 2009
Lógica eclesiástica de doble moral
Por Susi Pola
SANTIAGO.- Desde hace algo más de 20 años, la feligresía católica del mundo rompió el doloroso silencio en grupos de víctimas sobrevivientes de abuso sexual por parte de sacerdotes consagrados, incluyendo religiosas violadas, señalando a la iglesia de Roma como la generadora de crímenes sexuales que incluyen la pedofilia.
El escándalo generado impactó negativamente a toda la institución universal, enfrentada algunas veces a procesos judiciales y siempre al estupor de sus fieles y del resto de la humanidad. Probablemente en esta etapa de la iglesia, lo más doloroso para la feligresía ha sido descubrir que la lógica eclesiástica de la doble moral en esa institución un valor mantenido desde los más remotos tiempos del medioevo.
Sin embargo, el milenario éxito de la iglesia, sostenido desde la sombra de sus propias mentiras y consolidado en su asociación con el poder político, ha comenzado a resquebrajarse en la cúpula que sagazmente, abre una etapa de solicitud de perdón por crímenes cometidos desde hace cientos de años, mientras se mantiene pecadora.
En nuestro país, debido a la reforma de Constitución, la iglesia católica local reforzó sus poderes fácticos en alianza con el pensamiento político más atrasado, incluyendo amenazas reforzadas con las críticas papales sobre la “corrupción administrativa” del gobierno de turno, en un hecho sin precedentes para una institución eclesial que no acostumbra a criticar ni a los más grandes predadores sociales, mientras estos cumplan con el sostenimiento económico de la lujosa jerarquía eclesial que sufrimos.
Sin embargo, pareciera que Dios (o la Diosa) no quiere que haya malas interpretaciones en contra de la mayoría de la feligresía católica y ha permitido que en la región del mundo en que vivimos, se ventilen los acontecimientos precisos que demuestran la doble moral que existe en el ejercicio sacerdotal de la jerarquía romana.
La referencia es a tres eventos que implican a obispos y sacerdotes latinoamericanos y que se refieren a los derechos sexuales y reproductivos. La primera, es la polémica excomunión ejecutada por el arzobispo de Recife, José Cardoso Sobrinho, contra el equipo médico y la madre de una niña de 9 años, violada y embarazada por un adulto, por realizarle un aborto. Un suceso criticado por el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el arzobispo Rino Fisichella, quien en un artículo de opinión, publicado en el diario Osservatore Romano, criticó la decisión argumentando que, "antes de pensar en una excomunión era necesario y urgente salvaguardar la vida inocente de la niña para llevarla a un nivel de humanidad del que los hombres de Iglesia deberían ser los expertos y los maestros". El segundo incidente, fue protagonizado por el actual presidente de Paraguay, Fernando Armindo Lugo Méndez, ex obispo, a quien se le reclama y reconoce la paternidad de tres hijos, egendrados en su tiempo de ejercicio sacerdotal como obispo. Y el tercero es la polémica desatada por la difusión de varias fotografías del sacerdote cubano puertorriqueño de los medios en Miami, con poca ropa y en posiciones amorosas con una mujer en la playa, cuya defensa ha sido decir que “no se arrepiente de amar” y que “debajo de esta sotana, hay un hombre”.
Todo esto se agrega a la revolución medio tapada pero pública, que existe en la iglesia católica mundial, en contra de la política de la doble moral que enfrenta a la jerarquía corrupta y enviciada, contra una feligresía de personas consagradas y laicas, más auténtica, decepcionada por tener que mantener en su creencia a mediadores corrompidos por el poder y la mentira. Una feligresía que en cantidad considerable se está alejando de la iglesia de Roma de manera formal y renunciando públicamente a su bautismo.
La penalización total que pide la jerarquía eclesial dominicana en alianza con la contumaz ultra derecha, es otra muestra del dicotómico ejercicio de “tapar el sol con un dedo”, mientras se manipula con discursos, se intercambian ofrendas de todo tipo y se arremete con amenazas no siempre espirituales, contra la solicitud de la despenalización parcial de aborto, como propuesta.
Lo mejor de todo, es que el pueblo dominicano a través de sus manifestaciones, está participando activamente contra esas manipulaciones y no somos sólo las mujeres las que defendemos nuestros propios derechos, es cada vez más numerosa la ciudadanía que reconoce el reduccionismo religioso que nos amenaza.
SANTIAGO.- Desde hace algo más de 20 años, la feligresía católica del mundo rompió el doloroso silencio en grupos de víctimas sobrevivientes de abuso sexual por parte de sacerdotes consagrados, incluyendo religiosas violadas, señalando a la iglesia de Roma como la generadora de crímenes sexuales que incluyen la pedofilia.
El escándalo generado impactó negativamente a toda la institución universal, enfrentada algunas veces a procesos judiciales y siempre al estupor de sus fieles y del resto de la humanidad. Probablemente en esta etapa de la iglesia, lo más doloroso para la feligresía ha sido descubrir que la lógica eclesiástica de la doble moral en esa institución un valor mantenido desde los más remotos tiempos del medioevo.
Sin embargo, el milenario éxito de la iglesia, sostenido desde la sombra de sus propias mentiras y consolidado en su asociación con el poder político, ha comenzado a resquebrajarse en la cúpula que sagazmente, abre una etapa de solicitud de perdón por crímenes cometidos desde hace cientos de años, mientras se mantiene pecadora.
En nuestro país, debido a la reforma de Constitución, la iglesia católica local reforzó sus poderes fácticos en alianza con el pensamiento político más atrasado, incluyendo amenazas reforzadas con las críticas papales sobre la “corrupción administrativa” del gobierno de turno, en un hecho sin precedentes para una institución eclesial que no acostumbra a criticar ni a los más grandes predadores sociales, mientras estos cumplan con el sostenimiento económico de la lujosa jerarquía eclesial que sufrimos.
Sin embargo, pareciera que Dios (o la Diosa) no quiere que haya malas interpretaciones en contra de la mayoría de la feligresía católica y ha permitido que en la región del mundo en que vivimos, se ventilen los acontecimientos precisos que demuestran la doble moral que existe en el ejercicio sacerdotal de la jerarquía romana.
La referencia es a tres eventos que implican a obispos y sacerdotes latinoamericanos y que se refieren a los derechos sexuales y reproductivos. La primera, es la polémica excomunión ejecutada por el arzobispo de Recife, José Cardoso Sobrinho, contra el equipo médico y la madre de una niña de 9 años, violada y embarazada por un adulto, por realizarle un aborto. Un suceso criticado por el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el arzobispo Rino Fisichella, quien en un artículo de opinión, publicado en el diario Osservatore Romano, criticó la decisión argumentando que, "antes de pensar en una excomunión era necesario y urgente salvaguardar la vida inocente de la niña para llevarla a un nivel de humanidad del que los hombres de Iglesia deberían ser los expertos y los maestros". El segundo incidente, fue protagonizado por el actual presidente de Paraguay, Fernando Armindo Lugo Méndez, ex obispo, a quien se le reclama y reconoce la paternidad de tres hijos, egendrados en su tiempo de ejercicio sacerdotal como obispo. Y el tercero es la polémica desatada por la difusión de varias fotografías del sacerdote cubano puertorriqueño de los medios en Miami, con poca ropa y en posiciones amorosas con una mujer en la playa, cuya defensa ha sido decir que “no se arrepiente de amar” y que “debajo de esta sotana, hay un hombre”.
Todo esto se agrega a la revolución medio tapada pero pública, que existe en la iglesia católica mundial, en contra de la política de la doble moral que enfrenta a la jerarquía corrupta y enviciada, contra una feligresía de personas consagradas y laicas, más auténtica, decepcionada por tener que mantener en su creencia a mediadores corrompidos por el poder y la mentira. Una feligresía que en cantidad considerable se está alejando de la iglesia de Roma de manera formal y renunciando públicamente a su bautismo.
La penalización total que pide la jerarquía eclesial dominicana en alianza con la contumaz ultra derecha, es otra muestra del dicotómico ejercicio de “tapar el sol con un dedo”, mientras se manipula con discursos, se intercambian ofrendas de todo tipo y se arremete con amenazas no siempre espirituales, contra la solicitud de la despenalización parcial de aborto, como propuesta.
Lo mejor de todo, es que el pueblo dominicano a través de sus manifestaciones, está participando activamente contra esas manipulaciones y no somos sólo las mujeres las que defendemos nuestros propios derechos, es cada vez más numerosa la ciudadanía que reconoce el reduccionismo religioso que nos amenaza.
De Hombre a Hombre
Por: Haroldo Dilla Alfonso
28 de Octubre del 2007
De hombre a hombre
El asunto del derecho de las mujeres dominicanas al aborto en condiciones específicas ha conmovido a esta sociedad.
Se ha escuchado de todo, desde juicios sosegados y convincentes hasta alaridos histéricos en nombre de una fe definida por jerarquías que hace mucho tiempo dejaron de compartir con los pobres –hombres y mujeres- las rigurosidades de esa vida que Cristo quiso cambiar. Y lo que es aun más grave, de una supuesta fe que pretende imponerse como ideología totalitaria por encima de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
En lo personal soy absolutamente partidario del derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos y creo que es una lástima que la sociedad dominicana haya avanzado tan poco en ese tema. Sobre todo cuando a pesar de la fuerte campaña que se ha librado en contra del aborto, la mitad de la población parece estar interesada en que se consagre ese derecho para todas. Y digo todas, pues como es conocido en cualquier lugar en que el aborto esté prohibido, este ha seguido existiendo sea en clínicas sofisticadas –a donde concurren las chicas de clases medias y altas- o donde sea posible para las mujeres de clases populares, una parte significativa de las cuales muere en el intento.
No creo que esta hipocresía sea diferente en República Dominicana.
Pero no es sobre esto que quiero escribir, pues algunas personas lo han hecho con una maestría envidiable. Lo que quiero hacer es una apelación ética, para decirlo de manera diáfana, de hombre a hombre.
Hace unos días venía avanzando por la Lincoln hacia el sur, y en la esquina con la Bolívar encontré tres hombres apostados con sendas banderas negras. Inicialmente pensé que las banderas anunciaban algún insecticida, pero se trataba de un plantón masculino contra el aborto.
Eran dos jóvenes blanquitos, muy blanquitos, regordetes y un papá adusto que evidentemente capitaneaba a la militante célula familiar. Vestían bien –como para la ocasión- y se veían muy bien alimentados.
Como hombre sentí vergüenza de que algunos congéneres pudieran sentirse realizados exigiendo a las mujeres más renuncias a sus derechos básicos, más que los que el régimen patriarcal les ha impuesto por siglos.
Me parece vulgar, además, que lo hagan rubicundos miembros de la clase media, cuando las principales víctimas de sus peticiones serán las mujeres pobres.
Es terrible que todo esto sea capitaneado por instituciones que siguen reservando a las mujeres funciones de mucamas. Y que esto se haga, como me decía uno de los chicos rubicundos, por razones de fe.
Quisiera ser amigo de los chicos rubicundos y del papá adusto, y conversar con ellos sobre lo que significa nuestra especificidad de género, la masculinidad, y que morimos antes que las mujeres precisamente porque no hemos logrado superar nuestra caduca cosmovisión patriarcal.
Ser amigos de ellos y simplemente decirles que debemos apoyar el derecho de las mujeres para poder realizarnos nosotros mismos. Y si no somos capaces, si no estamos a la altura de esa decisión, al menos callarnos.
Solo eso, y recordarles que los asuntos de fe se dirimen como tales, en ámbitos privados, y no como expresiones de políticas y códigos penales.
De hombre a hombre.
Haroldo Dilla Alfonso
28 de Octubre del 2007
De hombre a hombre
El asunto del derecho de las mujeres dominicanas al aborto en condiciones específicas ha conmovido a esta sociedad.
Se ha escuchado de todo, desde juicios sosegados y convincentes hasta alaridos histéricos en nombre de una fe definida por jerarquías que hace mucho tiempo dejaron de compartir con los pobres –hombres y mujeres- las rigurosidades de esa vida que Cristo quiso cambiar. Y lo que es aun más grave, de una supuesta fe que pretende imponerse como ideología totalitaria por encima de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
En lo personal soy absolutamente partidario del derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos y creo que es una lástima que la sociedad dominicana haya avanzado tan poco en ese tema. Sobre todo cuando a pesar de la fuerte campaña que se ha librado en contra del aborto, la mitad de la población parece estar interesada en que se consagre ese derecho para todas. Y digo todas, pues como es conocido en cualquier lugar en que el aborto esté prohibido, este ha seguido existiendo sea en clínicas sofisticadas –a donde concurren las chicas de clases medias y altas- o donde sea posible para las mujeres de clases populares, una parte significativa de las cuales muere en el intento.
No creo que esta hipocresía sea diferente en República Dominicana.
Pero no es sobre esto que quiero escribir, pues algunas personas lo han hecho con una maestría envidiable. Lo que quiero hacer es una apelación ética, para decirlo de manera diáfana, de hombre a hombre.
Hace unos días venía avanzando por la Lincoln hacia el sur, y en la esquina con la Bolívar encontré tres hombres apostados con sendas banderas negras. Inicialmente pensé que las banderas anunciaban algún insecticida, pero se trataba de un plantón masculino contra el aborto.
Eran dos jóvenes blanquitos, muy blanquitos, regordetes y un papá adusto que evidentemente capitaneaba a la militante célula familiar. Vestían bien –como para la ocasión- y se veían muy bien alimentados.
Como hombre sentí vergüenza de que algunos congéneres pudieran sentirse realizados exigiendo a las mujeres más renuncias a sus derechos básicos, más que los que el régimen patriarcal les ha impuesto por siglos.
Me parece vulgar, además, que lo hagan rubicundos miembros de la clase media, cuando las principales víctimas de sus peticiones serán las mujeres pobres.
Es terrible que todo esto sea capitaneado por instituciones que siguen reservando a las mujeres funciones de mucamas. Y que esto se haga, como me decía uno de los chicos rubicundos, por razones de fe.
Quisiera ser amigo de los chicos rubicundos y del papá adusto, y conversar con ellos sobre lo que significa nuestra especificidad de género, la masculinidad, y que morimos antes que las mujeres precisamente porque no hemos logrado superar nuestra caduca cosmovisión patriarcal.
Ser amigos de ellos y simplemente decirles que debemos apoyar el derecho de las mujeres para poder realizarnos nosotros mismos. Y si no somos capaces, si no estamos a la altura de esa decisión, al menos callarnos.
Solo eso, y recordarles que los asuntos de fe se dirimen como tales, en ámbitos privados, y no como expresiones de políticas y códigos penales.
De hombre a hombre.
Haroldo Dilla Alfonso
viernes, 8 de mayo de 2009
Vice sugiere sacar de Carta tema aborto
7 Mayo 2009, 12:14 PM
Escrito por: LUIS GUZMAN
El Nacional
El vicepresidente, doctor Rafael Alburquerque sugirió esta mañana que el tema del aborto sea sacado de la Constitución y se deje en el Código Penal Dominicano como está establecido.
Alburquerque llamó, además, a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana a apoyar la posición de que la nacionalidad dominicana se adquiere a través de una propuesta ecléctica entre el Jus Sanguinis y el Jus Solis, estableciendo que no tendrían derechos por el Jus Solis los hijos de residentes ilegales, de diplomáticos y de tránsito.
En ese sentido dijo que lo más recomendable es que todo lo relativo al aborto se discuta en el Código Penal, para evitar que la discusión de la Reforma Constitucional se empantane.
Alburquerque admitió que entre los mismos legisladores del PLD no se ha podido unificar un criterio sobre el aborto y además la discusión sobre ese tema ha sido distorsionada.
“El tema del aborto debe ser un tema del Código Penal y reservarlo al Código Penal, establecer entonces en el Código Penal el asunto que plantean las demandas que estaban protestando ayer frente al Congreso Nacional”, expresó.
Al participar como invitado al programa Matinal 5 que conduce Danny Alcántara por el Canal 5, Telemicro, Alburquerque subrayó que con su posición no se solidariza con algún sector, sino que establece que ese no es un tema constitucional.
La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura el pasado 21 de abril el polémico el artículo 30 que establece que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".
Sobre la propuesta de la nacionalidad, dijo que en el bloque del PLD se ha discutido aquella que considera la adquisición de la dominicanidad a través del Jus Sanguinis y el Jus Solis, estableciendo que el Jus Solis solo no aplicaría para los residentes ilegales, los diplomáticos y los extranjeros en tránsito.
Manifestó que el PLD no puede nunca aprobar que la nacionalidad sea adquiera solo por el Jus Sanguinis, ya que el mentor y líder de esa organización, profesor Juan Bosch, fue incluso hijo de padres extranjeros y no habría podido ser Presidente si en la Constitución sólo estuviese consagrado el Jus Sanguinis.
El vicepresidente Alburquerque consideró que los trabajos de la Asamblea Revisora van lentos, aunque están bien.
miércoles, 6 de mayo de 2009
Más de dos mil personas marcharon en rechazo del artículo 30
Más de dos mil personas, entre ellas juristas, artistas, líderes políticos, feministas y de diversas organizaciones de la sociedad civil, se concentraron hoy frente al Congreso Nacional demandando la modificación del artículo 30, contenido en la propuesta de modificación a la Carta Magna, aprobado el pasado 21 de abril, por la Asamblea Revisora.
Las manifestantes, después de exponer sus demandas frente al Congreso, fueron recibidas por una comisión de legisladores, quienes se comprometieron a entregar el documento que contiene sus demandas al presidente de la Asamblea Revisora.
El grupo de manifestantes, que partió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y culminó frente al Congreso Nacional, advirtió a los asambleístas que la concentración representa el repudio de la mayoría de la población dominicana al artículo 30, porque vulnera los derechos de las mujeres y condena al país al atraso constitucional.
El mencionado artículo pretende proteger la vida del óvulo fecundado y darle la misma categoría que a una persona ya nacida. Con esta medida, cualquier interrupción del embarazo –así sea por razones de peligro de muerte de la mujer o por violación- sería considerado un delito. También sería delincuente la mujer que usara dispositivo intrauterino (DIU) o que recurriera a los tratamientos de fertilización asistida.
Sergia Galván, vocera de la convocante Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, destacó en su discurso que el artículo viola los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Belem Do Pará) y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
También criticó de manera enfática las posturas de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por ceder a la campaña de miedo y manipulación del fundamentalismo religioso y la derecha recalcitrante, ambas contrarias a los principios partidistas.
Resaltó, asimismo, los altos índices de mortalidad materna en el país (se mueren 159 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos), que sitúan a Dominicana en los primeros lugares en América Latina y el Caribe. Esta situación también fue advertida por la Academia de Ciencias del país y por la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia e ignorada por las bancadas de ambos partidos al votar por dicho artículo.
Galván resaltó que existe un consenso entre las organizaciones entorno a 6 puntos que deben ser incorporados en el Proyecto de Reforma Constitucional, como son: El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y que el Estado reconozca los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, propone: el reconocimiento de la laicidad del estado Dominicano, el de los Derechos Políticos más allá del sufragio; la integración de la revocatoria del mandato por corrupción; la garantía del fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes; y la descentralización del Estado.
Informó además, que en el transcurso del día diversas organizaciones de mujeres, feministas y personas identificadas con la causa, depositarán cartas en las embajadas dominicanas en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, solicitando que el artículo 30 sea vetado. Las cartas estarán dirigidas al presidente de la República, al Senado y a la Cámara Diputados.
Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional: Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana, Coalición ONG SIDA, Federación de Caficultores de la Región Sur (FEDECARES), Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA, Coalición de ONGs por un Código Penal Moderno y Consensuado, CNUS - Confederación Nacional de Unidad Sindical, Colectivo de Salud Popular (COSALUP, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Centro de Género de la UASD, Centro de Estudios Constitucionales de la UASD, Centro de Estudios de Género de INTEC (CEG), La Multitud, Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Coordinadora de Mujeres del CIBAO, PROFAMILIA, Asociación TÚ, MUJER, Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), Colectiva Mujer y Salud (CMS), Intermon Oxfam, Fundación Pro-Madre, Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Coordinadora de Animación Sociocultural (CASCO), REDSAN, PROGENERAS, Movimiento Patria para Todos, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), CNTD - Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Centro de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL), Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), Centro de Apoyo Aquelarre (CEAPA), Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Justicia Global, INDAJOVEN, TRNSA, ASA, REVASA, Promoción de la Mujer del Sur, Equipo de Mujeres Raíces, Colectivo Tres Gatas, Red Jacque Viau, Germinado Ideas, Red Nacional de Jóvenes, Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), Centro de Solidaridad Humana (CEPROSH), Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y el Grupo Clara, Centro de Educación para el Desarrollo Comunitario (CEPAC), Centro de Investigación y Apoyo Cultural Inc. (CIAC) y el Foro Social Alternativo.
Prensa: Para mayor información, comunicarse al
809-682-3128 / 809-715-7244
Milossis Liriano
Colectiva Mujer y Salud
martes, 5 de mayo de 2009
Por una Carta Magna que nos represente!
Por Susi Pola
5 de mayo, 2009
SANTIAGO.- Los hombres y mujeres que desde el Congreso Nacional, en Asamblea Revisora, desampararon a las dominicanas con la aprobación de una disposición clasista y excluyente como el artículo 30, siguen abogando por el atraso que propone la ultraderecha dominicana cuando discuten la propuesta del Poder Ejecutivo, artículo por artículo, una vergüenza ajena que tenemos que vivir en estos días en que, precisamente, coinciden con el recuerdo del centenario de Juan Bosch. (Qué traición!)
La discusión planteada por el artículo 52 fue otra muestra más del reduccionismo de esta manada de sinvergüenzas que defienden una educación privilegiada, sin contar que es un derecho fundamental de todas las personas, dondequiera que estén. Su majadería es tan obvia que debe ser un llamado a toda la ciudadanía para que, en las próximas elecciones congresionales y municipales, no se vuelvan a colar en el Congreso Nacional personajes del retroceso y la mentira.
Felizmente, es bastante cuesta arriba, comenzando este milenio, esforzarse por insertar el atraso del siglo pasado y, a pesar de que es cierto que la manipulación progresa, también caerá en un punto muerto con la posibilidad de los mecanismos democráticos que desnudan la realidad de la rapiña y el saqueo, no sólo material, a que someten con su politiqueria vernácula.
El discurrir del tiempo nos ha mostrado las debilidades institucionales más profundas y nos ha permitido preocuparnos a toda la ciudadanía, por un espacio del poder nacional anacrónico, poco preparado pero empachado de poder y permisivo con sus asambleistas que hoy, son cuervos para los ojos del pueblo.
Esas personas, que nunca en su vida rezaron un avemaría, ni han pisado la puerta de una iglesia fuera de los tedeums a los que asisten en certificación de las farsas nacionales y que mediaron en abortos ilegales, no engañaron a nadie cuando se presentaron ante la ciudadanía como defensores/as de la vida intrauterina.
Y tampoco cuando sueltan sus aspaventosos discursos de pacotilla frente al país. Por si no lo saben, se ha convertido en el hazmerreír de una ciudadanía incrédula por el espectáculo que representan.
Cuando al pueblo nos llamaron para validar los proyectos nacionales, asistimos y acompañamos procesos en los que dejamos opiniones y consensuamos propuestas, pero, aunque fuimos engañadas/os, actuamos en nombre de la democracia y la defendimos mejor que quienes dicen representarnos.
De manera democrática entonces, tenemos que decirle a los/as congresistas del atraso, que esta Constitución que están armando no interpreta nuestra realidad ni se ajusta a nuestros derechos fundamentales y lo podemos hacer este miércoles 6 de mayo cuando, a las 9:00 de la mañana, partiendo de la explanada frontal del Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en camino al Congreso Nacional, con un conjunto de organizaciones, entidades de la sociedad civil y personas progresistas y democráticas, que marcharán para mostrar su rechazo a las decisiones Asamblea Revisora del Proyecto de Constitución sometido por el Poder Ejecutivo, una oportunidad de oro para hacerle saber al Congreso que queremos una Constitución inclusiva y que nos represente.
Las dominicanas y los dominicanos tenemos que participar en la construcción de nuestro futuro ¡manifestándonos pacíficamente contra el atraso nacional!
5 de mayo, 2009
SANTIAGO.- Los hombres y mujeres que desde el Congreso Nacional, en Asamblea Revisora, desampararon a las dominicanas con la aprobación de una disposición clasista y excluyente como el artículo 30, siguen abogando por el atraso que propone la ultraderecha dominicana cuando discuten la propuesta del Poder Ejecutivo, artículo por artículo, una vergüenza ajena que tenemos que vivir en estos días en que, precisamente, coinciden con el recuerdo del centenario de Juan Bosch. (Qué traición!)
La discusión planteada por el artículo 52 fue otra muestra más del reduccionismo de esta manada de sinvergüenzas que defienden una educación privilegiada, sin contar que es un derecho fundamental de todas las personas, dondequiera que estén. Su majadería es tan obvia que debe ser un llamado a toda la ciudadanía para que, en las próximas elecciones congresionales y municipales, no se vuelvan a colar en el Congreso Nacional personajes del retroceso y la mentira.
Felizmente, es bastante cuesta arriba, comenzando este milenio, esforzarse por insertar el atraso del siglo pasado y, a pesar de que es cierto que la manipulación progresa, también caerá en un punto muerto con la posibilidad de los mecanismos democráticos que desnudan la realidad de la rapiña y el saqueo, no sólo material, a que someten con su politiqueria vernácula.
El discurrir del tiempo nos ha mostrado las debilidades institucionales más profundas y nos ha permitido preocuparnos a toda la ciudadanía, por un espacio del poder nacional anacrónico, poco preparado pero empachado de poder y permisivo con sus asambleistas que hoy, son cuervos para los ojos del pueblo.
Esas personas, que nunca en su vida rezaron un avemaría, ni han pisado la puerta de una iglesia fuera de los tedeums a los que asisten en certificación de las farsas nacionales y que mediaron en abortos ilegales, no engañaron a nadie cuando se presentaron ante la ciudadanía como defensores/as de la vida intrauterina.
Y tampoco cuando sueltan sus aspaventosos discursos de pacotilla frente al país. Por si no lo saben, se ha convertido en el hazmerreír de una ciudadanía incrédula por el espectáculo que representan.
Cuando al pueblo nos llamaron para validar los proyectos nacionales, asistimos y acompañamos procesos en los que dejamos opiniones y consensuamos propuestas, pero, aunque fuimos engañadas/os, actuamos en nombre de la democracia y la defendimos mejor que quienes dicen representarnos.
De manera democrática entonces, tenemos que decirle a los/as congresistas del atraso, que esta Constitución que están armando no interpreta nuestra realidad ni se ajusta a nuestros derechos fundamentales y lo podemos hacer este miércoles 6 de mayo cuando, a las 9:00 de la mañana, partiendo de la explanada frontal del Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en camino al Congreso Nacional, con un conjunto de organizaciones, entidades de la sociedad civil y personas progresistas y democráticas, que marcharán para mostrar su rechazo a las decisiones Asamblea Revisora del Proyecto de Constitución sometido por el Poder Ejecutivo, una oportunidad de oro para hacerle saber al Congreso que queremos una Constitución inclusiva y que nos represente.
Las dominicanas y los dominicanos tenemos que participar en la construcción de nuestro futuro ¡manifestándonos pacíficamente contra el atraso nacional!
Convocatoria a Marcha contra el art. 30 en 7dias.com.do
Mujeres marcharán el día 6 contra el Artículo 30
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, integrada por numerosas organizaciones de mujeres y sociales, celebrará este miércoles una marcha en demanda de eliminar durante la segunda lectura el artículo 30 del proyecto de reforma constitucional.
El polémico artículo, aprobado en primera lectura por 167 asambleístas y rechazado por 32, establece la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo que anula los derechos reproductivos de las mujeres.
La marcha de este miércoles partirá a las 10 de la mañana desde la explanada frontal del Alma Mater de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y llegará hasta el Congreso, donde se entregará un documento a los asambleístas para que reconsideren su voto.
Para las organizaciones organizadoras de la marcha, la aprobación definitiva del artículo 30 entraña implicaciones graves para la vida de las mujeres, ya que descarta toda modificación del Código Penal que despenalice el aborto terapéutico cuando represente riesgo para la vida de la mujer.
Advierten por último de que si el artículo 30 es aprobado definitivamente, recurrirán a los mecanismos internacionales de justicia para demandar el cumplimiento por el Estado dominicano de los convenios internacionales que buscan la eliminación de todo los tipos de violencia y discriminación contra las mujeres, como lo establece la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), del cual es signatario
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=50428
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, integrada por numerosas organizaciones de mujeres y sociales, celebrará este miércoles una marcha en demanda de eliminar durante la segunda lectura el artículo 30 del proyecto de reforma constitucional.
El polémico artículo, aprobado en primera lectura por 167 asambleístas y rechazado por 32, establece la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo que anula los derechos reproductivos de las mujeres.
La marcha de este miércoles partirá a las 10 de la mañana desde la explanada frontal del Alma Mater de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y llegará hasta el Congreso, donde se entregará un documento a los asambleístas para que reconsideren su voto.
Para las organizaciones organizadoras de la marcha, la aprobación definitiva del artículo 30 entraña implicaciones graves para la vida de las mujeres, ya que descarta toda modificación del Código Penal que despenalice el aborto terapéutico cuando represente riesgo para la vida de la mujer.
Advierten por último de que si el artículo 30 es aprobado definitivamente, recurrirán a los mecanismos internacionales de justicia para demandar el cumplimiento por el Estado dominicano de los convenios internacionales que buscan la eliminación de todo los tipos de violencia y discriminación contra las mujeres, como lo establece la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), del cual es signatario
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=50428
Preservar la vida
Por Ruth Herrera
1ero de mayo, 2009
Para algunos será cosa de verdaderos principios eso de rechazar el aborto, cualquier aborto.
Otros solo siguen la corriente de su propia sobrevivencia política o el temor a la Iglesia católica, o la de su franca indiferencia.
Ya quisiera para sí, por ejemplo, la causa de los niños de la calle, o la de las adolescentes embarazadas, el mismo ardor preventivo, la misma alarma, el vocerío oposicionista.
http://www.elcaribecdn.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=206758:preservar-la-vida&catid=263:en-la-manana&Itemid=310
1ero de mayo, 2009
Para algunos será cosa de verdaderos principios eso de rechazar el aborto, cualquier aborto.
Otros solo siguen la corriente de su propia sobrevivencia política o el temor a la Iglesia católica, o la de su franca indiferencia.
Ya quisiera para sí, por ejemplo, la causa de los niños de la calle, o la de las adolescentes embarazadas, el mismo ardor preventivo, la misma alarma, el vocerío oposicionista.
http://www.elcaribecdn.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=206758:preservar-la-vida&catid=263:en-la-manana&Itemid=310
Reforma de la Constitiución; Retroceso del artículo 30
Por: Eduardo J. Tejera
28 de abril de 2009
www.eduardotejera.com
En estos momentos se celebran las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República, en base a un anteproyecto auspiciado por el Presidente de la nación, Dr. Leonel Fernández. El borrador que se encuentra bajo estudio y aprobación artículo por artículo por la Asamblea, fue preparado por una Comisión de Juristas de diferentes partidos y especialistas independientes. No obstante, una vez sometido a debate en la Asamblea Revisora, se están realizando cambios inesperados y algunos conceptos y textos los han modificado, afectando la intención original. La sociedad civil, el ciudadano debe exigir más de los asambleístas e involucrarse en un proceso de revisión Constitucional que afectará nuestras vidas.
El país está, pues, ante una tarea muy importante, la de reformar la Constitución y actualizarla en varios aspectos políticos, institucionales, sociales y económicos, aunque en otras ideas básicas se está retrocediendo y parece un contrasentido. Sin embargo, los partidos políticos están dominando el proceso de revisión Constitucional de manera muy acelerada, sin contar con las opiniones de grupos y entidades independientes. La sociedad se siente atropellada con esta rapidez.
En un tema concreto, definido en el Art. 30, sobre el aborto y las condiciones especiales en que puede practicarse, se ha cometido un grave retroceso, que viola los derechos humanos de la mujer e introduce la versión limitada y fundamentalista Católica sobre la concepción de la vida, a la Carta Magna de una país democrático y pluralista, en donde se respeta el derecho a la libertad de pensar y escoger de cada ciudadano. En donde ningún sector o movimiento debe imponer su particular visión y dogma. Esto es muy negativo. Todos los partidos políticos han aprobado el texto del Art. 30, que prohíbe y convierte en crimen penal, el aborto por embarazo ectópico, el aborto terapéutico o de mujeres y niñas en situaciones extremas de violaciones y enfermedades terminales, aún cuando la vida de la madre esté en peligro. Esto es una barbaridad inhumana.
Hemos ido, pues, hacia atrás, llevado de la mano, de las ideas intransigentes de la Iglesia que ha forzado el texto del Art. 30 y de grupos politiqueros oportunistas, que con una agresiva campaña mediática, han roto y contravienen toda filosofía moderna abierta y libre, en la cual la mujer tiene el derecho inalienable a decidir su propio destino. El texto que existe en Constitución actual del 1966 y los cambios del 94, es más flexible y liberal, que la que en algunos temas se propone ahora, sin las concepciones apasionadas religiosas y conceptos unilaterales que ahora están imponiendo.
Para los verdaderos demócratas el Art. 30 sobre la práctica del aborto y su penalización a los médicos especialistas, en la nueva reforma Constitucional es un retroceso político y social en materia de derechos humanos fundamentales para la mujer y en otros temas sociales. Por eso me sumo al gran clamor de todos los liberales, grupos femeninos y de profesionales y movimientos Cristianos, contra el oportunismo de toda la clase política, la oficial el Partido de la Liberación Nacional (PLD) que rechazó de plano los ideales de su fundador Juan Bosch y de la desconcertante oposición política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista que aprobaron este nefasto Art. 30, en contra de sus presumidas ideas modernas y socialdemócratas y reformistas. Todos los asambleístas juntos, aliados en la contrarreforma y el oscurantismo, votaron a favor del Art. 30, que prohíbe todo tipo de aborto a la mujer, aún en caso de peligro de muerte, enfermedad grave y el aborto terapéutico. Esto es un abuso legal y filosófico.
Hemos vuelto a la caverna moral y religiosa. Son reminiscencias de la Inquisición y la estrechez mental, que tanto daño y atraso le ha causado al mundo hispano y Católico en general. Una República moderna, con pretendidos partidos progresistas en el Poder y con un partido mayoritario en la oposición supuestamente socialdemócrata y liberal, votaron contra las ideas más prevalecientes y aceptadas en todo el mundo moderno y en convenciones internacionales sobre la salud. Los partidos de origen liberal se han derechizados por traición y oportunismo. Se ha violado el derecho de la mujer y se ha instaurado la concepción del oscurantismo religioso y de algunos grupos, con su particular y desfasada visión de la vida, pero no el consenso de toda la sociedad.
La Asamblea Revisora en sesiones relámpagos y sin discusión seria, aprobó una artículo que penaliza a las mujeres y doctores que traten de salvar una vida. Se impuso la politiquería oportunista y se echó a un lado las opiniones sensatas de la Academia de Ciencias, la Asociación de Médicos, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras y muchos grupos más, hasta conservadores, pero realistas, con los pies en la tierra. La ciencia y la libertad de decidir de un paciente con su médico ha sido anulado, por un texto Constitucional retrógrado y antisocial. Es una especie de machismo jurídico y moral. La mujer no tiene nada que opinar ni decidir. Para eso están los curas y los políticos asambleístas y sus anticuadas concepciones de la vida y la libertad humana.
La Asamblea Revisora en su segunda lectura debe modificar este texto repudiado por la mayoría de la sociedad. Este es un país pobre y donde se comenten grandes abusos contra la mujer y niñas ultrajadas y nadie debe decidir por ellas, si puede o no puede tener un hijo, so peligro de su propia vida. Hay una idea de la concepción supuestamente divina, y no real y científica detrás de tanto fanatismo. Lo peor de colocar estas prohibiciones en la Carta Magna es que se convierte en un dogma inflexible, cuando estos temas deben pasar a leyes ordinarias, que evolucionen con los valores de la sociedad. Además, el Art. 30 afectará, como siempre, más a los pobres, a las mujeres y niñas marginadas, a las violadas, las embarazadas con enfermedades como el SIDA, o las que su vida clínicamente esté en peligro de muerte, que son las que no tienen recursos para viajar al exterior o buscar otras alternativas que con dinero se encuentran.
Son las madres y las niñas indefensas pobres las que sufrían con mayor rigor esta injusticia y falta de pragmatismo individual y colectivo. También los médicos estarían en un grave dilema y limitación a su profesión y juramento de salvar vidas; a quien salvan a una madre embarazada de manera forzosa y violenta, o con enfermedades terminales o al embrión sin una definición clara de la vida. Ese dilema es médico y científico y no debe ser examinado por concepción moral de un solo segmento de la sociedad. Somos modernos y plurales a las ideas o no? Los políticos oportunistas, agitados por la visión religiosa que realizó una campaña mediática nunca visto en el país, han olvidado que todos tenemos el derecho a la vida y a la libertad de pensar y escoger.
Esperemos que los asambleístas en la segunda lectura del anteproyecto de reforma Constitucional, vuelvan a la sensatez, la cordura y a mantener posiciones liberales pluralistas y democráticas. El derecho a la vida existe y es una doctrina con la que todos estamos de acuerdo. Ahora no hay acuerdo moral, religioso o científico, cuando exactamente comienza la vida entre todos los ciudadanos. Por eso debe mantenerse textos abiertos, neutrales y sin ningún postulado de un solo segmento religioso o moral de la sociedad, porque eso sería marginar al resto de las iglesias y del pueblo. Una grave discriminación. Somos una nación democrática y plural, en donde deben prevalecer las ideas modernas del derecho a escoger de la mujer y la libertad de conciencia.
28 de abril de 2009
www.eduardotejera.com
En estos momentos se celebran las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República, en base a un anteproyecto auspiciado por el Presidente de la nación, Dr. Leonel Fernández. El borrador que se encuentra bajo estudio y aprobación artículo por artículo por la Asamblea, fue preparado por una Comisión de Juristas de diferentes partidos y especialistas independientes. No obstante, una vez sometido a debate en la Asamblea Revisora, se están realizando cambios inesperados y algunos conceptos y textos los han modificado, afectando la intención original. La sociedad civil, el ciudadano debe exigir más de los asambleístas e involucrarse en un proceso de revisión Constitucional que afectará nuestras vidas.
El país está, pues, ante una tarea muy importante, la de reformar la Constitución y actualizarla en varios aspectos políticos, institucionales, sociales y económicos, aunque en otras ideas básicas se está retrocediendo y parece un contrasentido. Sin embargo, los partidos políticos están dominando el proceso de revisión Constitucional de manera muy acelerada, sin contar con las opiniones de grupos y entidades independientes. La sociedad se siente atropellada con esta rapidez.
En un tema concreto, definido en el Art. 30, sobre el aborto y las condiciones especiales en que puede practicarse, se ha cometido un grave retroceso, que viola los derechos humanos de la mujer e introduce la versión limitada y fundamentalista Católica sobre la concepción de la vida, a la Carta Magna de una país democrático y pluralista, en donde se respeta el derecho a la libertad de pensar y escoger de cada ciudadano. En donde ningún sector o movimiento debe imponer su particular visión y dogma. Esto es muy negativo. Todos los partidos políticos han aprobado el texto del Art. 30, que prohíbe y convierte en crimen penal, el aborto por embarazo ectópico, el aborto terapéutico o de mujeres y niñas en situaciones extremas de violaciones y enfermedades terminales, aún cuando la vida de la madre esté en peligro. Esto es una barbaridad inhumana.
Hemos ido, pues, hacia atrás, llevado de la mano, de las ideas intransigentes de la Iglesia que ha forzado el texto del Art. 30 y de grupos politiqueros oportunistas, que con una agresiva campaña mediática, han roto y contravienen toda filosofía moderna abierta y libre, en la cual la mujer tiene el derecho inalienable a decidir su propio destino. El texto que existe en Constitución actual del 1966 y los cambios del 94, es más flexible y liberal, que la que en algunos temas se propone ahora, sin las concepciones apasionadas religiosas y conceptos unilaterales que ahora están imponiendo.
Para los verdaderos demócratas el Art. 30 sobre la práctica del aborto y su penalización a los médicos especialistas, en la nueva reforma Constitucional es un retroceso político y social en materia de derechos humanos fundamentales para la mujer y en otros temas sociales. Por eso me sumo al gran clamor de todos los liberales, grupos femeninos y de profesionales y movimientos Cristianos, contra el oportunismo de toda la clase política, la oficial el Partido de la Liberación Nacional (PLD) que rechazó de plano los ideales de su fundador Juan Bosch y de la desconcertante oposición política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista que aprobaron este nefasto Art. 30, en contra de sus presumidas ideas modernas y socialdemócratas y reformistas. Todos los asambleístas juntos, aliados en la contrarreforma y el oscurantismo, votaron a favor del Art. 30, que prohíbe todo tipo de aborto a la mujer, aún en caso de peligro de muerte, enfermedad grave y el aborto terapéutico. Esto es un abuso legal y filosófico.
Hemos vuelto a la caverna moral y religiosa. Son reminiscencias de la Inquisición y la estrechez mental, que tanto daño y atraso le ha causado al mundo hispano y Católico en general. Una República moderna, con pretendidos partidos progresistas en el Poder y con un partido mayoritario en la oposición supuestamente socialdemócrata y liberal, votaron contra las ideas más prevalecientes y aceptadas en todo el mundo moderno y en convenciones internacionales sobre la salud. Los partidos de origen liberal se han derechizados por traición y oportunismo. Se ha violado el derecho de la mujer y se ha instaurado la concepción del oscurantismo religioso y de algunos grupos, con su particular y desfasada visión de la vida, pero no el consenso de toda la sociedad.
La Asamblea Revisora en sesiones relámpagos y sin discusión seria, aprobó una artículo que penaliza a las mujeres y doctores que traten de salvar una vida. Se impuso la politiquería oportunista y se echó a un lado las opiniones sensatas de la Academia de Ciencias, la Asociación de Médicos, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras y muchos grupos más, hasta conservadores, pero realistas, con los pies en la tierra. La ciencia y la libertad de decidir de un paciente con su médico ha sido anulado, por un texto Constitucional retrógrado y antisocial. Es una especie de machismo jurídico y moral. La mujer no tiene nada que opinar ni decidir. Para eso están los curas y los políticos asambleístas y sus anticuadas concepciones de la vida y la libertad humana.
La Asamblea Revisora en su segunda lectura debe modificar este texto repudiado por la mayoría de la sociedad. Este es un país pobre y donde se comenten grandes abusos contra la mujer y niñas ultrajadas y nadie debe decidir por ellas, si puede o no puede tener un hijo, so peligro de su propia vida. Hay una idea de la concepción supuestamente divina, y no real y científica detrás de tanto fanatismo. Lo peor de colocar estas prohibiciones en la Carta Magna es que se convierte en un dogma inflexible, cuando estos temas deben pasar a leyes ordinarias, que evolucionen con los valores de la sociedad. Además, el Art. 30 afectará, como siempre, más a los pobres, a las mujeres y niñas marginadas, a las violadas, las embarazadas con enfermedades como el SIDA, o las que su vida clínicamente esté en peligro de muerte, que son las que no tienen recursos para viajar al exterior o buscar otras alternativas que con dinero se encuentran.
Son las madres y las niñas indefensas pobres las que sufrían con mayor rigor esta injusticia y falta de pragmatismo individual y colectivo. También los médicos estarían en un grave dilema y limitación a su profesión y juramento de salvar vidas; a quien salvan a una madre embarazada de manera forzosa y violenta, o con enfermedades terminales o al embrión sin una definición clara de la vida. Ese dilema es médico y científico y no debe ser examinado por concepción moral de un solo segmento de la sociedad. Somos modernos y plurales a las ideas o no? Los políticos oportunistas, agitados por la visión religiosa que realizó una campaña mediática nunca visto en el país, han olvidado que todos tenemos el derecho a la vida y a la libertad de pensar y escoger.
Esperemos que los asambleístas en la segunda lectura del anteproyecto de reforma Constitucional, vuelvan a la sensatez, la cordura y a mantener posiciones liberales pluralistas y democráticas. El derecho a la vida existe y es una doctrina con la que todos estamos de acuerdo. Ahora no hay acuerdo moral, religioso o científico, cuando exactamente comienza la vida entre todos los ciudadanos. Por eso debe mantenerse textos abiertos, neutrales y sin ningún postulado de un solo segmento religioso o moral de la sociedad, porque eso sería marginar al resto de las iglesias y del pueblo. Una grave discriminación. Somos una nación democrática y plural, en donde deben prevalecer las ideas modernas del derecho a escoger de la mujer y la libertad de conciencia.
CLADEM rechaza el art. 30
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM - ha rechazado el artículo 30 del proyecto de Reforma Constitucional.
Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana
Dr. Leonel Fernández Reyna,
rociocarrasco@presidencia.gob.do
Excelentísimo Señor Presidente de la Asamblea Revisora,
Senador Reynaldo Pared Pérez
r.pared@senado.gov.do
Excelentísimo Señor Vice-Presidente de la Asamblea Revisora,
Diputado Julio César Valentín.
j.valentin@camaradediputados.gov.do
De nuestra mayor consideración:
Reciban los saludos cordiales del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM, articulación dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, que agrupa a organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región.
Hemos tomado conocimiento que el pasado martes 21 de abril, bajo presiones y amenazas de la jerarquía católica y de la derecha fue aprobado en su país el artículo 30, el cual modifica la Constitución actual de la República Dominicana al instituir el derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
Un artículo que tendrá consecuencias altamente negativas para las políticas públicas , la práctica de la medicina, el desarrollo científico y la vida de las mujeres, en especial las mujeres pobres de su país y que a la vez viola convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Dominicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Nos unimos a la voces de hombres y mujeres que en la República Dominicana expresan su rechazo al artículo 30 hacemos nuestras sus preocupaciones por el sesgo conservador y la derechización del debate del proyecto de Carta Magna y junto a ellas/os, les solicitamos que en la segunda lectura, cuando el articulo 30 debe ser discutido y sometido de nuevo a aprobación, se rechace la redacción propuesta y que, tal y como demanda la sociedad dominicana, se mantenga la redacción de la actual Constitución.
El artículo 30 limita la ciudadanía de las mujeres, desapropiándolas de su autonomía y negándoles el derecho a la salud y a la vida y es por ello que les reiteramos el carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que por lo tanto, no se pueden establecer limitaciones discriminatorias, que de alguna manera signifiquen el menoscabo de su goce y ejercicio.
Atentamente,
Norma Enríquez
CLADEM - Coordinación Regional
Mónica De las Casas
CLADEM - Oficina Regional
CLADEM Argentina
CLADEM Bolivia
CLADEM Brasil
CLADEM Chile
CLADEM Colombia
CLADEM Ecuador
CLADEM El Salvador
Instituto de Estudios de la Mujer " Norma Virginia Guirola de Herrera", CEMUJER de El Salvador
CLADEM Honduras
Centro de Derechos de Mujeres – Tegucigalpa, Honduras
CLADEM México
CLADEM Panamá
CLADEM Paraguay
CLADEM Perú
Asociación Humanidad Libre – Arequipa, Perú
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS, Perú
CLADEM Puerto Rico
CLADEM Rep. Dominicana
CLADEM Uruguay
Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana
Dr. Leonel Fernández Reyna,
rociocarrasco@presidencia.gob.do
Excelentísimo Señor Presidente de la Asamblea Revisora,
Senador Reynaldo Pared Pérez
r.pared@senado.gov.do
Excelentísimo Señor Vice-Presidente de la Asamblea Revisora,
Diputado Julio César Valentín.
j.valentin@camaradediputados.gov.do
De nuestra mayor consideración:
Reciban los saludos cordiales del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM, articulación dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, que agrupa a organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región.
Hemos tomado conocimiento que el pasado martes 21 de abril, bajo presiones y amenazas de la jerarquía católica y de la derecha fue aprobado en su país el artículo 30, el cual modifica la Constitución actual de la República Dominicana al instituir el derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
Un artículo que tendrá consecuencias altamente negativas para las políticas públicas , la práctica de la medicina, el desarrollo científico y la vida de las mujeres, en especial las mujeres pobres de su país y que a la vez viola convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Dominicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Nos unimos a la voces de hombres y mujeres que en la República Dominicana expresan su rechazo al artículo 30 hacemos nuestras sus preocupaciones por el sesgo conservador y la derechización del debate del proyecto de Carta Magna y junto a ellas/os, les solicitamos que en la segunda lectura, cuando el articulo 30 debe ser discutido y sometido de nuevo a aprobación, se rechace la redacción propuesta y que, tal y como demanda la sociedad dominicana, se mantenga la redacción de la actual Constitución.
El artículo 30 limita la ciudadanía de las mujeres, desapropiándolas de su autonomía y negándoles el derecho a la salud y a la vida y es por ello que les reiteramos el carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que por lo tanto, no se pueden establecer limitaciones discriminatorias, que de alguna manera signifiquen el menoscabo de su goce y ejercicio.
Atentamente,
Norma Enríquez
CLADEM - Coordinación Regional
Mónica De las Casas
CLADEM - Oficina Regional
CLADEM Argentina
CLADEM Bolivia
CLADEM Brasil
CLADEM Chile
CLADEM Colombia
CLADEM Ecuador
CLADEM El Salvador
Instituto de Estudios de la Mujer " Norma Virginia Guirola de Herrera", CEMUJER de El Salvador
CLADEM Honduras
Centro de Derechos de Mujeres – Tegucigalpa, Honduras
CLADEM México
CLADEM Panamá
CLADEM Paraguay
CLADEM Perú
Asociación Humanidad Libre – Arequipa, Perú
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS, Perú
CLADEM Puerto Rico
CLADEM Rep. Dominicana
CLADEM Uruguay
miércoles, 29 de abril de 2009
El giro ultraconservador
Por Cristóbal Rodríguez
28 de abril 2009
La prolija relación de derechos y garantías fundamentales que hacen parte de su contenido, se convirtió en el buque insignia de la propuesta de Reforma Constitucional. Pormenorizado detalle normativo de la noción de progreso sobre la que se ha anclado el discurso del Presidente Fernández, el extenso catálogo de derechos se presentaba como el signo más evidente de la “revolución democrática” que animó en su origen la iniciativa de Reforma. Efectivamente, un Título casi completo de la propuesta (el II) que en lo relativo a los derechos está estructurado, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en 34 artículos, 103 extensos numerales y 3 literales cada uno de los cuales podría ser considerado como un artículo en sí mismo, contribuyeron a crear tal espejismo.
Estudiado en su contenido y alcance el Título de marras, dos reparos de relevancia normativa y política cabe formular. El primero es el siguiente: ¿Por qué el país debe considerar como signo de una “revolución democrática” la consagración normativa de un conjunto de derechos cuando el liderazgo político que impulsa su “constitucionalización” no ha sido capaz, en casi una década de gobierno, de traducir su contenido normativo en políticas públicas efectivas, pese a que esos derechos hace décadas que forman parte del sistema constitucional dominicano por vía de los pactos internacionales de derechos de los como país somos signatario? ¿Qué ha impedido que derechos sociales fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, hagan parte prioritaria de la agenda gubernamental, dotando así de vigencia efectiva a las normas constitucionales y convencionales que los consagran? ¿Qué hacemos con una ley general de educación sin una política nacional que nos saque de una vez por todas del último lugar en el que regularmente nos ubican los estudios comparados de prestigiosos organismos internacionales en casi todos los renglones relevantes sobre la materia?
Una “revolución democrática” no sucede en el frío ámbito de las disposiciones normativas, sino en el de los compromisos políticos efectivos por una agenda nacional de desarrollo en cuyo centro se encuentre la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías.
La proliferación de normas jurídicas ineficaces contribuye a socavar peligrosamente el sistema de derecho en su conjunto, pues la sociedad tiende a perder la confianza, el respeto y la fe en un liderazgo político que propicia la existencia de un orden normativo compuesto de disposiciones jurídicas vacías de todo contenido material y real. Debemos evitar caer en la tentación del “populismo constitucional”, esa peligrosa tendencia que se mueve entre la irresponsabilidad y la demagogia, y que consiste en crear la ilusión de que cambiando la Constitución en su letra se transforma la realidad en sus complejas formas de expresión.
El segundo reparo se podría expresar del modo siguiente: incluso en el Título relativo a los derechos y garantías fundamentales, la propuesta de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo pone en evidencia un giro ultraconservador por medio del cual se pretende dotar de categoría constitucional a una parte importante las concepciones y prácticas más autoritarias de nuestra cultura política. Basten unos cuantos ejemplos.
Según el artículo 39 del Proyecto, las reuniones en los lugares públicos estarán regidas por la ley. Es difícil entender, fuera de los límites de un Estado totalitario, una disposición constitucional de esta naturaleza. Como he expresado de manera enfática en otras ocasiones, soy un firme defensor de la tesis de que el legislador está facultado para limitar y regular el ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados. En tal sentido, le corresponde delimitar el contenido y alcance del derecho a la libertad de reunión. Lo que no es entendible es que se pretenda que las “reuniones públicas” estén regidas por Ley.
No es ocioso preguntarse ¿a qué tipo de reuniones se quiere hacer referencia? ¿A la reunión familiar de una mañana de domingo en un parque público? ¿Cómo controlar, por ejemplo, al Secretario de Interior y Policía, una vez dispuesto a exigir el respaldo legislativo de cualquier “reunión pública”? El principio general de libertad, que en toda la tradición jurídica occidental opera desde una lógica exactamente inversa (todo lo que la ley no prohíbe expresamente, lo permite) es aquí desnaturalizado y, en materia de derecho de reunión, sólo lo que la ley autoriza estaría permitido. Es tan vaga e imprecisa esta cuestión, y conllevaría un nivel tan desmesurado de intensidad en la potestad de limitación de este derecho por parte de la autoridad, que nos limitaremos a sugerir que la misma sea sencillamente derogada del Proyecto en razón de que su consagración constitucional implicaría un nivel de intensidad en el control y las limitaciones del derecho de reunión que podría amenazar la efectividad de su ejercicio.
Otro ejemplo. En el artículo 50 se reconoce el derecho a la salud de todas las personas como parte del derecho a la vida. Si bien hay escenarios en los que existe una relación estrecha entre derecho a la salud y derecho la vida, no menos cierto es que el primero es un derecho de configuración autónoma cuyo reconocimiento constitucional no debe estar supeditado a su vínculo con el segundo. Tal y como está planteado el tema en el texto, podría suponerse que cuando la vida no esté en riesgo, merma la fuerza normativa y la exigibilidad del derecho a la salud. ¿O es que acaso este texto es complementario del artículo 30, de manera tal que, entre los riesgos de salud de la madre y la preservación vida del fecho no quede duda de la opción a seguir?
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en un 70% es relativa a la tutela de los derechos sociales fundamentales, ha sido categórica en considerar que: “…puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud, definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, con respecto de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación General No 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. De conformidad con el cual el derecho a la salud se estima fundamental, comprende el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente y la efectividad del derecho se sujeta a la realización de procedimientos.”
Consideramos que la expresión “como parte del derecho a la vida” debe ser eliminada del Proyecto del artículo 50. De esta manera se reconocería el carácter independiente y autónomo del derecho a la salud, y se evitarían confusiones innecesarias como la apuntada en el párrafo anterior a la cita.
El giro ultraconservador da un paso más en materia de derecho a la educación. La parte capital del artículo 52 del proyecto dispone que “Los dominicanos y los extranjeros residentes legales en el país tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (énfasis crg).
Una de las características de los derechos fundamentales es su universalidad. En consonancia con ello, la parte capital del artículo 8 de la Constitución vigente en nuestro país dispone que la finalidad principal del Estado es garantizar los derechos de “la persona humana”. Salvo el ejercicio de ciertos derechos políticos, que requieren el estatus de ciudadano o el de nacional dominicano (derecho a elegir y a ser elegido), el catálogo de derechos se concibe en reconocimiento del sustrato de dignidad propio de toda persona por el sólo hecho de serlo, con independencia de sus procedencia, condición social, credo religioso, etc.
Pretender que el derecho a la educación es un derecho exclusivo de los dominicanos y de los extranjeros que residan legalmente en el país equivale a establecer un supuesto de discriminación en contra de aquellos que no son residentes legales que entra en contradicción con la expresa prohibición de todo trato discriminatorio que la misma propuesta establece en otra parte de su articulado. Es colocar el trámite administrativo de la residencia legal como condición para el disfrute de un derecho sustantivo al que toda persona debe tener acceso. Se asemeja a la práctica inaceptable que por mucho tiempo se ha llevado a cabo en el país de impedir el acceso a la escuela si no se tiene acta de nacimiento.
Por su parte el numeral 2 del artículo 44 de la propuesta dispone que: “La unión estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y una comunidad de bienes, de conformidad con la ley. Nótese que no he querido referirme a la definición del matrimonio, contenido en el numeral 1 del mismo artículo, sino al escándalo que supone que incluso las uniones de hecho, para generar derechos tienen que ser estables y entre un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los conceptos de igualdad, de dignidad y libertad con que opera una propuesta de esta naturaleza? A esto hay que sumar el texto del artículo 30, a cuyo carácter vertiginosamente conservador ya me he referido en las dos últimas entregas de Patriotismo Constitucional.
Cuando a estas propuestas, contenidas justo en el título de los derechos fundamentales, y tan contradictorias con la idea misma de Estado democrático de derecho, se le suman el concepto constitucional de Presidente de la República con que opera el Proyecto de Reforma (artículo 102), el criterio adoptado en materia de reelección presidencial (artículo 104), la considerable disminución de las facultades de control político del Congreso Nacional y la consiguiente preponderancia del Ejecutivo, el predominio casi absoluto del Ejecutivo en la confección y ejecución del Presupuesto General de la Nación (artículos 215 al 223), los conceptos decimonónicos de nación y nacionalidad contenidos en la propuesta, y paro de contar, es necesario concluir que estamos siendo testigos un giro ultraconservador cuyos fundamentos constitucionales, de ser aprobados, tendrán repercusiones de largo plazo en el debate político nacional.
¿Se colocarán nuestros asambleístas a la altura de evitar este giro ultraconservador? La advertencia está hecha. Esperemos, pacientes, los resultados.
28 de abril 2009
La prolija relación de derechos y garantías fundamentales que hacen parte de su contenido, se convirtió en el buque insignia de la propuesta de Reforma Constitucional. Pormenorizado detalle normativo de la noción de progreso sobre la que se ha anclado el discurso del Presidente Fernández, el extenso catálogo de derechos se presentaba como el signo más evidente de la “revolución democrática” que animó en su origen la iniciativa de Reforma. Efectivamente, un Título casi completo de la propuesta (el II) que en lo relativo a los derechos está estructurado, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en 34 artículos, 103 extensos numerales y 3 literales cada uno de los cuales podría ser considerado como un artículo en sí mismo, contribuyeron a crear tal espejismo.
Estudiado en su contenido y alcance el Título de marras, dos reparos de relevancia normativa y política cabe formular. El primero es el siguiente: ¿Por qué el país debe considerar como signo de una “revolución democrática” la consagración normativa de un conjunto de derechos cuando el liderazgo político que impulsa su “constitucionalización” no ha sido capaz, en casi una década de gobierno, de traducir su contenido normativo en políticas públicas efectivas, pese a que esos derechos hace décadas que forman parte del sistema constitucional dominicano por vía de los pactos internacionales de derechos de los como país somos signatario? ¿Qué ha impedido que derechos sociales fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, hagan parte prioritaria de la agenda gubernamental, dotando así de vigencia efectiva a las normas constitucionales y convencionales que los consagran? ¿Qué hacemos con una ley general de educación sin una política nacional que nos saque de una vez por todas del último lugar en el que regularmente nos ubican los estudios comparados de prestigiosos organismos internacionales en casi todos los renglones relevantes sobre la materia?
Una “revolución democrática” no sucede en el frío ámbito de las disposiciones normativas, sino en el de los compromisos políticos efectivos por una agenda nacional de desarrollo en cuyo centro se encuentre la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías.
La proliferación de normas jurídicas ineficaces contribuye a socavar peligrosamente el sistema de derecho en su conjunto, pues la sociedad tiende a perder la confianza, el respeto y la fe en un liderazgo político que propicia la existencia de un orden normativo compuesto de disposiciones jurídicas vacías de todo contenido material y real. Debemos evitar caer en la tentación del “populismo constitucional”, esa peligrosa tendencia que se mueve entre la irresponsabilidad y la demagogia, y que consiste en crear la ilusión de que cambiando la Constitución en su letra se transforma la realidad en sus complejas formas de expresión.
El segundo reparo se podría expresar del modo siguiente: incluso en el Título relativo a los derechos y garantías fundamentales, la propuesta de Reforma Constitucional del Poder Ejecutivo pone en evidencia un giro ultraconservador por medio del cual se pretende dotar de categoría constitucional a una parte importante las concepciones y prácticas más autoritarias de nuestra cultura política. Basten unos cuantos ejemplos.
Según el artículo 39 del Proyecto, las reuniones en los lugares públicos estarán regidas por la ley. Es difícil entender, fuera de los límites de un Estado totalitario, una disposición constitucional de esta naturaleza. Como he expresado de manera enfática en otras ocasiones, soy un firme defensor de la tesis de que el legislador está facultado para limitar y regular el ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados. En tal sentido, le corresponde delimitar el contenido y alcance del derecho a la libertad de reunión. Lo que no es entendible es que se pretenda que las “reuniones públicas” estén regidas por Ley.
No es ocioso preguntarse ¿a qué tipo de reuniones se quiere hacer referencia? ¿A la reunión familiar de una mañana de domingo en un parque público? ¿Cómo controlar, por ejemplo, al Secretario de Interior y Policía, una vez dispuesto a exigir el respaldo legislativo de cualquier “reunión pública”? El principio general de libertad, que en toda la tradición jurídica occidental opera desde una lógica exactamente inversa (todo lo que la ley no prohíbe expresamente, lo permite) es aquí desnaturalizado y, en materia de derecho de reunión, sólo lo que la ley autoriza estaría permitido. Es tan vaga e imprecisa esta cuestión, y conllevaría un nivel tan desmesurado de intensidad en la potestad de limitación de este derecho por parte de la autoridad, que nos limitaremos a sugerir que la misma sea sencillamente derogada del Proyecto en razón de que su consagración constitucional implicaría un nivel de intensidad en el control y las limitaciones del derecho de reunión que podría amenazar la efectividad de su ejercicio.
Otro ejemplo. En el artículo 50 se reconoce el derecho a la salud de todas las personas como parte del derecho a la vida. Si bien hay escenarios en los que existe una relación estrecha entre derecho a la salud y derecho la vida, no menos cierto es que el primero es un derecho de configuración autónoma cuyo reconocimiento constitucional no debe estar supeditado a su vínculo con el segundo. Tal y como está planteado el tema en el texto, podría suponerse que cuando la vida no esté en riesgo, merma la fuerza normativa y la exigibilidad del derecho a la salud. ¿O es que acaso este texto es complementario del artículo 30, de manera tal que, entre los riesgos de salud de la madre y la preservación vida del fecho no quede duda de la opción a seguir?
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en un 70% es relativa a la tutela de los derechos sociales fundamentales, ha sido categórica en considerar que: “…puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud, definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, con respecto de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación General No 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. De conformidad con el cual el derecho a la salud se estima fundamental, comprende el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente y la efectividad del derecho se sujeta a la realización de procedimientos.”
Consideramos que la expresión “como parte del derecho a la vida” debe ser eliminada del Proyecto del artículo 50. De esta manera se reconocería el carácter independiente y autónomo del derecho a la salud, y se evitarían confusiones innecesarias como la apuntada en el párrafo anterior a la cita.
El giro ultraconservador da un paso más en materia de derecho a la educación. La parte capital del artículo 52 del proyecto dispone que “Los dominicanos y los extranjeros residentes legales en el país tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (énfasis crg).
Una de las características de los derechos fundamentales es su universalidad. En consonancia con ello, la parte capital del artículo 8 de la Constitución vigente en nuestro país dispone que la finalidad principal del Estado es garantizar los derechos de “la persona humana”. Salvo el ejercicio de ciertos derechos políticos, que requieren el estatus de ciudadano o el de nacional dominicano (derecho a elegir y a ser elegido), el catálogo de derechos se concibe en reconocimiento del sustrato de dignidad propio de toda persona por el sólo hecho de serlo, con independencia de sus procedencia, condición social, credo religioso, etc.
Pretender que el derecho a la educación es un derecho exclusivo de los dominicanos y de los extranjeros que residan legalmente en el país equivale a establecer un supuesto de discriminación en contra de aquellos que no son residentes legales que entra en contradicción con la expresa prohibición de todo trato discriminatorio que la misma propuesta establece en otra parte de su articulado. Es colocar el trámite administrativo de la residencia legal como condición para el disfrute de un derecho sustantivo al que toda persona debe tener acceso. Se asemeja a la práctica inaceptable que por mucho tiempo se ha llevado a cabo en el país de impedir el acceso a la escuela si no se tiene acta de nacimiento.
Por su parte el numeral 2 del artículo 44 de la propuesta dispone que: “La unión estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y una comunidad de bienes, de conformidad con la ley. Nótese que no he querido referirme a la definición del matrimonio, contenido en el numeral 1 del mismo artículo, sino al escándalo que supone que incluso las uniones de hecho, para generar derechos tienen que ser estables y entre un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los conceptos de igualdad, de dignidad y libertad con que opera una propuesta de esta naturaleza? A esto hay que sumar el texto del artículo 30, a cuyo carácter vertiginosamente conservador ya me he referido en las dos últimas entregas de Patriotismo Constitucional.
Cuando a estas propuestas, contenidas justo en el título de los derechos fundamentales, y tan contradictorias con la idea misma de Estado democrático de derecho, se le suman el concepto constitucional de Presidente de la República con que opera el Proyecto de Reforma (artículo 102), el criterio adoptado en materia de reelección presidencial (artículo 104), la considerable disminución de las facultades de control político del Congreso Nacional y la consiguiente preponderancia del Ejecutivo, el predominio casi absoluto del Ejecutivo en la confección y ejecución del Presupuesto General de la Nación (artículos 215 al 223), los conceptos decimonónicos de nación y nacionalidad contenidos en la propuesta, y paro de contar, es necesario concluir que estamos siendo testigos un giro ultraconservador cuyos fundamentos constitucionales, de ser aprobados, tendrán repercusiones de largo plazo en el debate político nacional.
¿Se colocarán nuestros asambleístas a la altura de evitar este giro ultraconservador? La advertencia está hecha. Esperemos, pacientes, los resultados.
Martirio sexual para las mujeres
Por: Rosario Espinal
23 de abril 2009
Mientras el mundo avanza hacia la expansión de derechos ciudadanos, en algunos países, como en Afganistán y República Dominicana se hacen intentos por detener el proceso de ampliación de los derechos de las mujeres.El objetivo principal es mantener las mujeres en un estado de subordinación con respecto a la sexualidad masculina. Además, se hace evidente que las motivaciones que llevan a retrocesos en las legislaciones se fundamentan en cálculos pragmáticos de los políticos.
En Afganistán, el parlamento aprobó una Ley de Familia, firmada por el presidente Hamid Karzai, que establece, entre otras cosas, que toda mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido, y se otorga a los clérigos musulmanes autoridad para regular las relaciones íntimas de parejas.
Con esta ley, el gobierno busca congraciarse con la minoría chií afgana, pues Karzai se presenta a elecciones el próximo año. Las disposiciones han generado protestas de algunas mujeres afganas, quienes, bajo terror, se han lanzado a las calles en demanda de uncambio en la ley.
En sus manifestaciones han sido abusadas e insultadas, e incluso muchos hombres las han tildado de prostitutas. El gobierno de Karzai enfrenta ahora una disyuntiva. Por congraciarse con los fundamentalistas islámicos ha entrado en conflicto con sus principales socios occidentales que demandan la protección de derechos de libertad para las mujeres.
Con el argumento de que la ley aún no ha sido promulgada, el gobierno de Karzai ha anunciado que la revisará. Queda ahora por ver si se impondrá el interés de los políticos afganos de ganarse el voto de chiítas fundamentalistas bajo la influencia de los clérigos (cerca del 15% de la población), o si prevalecerá la defensa de los derechos democráticos de las mujeres afganas en general.
En República Dominicana, el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso una reforma constitucional que contiene un artículo que busca imposibilitar constitucionalmente que en el país se pueda permitir, legalmente, cualquier tipo de aborto.Según el Artículo 30, “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.
Por lo tanto, después que una mujer concibe no podría interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia, aún si la concepción ha sido provocada por violación sexual, o podría provocar la muerte de la madre.
La Iglesia Católica ha hecho de este artículo su bandera principal en la reforma constitucional y mantiene a la clase política dominicana entre la espada y la pared: aprueban el Artículo 30 o pagan las consecuencias políticas.
Como ningún partido o candidato quiere tener conflictos con la Iglesia, casi todos los legisladores expresaron su apoyo al Artículo 30, a pesar de ser altamente punitivo para las mujeres.
El PRSC y el PRD decidieron sacar ventaja política de la controversia y declararon apoyo unánime e irrestricto al referido artículo, con el objetivo de congraciarse con la jerarquía católica, y además, intentar quebrar el fuerte apoyo que el Cardenal le ha brindado al gobierno de Leonel Fernández desde 2004 hasta la fecha.
El debate público de la Asamblea Revisora en los últimos días demostró claramente la insensibilidad de un amplio sector de la clase política dominicana hacia las mujeres.
Por obtener ganancias electorales con un sector religioso, muchos legisladores se han declarado devotos de embriones y fetos, y han apoyado una disposición constitucional que producirá un martirio sexual para las mujeres, porque las hará constitucionalmente esclavas de todos los embarazos, incluyendo aquellos producto de la violenciasexual masculina.
23 de abril 2009
Mientras el mundo avanza hacia la expansión de derechos ciudadanos, en algunos países, como en Afganistán y República Dominicana se hacen intentos por detener el proceso de ampliación de los derechos de las mujeres.El objetivo principal es mantener las mujeres en un estado de subordinación con respecto a la sexualidad masculina. Además, se hace evidente que las motivaciones que llevan a retrocesos en las legislaciones se fundamentan en cálculos pragmáticos de los políticos.
En Afganistán, el parlamento aprobó una Ley de Familia, firmada por el presidente Hamid Karzai, que establece, entre otras cosas, que toda mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido, y se otorga a los clérigos musulmanes autoridad para regular las relaciones íntimas de parejas.
Con esta ley, el gobierno busca congraciarse con la minoría chií afgana, pues Karzai se presenta a elecciones el próximo año. Las disposiciones han generado protestas de algunas mujeres afganas, quienes, bajo terror, se han lanzado a las calles en demanda de uncambio en la ley.
En sus manifestaciones han sido abusadas e insultadas, e incluso muchos hombres las han tildado de prostitutas. El gobierno de Karzai enfrenta ahora una disyuntiva. Por congraciarse con los fundamentalistas islámicos ha entrado en conflicto con sus principales socios occidentales que demandan la protección de derechos de libertad para las mujeres.
Con el argumento de que la ley aún no ha sido promulgada, el gobierno de Karzai ha anunciado que la revisará. Queda ahora por ver si se impondrá el interés de los políticos afganos de ganarse el voto de chiítas fundamentalistas bajo la influencia de los clérigos (cerca del 15% de la población), o si prevalecerá la defensa de los derechos democráticos de las mujeres afganas en general.
En República Dominicana, el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso una reforma constitucional que contiene un artículo que busca imposibilitar constitucionalmente que en el país se pueda permitir, legalmente, cualquier tipo de aborto.Según el Artículo 30, “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.
Por lo tanto, después que una mujer concibe no podría interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia, aún si la concepción ha sido provocada por violación sexual, o podría provocar la muerte de la madre.
La Iglesia Católica ha hecho de este artículo su bandera principal en la reforma constitucional y mantiene a la clase política dominicana entre la espada y la pared: aprueban el Artículo 30 o pagan las consecuencias políticas.
Como ningún partido o candidato quiere tener conflictos con la Iglesia, casi todos los legisladores expresaron su apoyo al Artículo 30, a pesar de ser altamente punitivo para las mujeres.
El PRSC y el PRD decidieron sacar ventaja política de la controversia y declararon apoyo unánime e irrestricto al referido artículo, con el objetivo de congraciarse con la jerarquía católica, y además, intentar quebrar el fuerte apoyo que el Cardenal le ha brindado al gobierno de Leonel Fernández desde 2004 hasta la fecha.
El debate público de la Asamblea Revisora en los últimos días demostró claramente la insensibilidad de un amplio sector de la clase política dominicana hacia las mujeres.
Por obtener ganancias electorales con un sector religioso, muchos legisladores se han declarado devotos de embriones y fetos, y han apoyado una disposición constitucional que producirá un martirio sexual para las mujeres, porque las hará constitucionalmente esclavas de todos los embarazos, incluyendo aquellos producto de la violenciasexual masculina.
Estado y religión (A Eduardo Jorge Prats)
Por Rosario Espinal
28 de abril 2009
No es momento para titubeos y ambigüedades jurídico-filosóficas. En riesgo están la vida y los derechos de las mujeres dominicanas, independientemente de su religión, estatus social o marital.
En su artículo del viernes 24 de abril en el periódico Hoy, el jurista Eduardo Jorge Prats se posicionó discursivamente por encima del conflicto político que ha generado el Artículo 30 de la reforma constitucional.
Escribió sobre la relación entre Estado y religión, y argumentó que el Estado democrático debe mantener distancia tanto del fundamentalismo religioso como del secular que aliena a los religiosos.
Más allá, no encontré argumentos para reflexionar sobre el conflicto suscitado en torno al controversial artículo, y debo confesar mi decepción, porque esperaba la típica lucidez y toma de postura de quien considero uno de los juristas más brillantes de las nuevas generaciones.
Comparto con Jorge Prats el planteamiento de que existen distintos tipos de fundamentalismos, y que la relación entre Estado y religión ha sido históricamente compleja. De hecho, ninguno ha existido sin el otro desde que surgieron los primeros estados.
Precisamente por esa incestuosa relación, ha sido necesario afirmar el secularismo, de manera que el Estado democrático pudiera nacer y desarrollarse, aún a sabiendas de que toda democracia debe convivir con las religiones y nutrirse de ellas.
Por eso la democracia ha sido el sistema político más compatible con la libertad de creencias religiosas en las sociedades modernas.
Comparto también con Jorge Prats que mucha de la normativa social, incluso en las sociedades más secularizadas, proviene de las religiones, porque a pesar de sus fundamentalismos, las religiones tienen como eje central en sus doctrinas la búsqueda del bien en medio de los dilemas y sufrimientos existenciales.
Aunque no olvidemos que los valores sociales también puede provenir de perspectivas humanistas sin fundamento religioso.
La sabiduría de los legisladores en su rol de garantes del Estado democrático proviene de su capacidad de entender que la construcción de derechos democráticos deriva de la universalidad, aún exista la heterogeneidad normativa que caracteriza cualquier sociedad moderna.
Cuando a los legisladores se les pide que no incluyan en el Artículo 30 sobre la inviolabilidad de la vida “desde la concepción”, no se argumenta a favor del fundamentalismo secular por simple antagonismo a lo religioso.
Se hace porque hay ciertas circunstancias cuando después de la concepción debe permitirse legalmente la interrupción del embarazo.
Si la Constitución cierra esa posibilidad por presión de un grupo religioso, se impone entonces el fundamentalismo religioso sobre el legislador, a quien la ciudadanía le ha conferido un derecho de representación plural y democrática.
En el mundo contemporáneo, las condiciones específicas en que se permite interrumpir un embarazo varían en función del nivel educativo de la población y la ideología política dominante.
En países de mayor desarrollo económico y educativo, donde el Estado tiene una importante autonomía de las religiones, la interrupción se permite generalmente en el primer trimestre, independientemente de la causa. Así sucede en muchos países europeos, Estados Unidos y Canadá, donde hay una fuerte tradición cristiana.
En la mayoría de los países latinoamericanos, donde el Estado democrático no ha logrado una autonomía significativa de la religión, la interrupción se permite legalmente en condiciones más restringidas, como los casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre.
Pedir que se elimine “desde la concepción” en la reforma constitucional dominicana no es una expresión de fundamentalismo secular, porque a nadie se estaría obligando constitucionalmente a interrumpir un embarazo.
Por el contrario, si la Constitución establece la vida “desde la concepción”, se estaría obligando a todas las mujeres a llevar a término todos los embarazos, independientemente de las circunstancias.
El conflicto político actual en torno al Artículo 30 no es entre el fundamentalismo religioso y el secular, sino entre el fundamentalismo religioso y la construcción de derechos democráticos.
El martes pasado...
Por Víctor Víctor
Sábado 25 de abril, 2009
El martes pasado, los miembros de la Asamblea Reviso-Inquisidora que aprueba laconstitución presidencial, se ganaron el cielo porque gran parte de la curia y sus jefes, los escuderos del opus dei, sonrientes diáconos, monjas y feligreses creyentes en la iglesia de Roma, además de la muchedumbre discriminada en variadas agrupaciones de las llamadas cristianas, doblaron el brazo a esos asambleistas y le impusieron el mandato del mal llamado ‘derecho a la vida’: un reconocimiento a la autoridad que ejerce sobre ellos la ultraderechista burocracia político-religiosa, que reparte solares en el cielo y que de seguro enviará al infierno (la cuchilla) a los 32 que no corroboraron el ‘santo envío’ del presidente.
Fue una maniobra pragmático-religiosa, válida para salvarse de las llamas del infierno, a pesar de toda la mala fama que tienen los legisladores con sus mágicos barrilitos y saluditos al ‘hombre del maletín’.
Arderán en el fuego eterno Minou y sus amigas y amigos, junto a todos los que estábamos contra tal eufemismo que predica salvar las vidas de los niños, aunque fueran concebidos por violadores, sádicos ladrones y otras delicias de la sociopatía nacional.
No importa que mueran millares de madres, las que ahora tendrán que pecar religiosamente o constitucionalmente, cada vez que elijan un aborto por dolencia o vergüenza.
La fe ciega por ganar el cielo logró una nueva división en la sociedad, pierde respeto la constitución, la gracia de Dios se aleja de muchos, los santos apóstoles perderán seguidores y menos mujeres irán a la procesión del viernes santo.
Que cosa, desde el martes recién pasado, el servicio de abortos clandestinos aumentó de precio por riesgoso. Y se creó uno nuevo, para casos muy especiales…
Declaración Pública de Amnistía Internacional
24 de abril de 2009
República Dominicana: Las reformas constitucionales y penales deben ampliar los derechos de las mujeres, no limitarlos
Las reformas constitucionales y legales actualmente en marcha en la República Dominicana podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos de las mujeres, ha advertido hoy, 24 de abril, Amnistía Internacional. Las medidas podrían utilizarse para justificar la penalización del aborto en todas las circunstancias, incluso cuando peligra la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
El Congreso está estudiando una nueva disposición constitucional que incluye una referencia a la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. En general se considera que esta enmienda constitucional se ha introducido para impulsar los esfuerzos para penalizar y prohibir el aborto en todos los casos. El Congreso de la República Dominicana también está estudiando una enmienda del Código Penal que aumentaría las penas para quienes participen en la realización de abortos y dispondría explícitamente el encarcelamiento de las mujeres que, embarazadas como consecuencia de una violación, una relación incestuosa o una fertilización asistida involuntaria, hayan buscado o causado la terminación de su embarazo.
El derecho internacional de los derechos humanos y la actual Constitución dominicana ya protegen la vida prenatal. Amnistía Internacional pide a la República Dominicana que haga efectiva esta obligación de una forma que sea compatible con los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos a la vida y a la salud. Por ejemplo, aplicando medidas para evitar los abortos y los partos en los que el niño nace muerto, proporcionando cuidados prenatales, obstétricos de urgencia y postnatales, y facilitando atención especializada en el nacimiento. El embarazo no puede utilizarse como motivo para suspender los derechos humanos de las mujeres afectadas. La protección del feto no invalida las reivindicaciones de las mujeres respecto a sus derechos humanos.
A fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Amnistía Internacional pide a las autoridades de la República Dominicana que reformen el Código Penal de manera que se garantice que las mujeres y las niñas no son sometidas a sanciones penales por tratar de abortar o abortar en ninguna circunstancia. En concreto, Amnistía Internacional pide al Congreso dominicano que elimine el artículo 239 propuesto, que dispone sanciones penales para las víctimas de violación, incesto y fertilización involuntaria que aborten. La reforma debe asimismo garantizar que los médicos no son penalizados únicamente por proporcionar servicios seguros de interrupción del embarazo. El gobierno dominicano debe tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que existen servicios de interrupción del embarazo seguros, legales y sin restricciones irrazonables, accesibles para todas las niñas y mujeres que los necesitan en casos de embarazo tras violación o incesto y en circunstancias en las que continuar con el embarazo pondría en peligro su salud o su vida.
Información complementaria
La actual legislación (Código Penal) tipifica como delito el aborto. En agosto de 2006, el ejecutivo decidió elaborar un nuevo Código Penal y encargó al Congreso la tarea de revisar y enmendar las “incongruencias” del texto. Un año después, se formó una comisión bicameral para evaluar las revisiones del Código Penal y en julio y agosto de 2007 se celebraron sesiones públicas en las que se debatió la despenalización del aborto. El proceso de revisión sigue en marcha.
El artículo 8 de la Constitución actualmente vigente sólo menciona la “inviolabilidad de la vida”. La actual propuesta de reforma constitucional fue presentada al Congreso por el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en octubre de 2008, y actualmente está siendo sometida a revisión parlamentaria por la Asamblea Revisora de la Constitución. La Asamblea vota artículo por artículo en primera lectura del texto, que se someterá después a una segunda lectura en la que se votarán posibles cambios.
El artículo 30 del proyecto de reforma constitucional ha causado preocupación entre las organizaciones de mujeres, la profesión médica y otras organizaciones de la sociedad civil. En concreto, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología ha afirmado que el impacto de este artículo, de aprobarse, “sería catastrófico sobre la mortalidad materna”, a consecuencia de las restricciones que su interpretación impondría al sector médico.
El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos utiliza un lenguaje similar el de la enmienda constitucional propuesta, y dispone que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Partes en dicha Convención cuya legislación permita el aborto y que faciliten el acceso a él en la práctica no violan con ello la Convención. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: “[…] en ciertos casos, como el de un embarazo que ponga en peligro la vida o la salud de la madre, o que sea resultado de una violación, la penalización del aborto implica una violación de la obligación del Estado de proteger la vida de la madre”.
Amnistía Internacional lamenta observar que la reforma propuesta del artículo 30 no sigue el enfoque de afirmación de los derechos humanos adoptado por la Corte Constitucional de Colombia en su fallo de 2006, que invalidaba la prohibición total del aborto, un planteamiento que distingue entre el derecho de la mujer y el deber del Estado de proteger la vida prenatal tal como dispone el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional.
/FIN
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