La masonería dominicana pidió a los asambleístas que tomen susdecisiones libremente, sin dejarse influenciar por lineamientospartidaristas o ideológicos. Las declaraciones fueron realizadas el día dehoy, sábado, por el Gran Maestro de la Gran Logia de la RepúblicaDominicana, Dr. René Miguel Báez Robiou.
Sorprende censura partidarista
El Gran Maestro afirmó que resulta preocupante notar que una gran parte delos asambleístas están anteponiendo los intereses de su partido por encimade los intereses de la nación.
Dijo que esto se hizo evidente cuando el pasado jueves, en un actodesafortunado, el vocero de la bancada de uno de los partidos desautorizópúblicamente a todos los asambleístas de su bancada a hacer uso de lapalabra en el debate en cuestión, como si se tratara de personas sincriterio propio e incapaces de un juicio sano y provechoso para las mayoríasnacionales.
Dijo que nuestros legisladores fueron elegidos para representar a todos losdominicanos—no a un partido en particular—y para poder ostentar dignamentedicha representación, deberán constituirse en la expresión viva de laconciencia colectiva nacional.
Por ello, exhortó a los asambleístas a que emitan sus votos libremente,basados en la íntima convicción de su conciencia, sin dejarse trazar pautasni permitir que se le bajen líneas desde las altas esferas de lasorganizaciones políticas a las cuales pertenecen.
Del estado laico
Los masones reiteraron su convicción de que la Constitución de la Repúblicadebe establecer explícitamente el laicismo como un medio de garantizar laplena libertad de conciencia de todos los ciudadanos.
También afirmó que los asambleístas deberán tomar mucho cuidado en nootorgar a los tratados internacionales preeminencia por encima de laConstitución, la cual es, y deberá ser para siempre, la ley suprema de lanación, por encima de todo otro texto jurídico de carácter público queafecte a la nación dominicana y sus ciudadanos.
Del artículo 30 propuesto
La propuesta del Poder Ejecutivo que declara inviolable el derecho a la vidadesde la concepción hasta la muerte pretende implantar con carácterconstitucional la penalización del aborto basado en el fundamentalismo religioso.
Según Báez, esta propuesta no brinda una solución digna al embarazo nodeseado que fuere ocasionado por situaciones extremas tales como cuando lamadre ha sido victima de violación o incluso de incesto, o cuando eldesarrollo del embrión o el feto pone en riesgo la vida de la madre.
Dijo que tampoco brinda una salida humanitaria al feto que se hayacomprobado que no podrá desarrollarse en un ser humano con las mínimasposibilidades de dignidad social.
Del artículo 44 propuesto
La definición de familia hecha en la propuesta del Poder Ejecutivo, la cualse limita a la llamada “familia nuclear”, no representa la situación de vidade la mayoría nacional debido a que el 54% de las familias dominicanas sonmonoparentales.
El Gran Maestro afirmó que el otorgamiento de derechos especiales que sehace en este articulado a la familia al calificarla como fundamento de lasociedad resulta, pues, excluyente y discriminatorio contra todos losciudadanos dominicanos que no viven—por la razón que fuere—dentro delcontexto de una familia nuclear según la define el propio artículo.
La Constitución de la República, en su calidad de ley sustantiva, debegarantizar la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos, sin elotorgamiento de privilegios a algunos en detrimento de los intereses de losdemás, según el criterio de los masones. (FIN)
domingo, 19 de abril de 2009
El extremismo del art. 30
Fundados en la idea de “defensa de la vida”, un concepto dilatado de por sí, se pretende imponer una versión apretada de la misma y acomodada de tal manera, que casi obvia, por así decir, el tema que reposa a su sombra: el aborto. Toda una controversia.
La Constitución es un instrumento político por excelencia. Busca el equilibrio entre todas las partes de la sociedad. Un consenso, que no puede obviar la libertad de conciencia, la igualdad y no discriminación ante la ley y el reconocimiento de la autonomía estatal con respecto a las filosofías, religiones y credos. El Estado moderno, al menos desde la ilustración, es y debe ser laico. Nunca más confesional.
Lo que figura en el anteproyecto no admite colores. Blanco o negro. Mujer, médico, anestesista o enfermera incurren en violación constitucional y penal. Que definan la pena y ya está. ¡ A la cárcel! .
Sería bueno que este proceder, constitucional y penal, definiera también la pena de la muerte por negligencia o negación de servicio por razones constitucionales. Aquella muerte previsible de no practicarse el legrado o la cesárea. La vida que todo médico sabe incompatible con la gestación. La orden constitucional es no al aborto. Subirle el vidrio a la gestante, piense lo que piense.
La idea es que la prohibición borrará el aborto de la faz de tierra y nos libraría de esa congoja moral. Y de la ira curial.
Se debe entender que la conducta del Estado, como ente político responsable de la salud pública, representada en este caso por los hospitales públicos, será llevada a una situación tan conflictiva, que en el momento en que una ciudadana ingrese, como en realidad ocurre, a una emergencia con un aborto en curso, sangrante, más valdrá no estar allí en ese trance.
El artículo 30 prohíbe la intervención, mientras el 33 garantiza la protección del Estado en caso de amenaza y riesgo a la integridad física. Pero, igualmente, el artículo 44, inciso 3, establece la obligación de la protección de la mujer embarazada por los poderes públicos y la generación de derecho a asistencia oficial ante el desamparo. ¿A cuál artículo deberá atenerse el personal hospitalario ante una demanda de atención de una ciudadana, con o sin esposo, con o sin familia?. ¿El derecho pertenece a quién?… A la ciudadana o al barrio, al club o a la iglesia?. Pura dualidad.
La defensa de la vida, en el caso del aborto, debe apuntar la atención a sus causas. A la epidemiología del mismo, porque es ya un gran problema de salud pública. El 64% de las adolescentes embarazadas son mujeres con poco o ningún nivel de instrucción, y solo 11% ocurren en mujeres que alcanzan educación superior (Endesa 2002). El 57% de las adolescentes provienen de familias de escasos recursos.
El sustrato socio-económico del aborto es innegable. La pobreza y la marginalidad con su cuadro de hacinamiento, poca escolaridad, precariedad del empleo y el ingreso son su caldo de cultivo. Nueva vez la educación es vital para la defensa del no nacido y de la madre.
Si es fácilmente reconocible el sustrato económico-social del mismo, la criminalización manda a preparar cárceles nuevas, si es que el ministerio público tendrá el personal para investigar, procesar y someter a las y los criminales del aborto. La bulla y el corredero serán comedia diaria en hospitales y clínicas.
Queremos una sociedad libre de aborto, sin duda. También la adolescente sueña con su príncipe azul. En el contexto real de la sociedad dominicana el enfoque asumido traerá un mercado clandestino del aborto. La vida cruda y real del embarazo no deseado o no contemplado conviviendo junto a la prohibición legal. Como la ley del 4% a la educación.
El control del aborto no debería ser un asunto constitucional, sino el objeto de una ley específica para su regulación. El embrión adquiere en el artículo 30 figura legal.
A modo de recuerdo tomemos en cuenta casos específicos. Una mujer embarazada con falcemia de más de un 80% está llamada a tener problemas en el tercer trimestre y no sencillos. Igualmente los trastornos de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. ¿Cómo resolver, legalmente, una anencefalia o una microcefalia revelada por los estudios médicos?
¿La libertad de conciencia, un derecho universal, toca en alguna parte el artículo 30?
El Estado ni piensa ni tiene conciencia. Sólo los individuos poseen esa facultad y puede derivar en la adopción de soluciones muy diversas.
Lo aconsejable es llevar este tema a una ley específica posterior y permitir la discusión de la nueva constitución alejada de esta controversia. Sería lo más saludable.
Santo Domingo, 16 de abril de 2009
La Constitución es un instrumento político por excelencia. Busca el equilibrio entre todas las partes de la sociedad. Un consenso, que no puede obviar la libertad de conciencia, la igualdad y no discriminación ante la ley y el reconocimiento de la autonomía estatal con respecto a las filosofías, religiones y credos. El Estado moderno, al menos desde la ilustración, es y debe ser laico. Nunca más confesional.
Lo que figura en el anteproyecto no admite colores. Blanco o negro. Mujer, médico, anestesista o enfermera incurren en violación constitucional y penal. Que definan la pena y ya está. ¡ A la cárcel! .
Sería bueno que este proceder, constitucional y penal, definiera también la pena de la muerte por negligencia o negación de servicio por razones constitucionales. Aquella muerte previsible de no practicarse el legrado o la cesárea. La vida que todo médico sabe incompatible con la gestación. La orden constitucional es no al aborto. Subirle el vidrio a la gestante, piense lo que piense.
La idea es que la prohibición borrará el aborto de la faz de tierra y nos libraría de esa congoja moral. Y de la ira curial.
Se debe entender que la conducta del Estado, como ente político responsable de la salud pública, representada en este caso por los hospitales públicos, será llevada a una situación tan conflictiva, que en el momento en que una ciudadana ingrese, como en realidad ocurre, a una emergencia con un aborto en curso, sangrante, más valdrá no estar allí en ese trance.
El artículo 30 prohíbe la intervención, mientras el 33 garantiza la protección del Estado en caso de amenaza y riesgo a la integridad física. Pero, igualmente, el artículo 44, inciso 3, establece la obligación de la protección de la mujer embarazada por los poderes públicos y la generación de derecho a asistencia oficial ante el desamparo. ¿A cuál artículo deberá atenerse el personal hospitalario ante una demanda de atención de una ciudadana, con o sin esposo, con o sin familia?. ¿El derecho pertenece a quién?… A la ciudadana o al barrio, al club o a la iglesia?. Pura dualidad.
La defensa de la vida, en el caso del aborto, debe apuntar la atención a sus causas. A la epidemiología del mismo, porque es ya un gran problema de salud pública. El 64% de las adolescentes embarazadas son mujeres con poco o ningún nivel de instrucción, y solo 11% ocurren en mujeres que alcanzan educación superior (Endesa 2002). El 57% de las adolescentes provienen de familias de escasos recursos.
El sustrato socio-económico del aborto es innegable. La pobreza y la marginalidad con su cuadro de hacinamiento, poca escolaridad, precariedad del empleo y el ingreso son su caldo de cultivo. Nueva vez la educación es vital para la defensa del no nacido y de la madre.
Si es fácilmente reconocible el sustrato económico-social del mismo, la criminalización manda a preparar cárceles nuevas, si es que el ministerio público tendrá el personal para investigar, procesar y someter a las y los criminales del aborto. La bulla y el corredero serán comedia diaria en hospitales y clínicas.
Queremos una sociedad libre de aborto, sin duda. También la adolescente sueña con su príncipe azul. En el contexto real de la sociedad dominicana el enfoque asumido traerá un mercado clandestino del aborto. La vida cruda y real del embarazo no deseado o no contemplado conviviendo junto a la prohibición legal. Como la ley del 4% a la educación.
El control del aborto no debería ser un asunto constitucional, sino el objeto de una ley específica para su regulación. El embrión adquiere en el artículo 30 figura legal.
A modo de recuerdo tomemos en cuenta casos específicos. Una mujer embarazada con falcemia de más de un 80% está llamada a tener problemas en el tercer trimestre y no sencillos. Igualmente los trastornos de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. ¿Cómo resolver, legalmente, una anencefalia o una microcefalia revelada por los estudios médicos?
¿La libertad de conciencia, un derecho universal, toca en alguna parte el artículo 30?
El Estado ni piensa ni tiene conciencia. Sólo los individuos poseen esa facultad y puede derivar en la adopción de soluciones muy diversas.
Lo aconsejable es llevar este tema a una ley específica posterior y permitir la discusión de la nueva constitución alejada de esta controversia. Sería lo más saludable.
Santo Domingo, 16 de abril de 2009
Verguenza ajena
Margarita Cordero
jueves 16 de abril
A las 10.49 de la noche de este jueves 16 de abril de 2009, escucho desde la habitación que he convertido en oficina-refugio, el eco cercano del televisor. Mi entrañable hijo Nassef persiste en no perderse los “debates” de la Asamblea Revisora; primero, pienso, porque es un enfermizo abogado constitucionalista y, segundo, estoy segura, porque su capacidad de tolerancia intelectual es envidiable, por lo menos para mi.
Yo veía CSI New York, mi segunda serie televisiva favorita, cuando él, como en si en ello le fuera la vida, abrió la puerta del apartamento y casi me conminó a cambiar de canal. Puesto el 4 lo acompañé durante un momento, pasando de golpe de la simulación de la realidad a la realidad de la simulación de unos asambleístas que convirtieron el salón de los debates constitucionales en escenario de su fariseísmo.
Y no es que me hiciera expectativas respecto a que estos santos varones y algunas pocas virginales mujeres fueran a impugnar el ya famoso –dijeron algunos que “histórico”— artículo 30 del proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández, que constitucionaliza la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural (¿dónde entran los muertos de las ejecuciones extrajudiciales y los neonatos de la pobreza?)
Hace mucho tiempo que hice conciencia del país en el cual vivo, y todos los días, cuando abro los ojos a la madrugada, me inyecto en el ánimo una dosis poderosamente narcótica contra el asombro. Ergo, no voy a morirme de espanto.
De lo que sí posiblemente muera es de vergüenza ajena, sobre todo porque no estoy en edad de recoger mis bártulos y emigrar. Yendo y viniendo entre mi computadora y el televisor, escuché frases sueltas, algunas intervenciones casi completas, o simplemente el nombre del legislador o legisladora a los que me negué a prestar atención por insoportablemente falsos. Me dieron ganas de que la tierra me tragara... democráticamente, desde luego.
De haber encendido antes el televisor y no haberme complacido en la trama de CSI New York, hubiera podido escuchar a Minou Tavares Mirabal, a Víctor Terrero o Magda Rodríguez, si es que todos hablaron, lo que ignoro, y el sonrojo de la vergüenza hubiera cedido ante el sonrojo de la visceral emoción ciudadana. Pero no lo hice. Así que me tocó, con la excepción del diputado por Boca Chica, escuchar retazos de posiciones que, lo reitero, me llenan de vergüenza.
Y mato el gallo en la funda a los que crean que sangro por la herida infligida a esta hora de la noche por lo que presumo un hecho, es decir, la aprobación del articulo 30 del proyecto de
Constitución leonelista. Lo digo en voz tan alta que nadie puede decir que no me escucha: me avergüenzan los legisladores partidarios de la permanencia de este artículo no porque sostienen una posición contraria a la mía en el tema del derecho a decidir de las mujeres, sino por eso que incluso muchos defensores del artículo 30, asqueados ellos también, llamaron tan justamente TEATRO.
Me pongo clara. Me hace regurgitar escuchar a algunos de nuestros “asambleístas”, herederos político-ideológicos de Joaquín Balaguer, hablar del derecho a la vida, en olvido voluntario –que es el peor de los olvidos— de que los gobiernos de su mentor, pese al sistema de complicidades sociales que nos arropa, pasaron a la historia como sistemáticos quebrantadores del derecho a la vida de generaciones completas. Amín Abel Hasbún, baste su ejemplo, era más brillante que cualquier cigoto, y los reformistas lo dejaron tendido en una escalera, con un tiro en la nuca, y por sobre su cadáver hicieron pasar a Mirna, su mujer embarazada de casi nueve meses. Malditos, como les dijo ese día, en un editorial memorable, el poeta y periodista Freddy Gatón Arce.
También me retuercen los intestinos los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano que, en bloque, decidieron refrendar la propuesta del Ejecutivo para tener que oír después a un peledeísta confesar su alegría de que fueran precisamente los blancos quienes reivindicaran al presidente Leonel Fernández del “error” de haber enmendado el Código Penal porque endurecía la penalización del aborto.
Los perredeístas, que desesperadamente intentan reconstruir los lazos rotos con los sectores más progresistas de la Internacional Socialista (no con los nacionales, que les han dado la espalda y frente a los cuales no tienen estrategia de reconquista), que buscan relegitimarse (¿oportunistamente?) en el plano internacional haciendo profesión de fe socialdemócrata, adhieren sin embargo en el país las posiciones sociales más retrógadas por puro (y equivocado, apuesto peso a morisqueta) cálculo político, sin parar mientes en que las matemáticas poco tienen que ver con la decisión de la gente.
Pero no es este fingimiento oportunista el peor espectáculo que los perredeístas pudieron ofrecer esta noche del 16 de abril. Uno de los miembros del bloque, cuyo nombre me importa un comino, proclamó como si fuera motivo de orgullo que ahora la Iglesia católica sabe que el PRD votó a favor de la “vida” y contra el aborto. Dudo que tenga la inteligencia suficiente para saber que podía estar haciendo una operación de suma cero, porque en la República Dominicana abortan anualmente más de cien mil mujeres, que con toda seguidad no son todas militantes católicas.
A nadie sorprendo (solo los voluntaria y perversamente carentes de información podrían hacerse los suecos) cuando digo que desde 1978, y con la excepción de 1990, he votado blanco. Pero de ahora en adelante, que el PRD no cuente con mi voto. Me respeto como ciudadana, y mi sufragio se niega a entrar en la tómbola que –según uno de sus legisladores— el PRD agitará sumisamente frente a los despectivos ojos cardenalicios para tratar inutilmente de ganar un favor que los peredeístas–de inteligencia incompetente— no saben que les está negado por otras múltiples e insuperables razones.
Y aunque no me consuela, porque me aferro como posesa a la idea de una sociedad transparente y responsable en todos los ámbitos, confieso que el espectáculo de esta noche, rastreramente hipócrita, tampoco me quita el sueño. Lamento, eso sí, que las mujeres que no dejarán de abortar lo sigan haciendo en condiciones precarias (menos las ricas y las amantes de muchos de los que hoy hablaron, of course), y que los médicos obstetras enfrentados a la disyuntiva de elegir entre la vida de la madre y la del feto inviable lo hagan preocupados por la posibilidad, que me atrevo a presumir remota, de que aparezca un cazador de brujas.
El mensaje de esta noche fue el de cambiar las apariencias constitucionalizando la defensa de la “vida” para que todo siga igual, sobre todo porque mayo de 2010 está cerca, y en la mentalidad de mime de la generalidad de nuestros políticos esa cercanía obliga a la concesión de cualquier naturaleza y laya. Y eso, perdonen no solo la molestia sino la vulgaridad, es lo que me jode: ver esta hipocresía que nos deforma, que nos condena a mordernos la cola, que nos atrapa en un círculo vicioso de ilegitimidades, que nos perpetua como sociedad que se cubre los ojos para que no la ciegue el futuro.
(Acaba de terminar la sesión de la Asamblea sin decisión sobre el artículo 30. Los trabajos se reanudarán el martes, pero no me hago ilusiones y envío este artículo sabiendo que la hipocresía no se convertirá en responsabilidad moral por arte de birlibirloque)
jueves 16 de abril
A las 10.49 de la noche de este jueves 16 de abril de 2009, escucho desde la habitación que he convertido en oficina-refugio, el eco cercano del televisor. Mi entrañable hijo Nassef persiste en no perderse los “debates” de la Asamblea Revisora; primero, pienso, porque es un enfermizo abogado constitucionalista y, segundo, estoy segura, porque su capacidad de tolerancia intelectual es envidiable, por lo menos para mi.
Yo veía CSI New York, mi segunda serie televisiva favorita, cuando él, como en si en ello le fuera la vida, abrió la puerta del apartamento y casi me conminó a cambiar de canal. Puesto el 4 lo acompañé durante un momento, pasando de golpe de la simulación de la realidad a la realidad de la simulación de unos asambleístas que convirtieron el salón de los debates constitucionales en escenario de su fariseísmo.
Y no es que me hiciera expectativas respecto a que estos santos varones y algunas pocas virginales mujeres fueran a impugnar el ya famoso –dijeron algunos que “histórico”— artículo 30 del proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández, que constitucionaliza la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural (¿dónde entran los muertos de las ejecuciones extrajudiciales y los neonatos de la pobreza?)
Hace mucho tiempo que hice conciencia del país en el cual vivo, y todos los días, cuando abro los ojos a la madrugada, me inyecto en el ánimo una dosis poderosamente narcótica contra el asombro. Ergo, no voy a morirme de espanto.
De lo que sí posiblemente muera es de vergüenza ajena, sobre todo porque no estoy en edad de recoger mis bártulos y emigrar. Yendo y viniendo entre mi computadora y el televisor, escuché frases sueltas, algunas intervenciones casi completas, o simplemente el nombre del legislador o legisladora a los que me negué a prestar atención por insoportablemente falsos. Me dieron ganas de que la tierra me tragara... democráticamente, desde luego.
De haber encendido antes el televisor y no haberme complacido en la trama de CSI New York, hubiera podido escuchar a Minou Tavares Mirabal, a Víctor Terrero o Magda Rodríguez, si es que todos hablaron, lo que ignoro, y el sonrojo de la vergüenza hubiera cedido ante el sonrojo de la visceral emoción ciudadana. Pero no lo hice. Así que me tocó, con la excepción del diputado por Boca Chica, escuchar retazos de posiciones que, lo reitero, me llenan de vergüenza.
Y mato el gallo en la funda a los que crean que sangro por la herida infligida a esta hora de la noche por lo que presumo un hecho, es decir, la aprobación del articulo 30 del proyecto de
Constitución leonelista. Lo digo en voz tan alta que nadie puede decir que no me escucha: me avergüenzan los legisladores partidarios de la permanencia de este artículo no porque sostienen una posición contraria a la mía en el tema del derecho a decidir de las mujeres, sino por eso que incluso muchos defensores del artículo 30, asqueados ellos también, llamaron tan justamente TEATRO.
Me pongo clara. Me hace regurgitar escuchar a algunos de nuestros “asambleístas”, herederos político-ideológicos de Joaquín Balaguer, hablar del derecho a la vida, en olvido voluntario –que es el peor de los olvidos— de que los gobiernos de su mentor, pese al sistema de complicidades sociales que nos arropa, pasaron a la historia como sistemáticos quebrantadores del derecho a la vida de generaciones completas. Amín Abel Hasbún, baste su ejemplo, era más brillante que cualquier cigoto, y los reformistas lo dejaron tendido en una escalera, con un tiro en la nuca, y por sobre su cadáver hicieron pasar a Mirna, su mujer embarazada de casi nueve meses. Malditos, como les dijo ese día, en un editorial memorable, el poeta y periodista Freddy Gatón Arce.
También me retuercen los intestinos los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano que, en bloque, decidieron refrendar la propuesta del Ejecutivo para tener que oír después a un peledeísta confesar su alegría de que fueran precisamente los blancos quienes reivindicaran al presidente Leonel Fernández del “error” de haber enmendado el Código Penal porque endurecía la penalización del aborto.
Los perredeístas, que desesperadamente intentan reconstruir los lazos rotos con los sectores más progresistas de la Internacional Socialista (no con los nacionales, que les han dado la espalda y frente a los cuales no tienen estrategia de reconquista), que buscan relegitimarse (¿oportunistamente?) en el plano internacional haciendo profesión de fe socialdemócrata, adhieren sin embargo en el país las posiciones sociales más retrógadas por puro (y equivocado, apuesto peso a morisqueta) cálculo político, sin parar mientes en que las matemáticas poco tienen que ver con la decisión de la gente.
Pero no es este fingimiento oportunista el peor espectáculo que los perredeístas pudieron ofrecer esta noche del 16 de abril. Uno de los miembros del bloque, cuyo nombre me importa un comino, proclamó como si fuera motivo de orgullo que ahora la Iglesia católica sabe que el PRD votó a favor de la “vida” y contra el aborto. Dudo que tenga la inteligencia suficiente para saber que podía estar haciendo una operación de suma cero, porque en la República Dominicana abortan anualmente más de cien mil mujeres, que con toda seguidad no son todas militantes católicas.
A nadie sorprendo (solo los voluntaria y perversamente carentes de información podrían hacerse los suecos) cuando digo que desde 1978, y con la excepción de 1990, he votado blanco. Pero de ahora en adelante, que el PRD no cuente con mi voto. Me respeto como ciudadana, y mi sufragio se niega a entrar en la tómbola que –según uno de sus legisladores— el PRD agitará sumisamente frente a los despectivos ojos cardenalicios para tratar inutilmente de ganar un favor que los peredeístas–de inteligencia incompetente— no saben que les está negado por otras múltiples e insuperables razones.
Y aunque no me consuela, porque me aferro como posesa a la idea de una sociedad transparente y responsable en todos los ámbitos, confieso que el espectáculo de esta noche, rastreramente hipócrita, tampoco me quita el sueño. Lamento, eso sí, que las mujeres que no dejarán de abortar lo sigan haciendo en condiciones precarias (menos las ricas y las amantes de muchos de los que hoy hablaron, of course), y que los médicos obstetras enfrentados a la disyuntiva de elegir entre la vida de la madre y la del feto inviable lo hagan preocupados por la posibilidad, que me atrevo a presumir remota, de que aparezca un cazador de brujas.
El mensaje de esta noche fue el de cambiar las apariencias constitucionalizando la defensa de la “vida” para que todo siga igual, sobre todo porque mayo de 2010 está cerca, y en la mentalidad de mime de la generalidad de nuestros políticos esa cercanía obliga a la concesión de cualquier naturaleza y laya. Y eso, perdonen no solo la molestia sino la vulgaridad, es lo que me jode: ver esta hipocresía que nos deforma, que nos condena a mordernos la cola, que nos atrapa en un círculo vicioso de ilegitimidades, que nos perpetua como sociedad que se cubre los ojos para que no la ciegue el futuro.
(Acaba de terminar la sesión de la Asamblea sin decisión sobre el artículo 30. Los trabajos se reanudarán el martes, pero no me hago ilusiones y envío este artículo sabiendo que la hipocresía no se convertirá en responsabilidad moral por arte de birlibirloque)
jueves, 16 de abril de 2009
Médicos ginecólogos dicen artículo 30 del Proyecto de Reforma Constitucional viola derechos
La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) conjuntamente con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), afirmaron ayer que así como está redactado el artículo 30 del Proyecto de Reforma Constitucional viola una serie de derechos que en principio pretende proteger, entre ellos, el derecho de las mujeres a la protección de su salud y a la maternidad sin riesgo.
“Reconocemos el valor moral del feto y su derecho a la vida, pero si el texto es tan restrictivo como se propone, habría que dejar morir a la mujer y a su embrión o feto cuando no hay otra manera de salvar a la mujer que interrumpiendo el embarazo”. Afirman que todas las personas tienen el derecho a la vida y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente. En este sentido reconocen que la vida de ninguna mujer debe ser puesta en riesgo o en peligro por razones de embarazo o parto.
El Proyecto de Reforma Constitucional, en la sub-sección 3 relativa a los Derechos Constitutivos de la Personalidad, establece en su artículo 30: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Ayer durante una rueda de prensa médicos representantes de la SDOG, la FLASOG y FIGO aseguraron que son precisamente los profesionales de la salud llamados a prestar atención a las mujeres, quienes verían comprometida su responsabilidad y estarían expuestos a persecución jurídica por “irrespetar la vida desde la concepción” cuando se vean en la disyuntiva de tener que elegir entre salvar la vida de una mujer o del embrión o feto que lleva en su vientre.
“Estamos seguros de que si finalmente ustedes aprueban este artículo, sin modificaciones, su impacto sería catastrófico sobre la mortalidad materna que todos y todas queremos reducir”.
En opinión de los especialistas, la práctica de la obstetricia en el país se vería seriamente afectada “y muchos profesionales deberán abandonarla o comenzar a hacer intervenciones en la clandestinidad que hoy se consideran rutinarias, como los casos del tratamiento del embarazo ectópico, de inducir un parto prematuro en casos de preeclampsia, cardiopatía severa, rotura prematura de membranas con producto inmaduro, cáncer, enfermedad sistémica por mencionar solo algunos casos”.
Afirman que ningún esposo o familiar perdonaría al médico que deje morir a madre e hijo por imposibilidad de interrumpir la gestación en cualquier edad gestacional como seria el caso si la Constitución es aprobada en esos términos.
“Los médicos estaríamos entre la obligación ética y moral de salvar la vida de la mujer y la obligación legal de no dejarla morir”.
“No estamos a favor del aborto”. En opinión de los médicos y médicas, nadie quiere un aborto. “No queremos que las mujeres tengan que llegar a tomar esa decisión extrema. El aborto es siempre un fracaso, un fracaso del sistema de educación, del sistema de salud, de las políticas de planificación familiar, del sistema de seguridad social, en resumen, un fracaso del Estado”.
En un documento entregados a los medios de comunicación, y que anteriormente se hizo llegar a un grupo de senadores de la República, los dirigentes de la SDOG, la FLASOG y FIGO expresan que en el contenido del texto presentado a discusión y análisis por el Dr. Leonel Fernández, Presidente Constitucional de la República, se consignan importantes conquistas relativas a la dignidad humana y a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, a la igualdad de género y a la necesidad de que el estado garantice la participación de las mujeres en todos los escenarios, en igualdad de condiciones que los hombres. Estos derechos junto a los que protegen el medio ambiente, son considerados de última generación.
Artículo 30 viola derechos. Con la aprobación del artículo 30 tal y como está, los programas de planificación familiar podrían verse afectados también debido a que algunos métodos anticonceptivos podrían prestarse a interpretaciones y ser considerados ilegales.
Aseguran que en ese sentido, el artículo 30 es incongruente con el mismo principio que postula, en aquellos casos de estado grávido de alto riesgo incompatible con la vida misma. Debido a que condena a muerte a esa misma mujer que pretende salvar.
“Desde otro ángulo el análisis del texto de este articulo nos lleva a consideraciones relativas a las violaciones de otros derechos, entre ellos, los que todas las personas tienen a estar libres de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres qué limiten su libertad de pensamiento en cuanto a la atención de su salud sexual y reproductiva. También el referido al hecho de que todas las mujeres tienen derecho al acceso a información, educación y servicios adecuados para la protección de su salud reproductiva y su maternidad segura”.
En este mismo orden –agrega el documento dado a conocer por los médicos- toda la población en edad reproductiva, tiene derecho también, al acceso métodos anticonceptivos seguros, efectivos y aceptables para la regulación de su fertilidad, así como a la libertad de elegir usarlos para evitar embarazos no planificados que suelen conducir, en la mayoría de la veces, a abortos realizados en condiciones de alto riesgo para la salud de la mujer y que pueden, en casos extremos, llevar incluso a su muerte.
“Este articulo constitucional viola, además, derechos humanos consagrados en acuerdos, convenios y tratados internacionales aceptados universalmente y es incongruente con el contexto jurídico de la reforma, en la parte correspondiente a las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional que consigna que “Las normas vigentes de convenios internacionales regularmente ratificados regirán en el ámbito interno una vez que se hayan publicado oficialmente.”
Propuestas a los y las legisladores y legisladoras. La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) conjuntamente con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), proponen a los congresistas tres opciones de la cual podrán elegir una para integrarla al nuevo texto constitucional:
1. Que se mantenga el texto tal como está aprobado en la Constitución vigente, proclamada el 25 de julio del 2002 en la Sección I, artículo 8-1.
2. O que se elimine en la propuesta de modificación de la Constitución la frase “desde el momento de la concepción”.
3. O que se redacte agregándole las palabras “en general” de manera tal que quede implícito que es una afirmación valida para la mayoría de las circunstancias, pero que existen “en particular” algunas otras en que habrá que decidir entre la vida de un embrión o feto y la vida de una mujer.
De manera que la redacción final dirá “El derecho a la vida es inviolable, en general, desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
El documento está firmado por el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG), doctor, Milcíades Albert Fiorinelli; por el doctor Alejandro Paradas Caba, actual secretario general de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología y pasado presidente de la SDOG; por el director General Materno Infantil y Adolescentes de la SESPAS y pasado presidente de la SDOG, doctor Héctor Eusebio y el sud director General Materno Infantil y Adolescentes de la SESPAS, doctor José De Lancer Despradel.
También los doctores Donatilo Santos Rosario, Coordinador Nacional de la Salud de la Mujer de la SESPAS y el doctor José Mordan, Coordinador Nacional de Planificación Familiar de la SESPAS.
Firman el documento los pasados presidentes de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, doctores, Aldrian Almonte; Angel Terrero, quien además representa fue presidente de la Federación Latino-Americana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Bernardo Fernández Diloné; Francisco Alvarez Sánchez; Milton Cordero, José Figueroa Méndez, Bélgica Beato, Olga Lluberes, Luís Rojas Grullón y Eduvirgilio Santana.
Lo rubrican, además, los miembros de la SDOG, doctores Francisco Hidalgo Abud y Cristian Francisco y las licenciadas Magaly Caram de Álvarez y Gianna Sangiovanni en representación de Profamilia y de la Iniciativa FIGO Prevención Aborto Inseguro.
Aborto, Iglesia y Estado
Oscar Medina
lunes 13 de abril 2009, Listín Diario
Que la Iglesia Católica esté opuesta a todo tipo de aborto, es lo natural; y lo que se espera de dicha institución milenaria, que está llamada a promover los valores éticos y fundamentos morales que deben regir la vida de los seres humanos. Y no supuesta a acomodar sus criterios a los diferentes cambios culturales y conductuales que experimente la raza humana a través de los años, las décadas y los siglos, en las diferentes regiones del planeta.
De ahí que las prédicas, los sermones y las cartas pastorales, y las presiones que ejerce la Iglesia Dominicana sobre el tema del aborto con el fin de hacer valer sus posiciones, son entendibles, siempre y cuando se vean desde la óptica de los dictados del Vaticano, los principios promovidos por la curia y la formación dogmática que reciben los sacerdotes.
Ahora bien, lo no que se concibe, lo que no es excusable y lo que no se justifica, es que desde el Estado se sustenten esos principios morales, y pretendan hasta constitucionalizarse, y se haga privilegiándolo sobre realidades y problemáticas socio-económicas y culturales del país. Constituye uno de los actos de mayor irresponsabilidad y confusión de roles que se pueda recordar, que el Estado pretenda declarar como uno de sus principios la defensa a la vida “desde la concepción”.
Es una declaración de incompetencia que desatiende, en el diseño de políticas de salud, problemas tan acuciantes como el sexo temprano y las violaciones incestuosas originadas en gran medida por el hacinamiento y la perversidad humana. Pero, además, se trata del mismo Estado, para colmo el mismo Presidente que se comprometió con los Objetivos del Milenio de la ONU que, entre otras cosas. exige la reducción de la mortalidad materno-infantil a niveles inalcanzables si el Estado no se compromete con políticas que vayan en esa dirección.
El Vaticano, la Conferencia del Episcopado y los Arzobispados pueden estar en contra de todo tipo de aborto y del uso de todo tipo de métodos anticonceptivos. Y está, hasta bien, ese es su rol en la sociedad. Pero lo que no está bien es que desde el Gobierno se asuman esos mismos discursos y políticas, o en el mejor de los casos, se apele al silencio cómplice y la negligencia irresponsable. Ese no es el rol del Estado, como no es su responsabilidad privilegiar buenas relaciones con los poderes fácticos, si en el camino se sacrifica la salud del pueblo, y sobre todo de las mujeres dominicanas.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=97543
lunes 13 de abril 2009, Listín Diario
Que la Iglesia Católica esté opuesta a todo tipo de aborto, es lo natural; y lo que se espera de dicha institución milenaria, que está llamada a promover los valores éticos y fundamentos morales que deben regir la vida de los seres humanos. Y no supuesta a acomodar sus criterios a los diferentes cambios culturales y conductuales que experimente la raza humana a través de los años, las décadas y los siglos, en las diferentes regiones del planeta.
De ahí que las prédicas, los sermones y las cartas pastorales, y las presiones que ejerce la Iglesia Dominicana sobre el tema del aborto con el fin de hacer valer sus posiciones, son entendibles, siempre y cuando se vean desde la óptica de los dictados del Vaticano, los principios promovidos por la curia y la formación dogmática que reciben los sacerdotes.
Ahora bien, lo no que se concibe, lo que no es excusable y lo que no se justifica, es que desde el Estado se sustenten esos principios morales, y pretendan hasta constitucionalizarse, y se haga privilegiándolo sobre realidades y problemáticas socio-económicas y culturales del país. Constituye uno de los actos de mayor irresponsabilidad y confusión de roles que se pueda recordar, que el Estado pretenda declarar como uno de sus principios la defensa a la vida “desde la concepción”.
Es una declaración de incompetencia que desatiende, en el diseño de políticas de salud, problemas tan acuciantes como el sexo temprano y las violaciones incestuosas originadas en gran medida por el hacinamiento y la perversidad humana. Pero, además, se trata del mismo Estado, para colmo el mismo Presidente que se comprometió con los Objetivos del Milenio de la ONU que, entre otras cosas. exige la reducción de la mortalidad materno-infantil a niveles inalcanzables si el Estado no se compromete con políticas que vayan en esa dirección.
El Vaticano, la Conferencia del Episcopado y los Arzobispados pueden estar en contra de todo tipo de aborto y del uso de todo tipo de métodos anticonceptivos. Y está, hasta bien, ese es su rol en la sociedad. Pero lo que no está bien es que desde el Gobierno se asuman esos mismos discursos y políticas, o en el mejor de los casos, se apele al silencio cómplice y la negligencia irresponsable. Ese no es el rol del Estado, como no es su responsabilidad privilegiar buenas relaciones con los poderes fácticos, si en el camino se sacrifica la salud del pueblo, y sobre todo de las mujeres dominicanas.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=97543
Miguel Guerrero por el derecho a decidir
La columna de Miguel Guerrero
15 DE ABR 2009, Periódico El Caribe
El tema del aborto es demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de las iglesias.
La desproporcionada reacción de las autoridades católicas lo pone de manifiesto.
Asumir la discusión desde la perspectiva radical mostrada en estos días por los abanderados del anti-aborto es una intimidación para reducir el debate a posiciones extremas e irracionales.
Nadie en el Congreso, ni entre los grupos defensores de cambios en la redacción del proyecto de Constitución en lo referente al tema, ha propuesto la despenalización o legalización del aborto.
De manera que el debate actual se fundamenta en una tergiversación.
Los grupos religiosos, especialmente la jerarquía católica, pretenden eliminar el derecho de las personas a decidir con plena libertad y conciencia, en aquellos casos en que la vida de la madre puede estar en juego.
Si a lo que se aspira es a garantizar el derecho a la vida desde el momento de la “concepción misma” dónde quedaría ese derecho cuando la criatura por nacer represente un peligro de muerte para la madre.
¿Es la iglesia la llamada a decidir en ese instante crucial? ¿Cuál debe ser la actitud del médico en una situación como esa? ¿Salvar al bebé o salvar a la madre? Estamos, pues ante un dilema demasiado grande para decidirlo sobre fundamentos estrictamente religiosos.
No podemos, en aras de la libertad y la salud mental de la nación, descartar de la discusión reservas de carácter médico-científico, éticas y morales que aparecen en algunas observaciones rechazadas con argumentos baladíes por los fundamentalistas del tema.
La máxima autoridad católica ha empleado vocablos poco pastorales para detractar a quienes sustentan una posición contraria a la suya, llamándolos “carniceros”: él que apoyó públicamente un proyecto de ley que autoriza el derribo de aviones y el hundimiento de barcos bajo la presunción de que cargan drogas.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
http://www.elcaribecdn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=204971:la-columna-de-miguel-guerrero&catid=223:miguel-guerrero&Itemid=316
¿Cuál familia?
Miguel Ceara-Hatton
miércoles 15 de abril de 2009
La propuesta de reforma de la Constitución de la República Dominicana que conoce en estos días la Asamblea Nacional dice en su artículo 44: “La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas y, como tal, recibirá la protección del Estado.”
Y en el párrafo primero, señala: “El matrimonio de un hombre y una mujer es el fundamento legal de la familia. La ley rige el derecho al matrimonio y sus efectos”.
¿Es esa la realidad dominicana?
Veamos: en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2005, el 32.4% de los hogares dominicanos tenían a una mujer como jefe de hogar, solamente el 24% de los jefes de hogar estaban casados y el 40.2% estaba en unión libre.
Asimismo, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDESA) 2007 registra que el 35.2% de los hogares dominicanos tiene a una mujer como jefa del hogar, mientras que en 2002 eran 27.8% de los hogares.
Esta es una tendencia que deberá aumentar.
En 2002, el 56% de los niños y niñas menores de 15 años vivían con ambos padres.
Cinco años después, en 2007, ese porcentaje se había reducido a 50.2%.
De la otra mitad que no vivía con ambos padres, el 29.9% vivía con la madre pero no con el padre.
El 4.3% vivía con el padre pero no con la madre y el 15.5% no vivía con ninguno de los padres.
Por lo tanto, tal como está redactado, ese artículo discrimina contra un tercio de los hogares dominicanos cuyo jefe del hogar es una mujer y contra la mitad de los hogares dominicanos donde residen los menores de 15 años.
Leamos los datos antes de hacer leyes.
No sean excluyentes. Hagamos un país incluyente, reconociendo la realidad de que hay muchos tipos de familias.
http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=14140&Id_ClassArticulista=44
miércoles 15 de abril de 2009
La propuesta de reforma de la Constitución de la República Dominicana que conoce en estos días la Asamblea Nacional dice en su artículo 44: “La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas y, como tal, recibirá la protección del Estado.”
Y en el párrafo primero, señala: “El matrimonio de un hombre y una mujer es el fundamento legal de la familia. La ley rige el derecho al matrimonio y sus efectos”.
¿Es esa la realidad dominicana?
Veamos: en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2005, el 32.4% de los hogares dominicanos tenían a una mujer como jefe de hogar, solamente el 24% de los jefes de hogar estaban casados y el 40.2% estaba en unión libre.
Asimismo, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDESA) 2007 registra que el 35.2% de los hogares dominicanos tiene a una mujer como jefa del hogar, mientras que en 2002 eran 27.8% de los hogares.
Esta es una tendencia que deberá aumentar.
En 2002, el 56% de los niños y niñas menores de 15 años vivían con ambos padres.
Cinco años después, en 2007, ese porcentaje se había reducido a 50.2%.
De la otra mitad que no vivía con ambos padres, el 29.9% vivía con la madre pero no con el padre.
El 4.3% vivía con el padre pero no con la madre y el 15.5% no vivía con ninguno de los padres.
Por lo tanto, tal como está redactado, ese artículo discrimina contra un tercio de los hogares dominicanos cuyo jefe del hogar es una mujer y contra la mitad de los hogares dominicanos donde residen los menores de 15 años.
Leamos los datos antes de hacer leyes.
No sean excluyentes. Hagamos un país incluyente, reconociendo la realidad de que hay muchos tipos de familias.
http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=14140&Id_ClassArticulista=44
Editorial Diario Libre, 15 de abril
AM. - El aborto
El tema del aborto, o de protección de la vida humana, que son dos cosas diferentes, es controversial y se presta a dogmatismos, pero cualquier persona medianamente racional, estará de acuerdo con que debe ser reglamentado.
El aborto, como se sabe, es la interrupción del embarazo, pero la iglesia católica lo ha llevado hasta la concepción, no dejando ni siquiera un resquicio para aquellos casos que, para una persona razonable, parezcan necesarios.
La posición irracional debe ser rechazada.
La ley es, en realidad, un balance entre valores. Se castiga el valor considerado malo (el homicidio), pero aún estos valores negativos pueden ser positivos, cuando se trate de legítima defensa, en cuyo caso, la ley sopesa el valor del agredido frente al del agresor y otorga el veredicto en favor del agredido.
Existen casos en materia de aborto en que se enfrentan disyuntivas similares: ¿A quién salvar, a la madre o a la hija? Cuando este conflicto se presenta, una persona facultada, el médico, toma la determinación, siempre a favor de la madre, que es el valor vivo frente al "por nacer".
Son cuestiones de orden ético, pero también práctico, que tienen que ser tomadas en cuenta por el legislador.
Y así ha sido, al punto que Italia, país donde tiene su sede el Vaticano, o España, nación de donde nos llega el cristianismo, no tienen en sus constituciones una fórmula como la propuesta en nuestro país, que tendría implicaciones sobre el uso de anticonceptivos y la investigación científica, que nadie, por más católico que sea, puede aceptar.
Ese artículo debe ser modificado.
atejada@diariolibre.com
De Diario Libre
El tema del aborto, o de protección de la vida humana, que son dos cosas diferentes, es controversial y se presta a dogmatismos, pero cualquier persona medianamente racional, estará de acuerdo con que debe ser reglamentado.
El aborto, como se sabe, es la interrupción del embarazo, pero la iglesia católica lo ha llevado hasta la concepción, no dejando ni siquiera un resquicio para aquellos casos que, para una persona razonable, parezcan necesarios.
La posición irracional debe ser rechazada.
La ley es, en realidad, un balance entre valores. Se castiga el valor considerado malo (el homicidio), pero aún estos valores negativos pueden ser positivos, cuando se trate de legítima defensa, en cuyo caso, la ley sopesa el valor del agredido frente al del agresor y otorga el veredicto en favor del agredido.
Existen casos en materia de aborto en que se enfrentan disyuntivas similares: ¿A quién salvar, a la madre o a la hija? Cuando este conflicto se presenta, una persona facultada, el médico, toma la determinación, siempre a favor de la madre, que es el valor vivo frente al "por nacer".
Son cuestiones de orden ético, pero también práctico, que tienen que ser tomadas en cuenta por el legislador.
Y así ha sido, al punto que Italia, país donde tiene su sede el Vaticano, o España, nación de donde nos llega el cristianismo, no tienen en sus constituciones una fórmula como la propuesta en nuestro país, que tendría implicaciones sobre el uso de anticonceptivos y la investigación científica, que nadie, por más católico que sea, puede aceptar.
Ese artículo debe ser modificado.
atejada@diariolibre.com
De Diario Libre
miércoles, 15 de abril de 2009
Declaraciones Diputada Magda Rodríguez ante alusiones del Padre Ruiz
Santiago, 13 abril de 2009
En la pascua:
Proclamamos el valor de la vida de las mujeres
El pasado viernes Santo a propósito del Sermón de las Siete Palabras, el Presbiterio Manuel Ruiz ha señalado que yo y mis colegas diputados Minou Tavárez Mirabal y Víctor Terrero, nos hemos constituido en promotores de la despenalización del aborto en el marco de la Reforma Constitucional.
En la pascua:
Proclamamos el valor de la vida de las mujeres
El pasado viernes Santo a propósito del Sermón de las Siete Palabras, el Presbiterio Manuel Ruiz ha señalado que yo y mis colegas diputados Minou Tavárez Mirabal y Víctor Terrero, nos hemos constituido en promotores de la despenalización del aborto en el marco de la Reforma Constitucional.
Al precisar que la asamblea revisora no constituye el espacio para establecer penalizaciones, sino que es el Código Penal, legislación que también se encuentra en discusión en el congreso de la Republica desde el año 1997.considero importante contextualizar a toda la ciudadanía nuestra posición sobre el tema de la despenalización parcial del aborto terapéutico.
El ejercicio de una función legislativa trae consigo un permanente contacto y escucha a los sectores, personas y grupos organizados de la sociedad en virtud de esta misión democrática de mis responsabilidades así como por nuestra condición de presidenta de la Comisión de Género hemos recibido diversas comisiones que procuran que su voz sea escuchada sobre el tema relativo al aborto.
En ese espíritu hemos recibido las posiciones de personas y grupos que propugnan por una despenalización total del aborto, dejando en manos de la mujer el pleno derecho para decidir sobre esta materia, así como las de aquellos que se oponen de forma radical a que se despenalice la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.
Hasta el presente nuestro rol como legisladora se ha limitado a escuchar a las partes con interés en el tema, incluyendo la de personas que han ido a advertirnos sobre los potenciales riesgos de tomar partido a favor o en contra de los intereses que defienden.
Esto no quiere decir sin embargo que no tengamos nuestro propio punto de vista sobre un tema de transcendental importancia como lo es el aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Me niego a atribuirle al padre Ruiz intenciones de dañar nuestra reputación personal, profesional o como legisladora, pero al implorar a Dios Perdón por la ignorancia de nuestras acciones, nos presenta ante la comunidad nacional, por ende ante nuestros electores, como personas desaprensivas que no tenemos respeto por la vida.
En nuestra condición de legisladora, como médico y mujer de profundas convicciones cristianas preferimos evitar los extremismos o fundamentalismos de cualquier signo. Por eso hemos defendido en privado, y ahora lo hacemos en público, la posición de que se despenalice el aborto terapéutico, es decir, en los casos en que la vida de la madre esté en serio riesgo y cuando el embarazo sea producto de una violación o de una relación incestuosa. En cada uno de estos casos se deberá obtener el consentimiento expreso de la madre.
1. Como partidarias de la vida no somos parte de esfuerzos para Permitir el aborto de forma generalizada y caprichosa, pero también nos parece irresponsable poner en riesgo la vida ya nacida de una mujer, que lleva en su vientre un producto inviable o padece trastornos de salud incompatibles con la condición de embarazada en ocasiones madre de hijos e hijas que requieren de su presencia.
2. Asimismo nos parece oportuno recordar que existen actos de violación a menores, como el publicitado caso de Brasil, donde un embarazo, por demás incestuoso, entraña un grave riesgo de muerte para una niña cuya voluntad ha sido ignorada por algún depredador de ocasión.
3. Con mi posición reitero el compromiso que he asumido de ser una representante fiel de las expectativas y demandas de las mujeres de hacer oír sus voces frente a situaciones que les afectan como la mortalidad materna, la irresponsabilidad parental frente a embarazos fruto de violencias. Y la ausencia de sistemas integrales y redes sociales que las protejan.
4. Quiero aprovechar para hacer un llamado a mis colegas legisladores para que escuchemos el clamor de tantas niñas abusadas por sus parientes y desconocidos a quienes la sociedad y la escuela excluyen por su condición de embarazadas, al imponérsele un embarazo en la adolescencia que puede representar la perdida de su propia vida.
5. Siento que no debemos hacer leyes que no estemos en disposición de cumplir, y yo como madre les digo a quienes me quieran escuchar que si salvar la vida de mi hija implicara interrumpir su embarazo, lo haría porque para mí es una prioridad la vida nacida y desarrollada. Como creyente tengo muy pendiente la responsabilidad de legislar evitando las posiciones fariseas criticadas por Jesús al afirmar: “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas”. Mat.23, 4
Dra. Magda A. Rodríguez Azcona.
Niegan "permiso" al Foro para realizar manifestación hoy miércoles 15 de abril de 2009
La Secretaría de Estado de Interior y Policía rechazó la solicitud para realizar la manifestación programada para el día de hoy, miércoles 15 de abril del 2009, de 2pm a 4pm, frente al Congreso, bajo los supuestos alegatos de que el área está en construcción y "puede poner en peligro a los participantes".
¿El aborto de emergencia, muerte o vida?
Tahira Vargas
14 de abril 2009
El aborto es una práctica social que existe y ha existido en todas las sociedades independientemente de que este condenada o no legalmente.
El ejercicio del aborto no es una práctica placentera. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen contra su propia voluntad, por sus condiciones sociales, culturales o económicas.
En estos momentos se discute la posibilidad de que se haga una reforma en la constitución, en esta propuesta de reforma se incluye el articulo 30 que implica una condena a toda práctica de aborto incluso en casos de emergencia, niña violada, incesto, mujer en riesgo de muerte. Cuando una niña es violada el parto puede significar un gran riesgo de muerte. Esta condición de muerte de la niña tiende a obviarse porque no le importa a los sectores que condenan categóricamente el aborto, se establece como prioridad que el producto de su vientre nazca, aunque ella muera. ¿Realmente estamos defendiendo la vida o la muerte de la niña?
Quienes abogan por todo tipo de prohibición del aborto porque supuestamente “defienden la vida”, defienden la muerte de la niña que ha sido violada por un padrastro, su padre u otro familiar, a sabiendas de que las violaciones de niñas son bastante frecuentes, así como la posibilidad de que queden embarazadas fruto de una violación. En algunos países de America Latina donde está prohibido todo tipo de aborto, se han producido situaciones en las que varias niñas han muerto. ¿Queremos que esto ocurra con nuestras niñas?
En caso de que la niña violada supere su condición de riesgo en el parto y nazca la criatura, esta se convertiría en una madre adolescente, engrosando la gran cantidad de madres adolescentes existentes. Las madres adolescentes de estratos pobres se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad, con poco acceso a mejoras de su calidad de vida. ¿Tiene una niña que se convierte en madre condiciones para garantizar una vida digna para ella y su hijo/a?
¿Cuando se plantea que no importa que la madre muera en un parto porque es más importante que nazca la criatura, realmente esa es una decisión de vida o es una sentencia de muerte?
Además de ser una sentencia de muerte para la madre (no de defensa de su vida) también lo es para sus hijos/as. Si esa madre tiene 2-3 hijos/as más y ella es jefa de hogar, es la única que ofrece el sustento para esa familia, su muerte significa el aumento de riesgo de muerte de sus hijos/as por el deterioro de su calidad de vida. Al someter a la mujer al riesgo de muerte porque queremos salvar a la criatura que va a nacer, estamos condenando a esta criatura a la orfandad y a la incertidumbre en sus condiciones de vida, al igual que a todos sus hermanos/as.
Nacer no garantiza la vida, para que una criatura tenga vida, tienen que producirse una serie de condiciones de: salud, higiene, alimentación, vivienda, educación y fuente de ingresos. Defender la vida no es solo defender que la gente nazca, es defender que los niños y las niñas tengan condiciones para una vida digna sino están expuestos a morir o a “mal vivir”. La pobreza extrema y la miseria suponen un riesgo permanente de muerte.
Las leyes y políticas públicas no pueden ser formuladas pensando solo en matrices religiosas o morales, estas van dirigidas a toda la población independientemente de su credo religioso. La legalización del aborto no ha significado en los países que se aplica un aumento del número de abortos sino todo lo contrario un descenso significativo de estos.
El aborto desciende en la medida en que aumenta la prevención de embarazos no deseados con la implementación de educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos. La iglesia católica prohíbe todo ejercicio de aborto aun cuando este signifique salvarle la vida a una mujer, una adolescente o a una niña, prefiriendo su muerte (por tanto no defienden la vida). Además se contradice porque condena las posibles formas de prevención del aborto como son: educación sexual, uso de condones y métodos anticonceptivos.
Creemos que la despenalización del aborto en casos de emergencia es una medida de vida no de muerte, porque garantiza la vida de niñas violadas, de mujeres en riesgo y de los hijos e hijas de estas mujeres.
14 de abril 2009
El aborto es una práctica social que existe y ha existido en todas las sociedades independientemente de que este condenada o no legalmente.
El ejercicio del aborto no es una práctica placentera. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen contra su propia voluntad, por sus condiciones sociales, culturales o económicas.
En estos momentos se discute la posibilidad de que se haga una reforma en la constitución, en esta propuesta de reforma se incluye el articulo 30 que implica una condena a toda práctica de aborto incluso en casos de emergencia, niña violada, incesto, mujer en riesgo de muerte. Cuando una niña es violada el parto puede significar un gran riesgo de muerte. Esta condición de muerte de la niña tiende a obviarse porque no le importa a los sectores que condenan categóricamente el aborto, se establece como prioridad que el producto de su vientre nazca, aunque ella muera. ¿Realmente estamos defendiendo la vida o la muerte de la niña?
Quienes abogan por todo tipo de prohibición del aborto porque supuestamente “defienden la vida”, defienden la muerte de la niña que ha sido violada por un padrastro, su padre u otro familiar, a sabiendas de que las violaciones de niñas son bastante frecuentes, así como la posibilidad de que queden embarazadas fruto de una violación. En algunos países de America Latina donde está prohibido todo tipo de aborto, se han producido situaciones en las que varias niñas han muerto. ¿Queremos que esto ocurra con nuestras niñas?
En caso de que la niña violada supere su condición de riesgo en el parto y nazca la criatura, esta se convertiría en una madre adolescente, engrosando la gran cantidad de madres adolescentes existentes. Las madres adolescentes de estratos pobres se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad, con poco acceso a mejoras de su calidad de vida. ¿Tiene una niña que se convierte en madre condiciones para garantizar una vida digna para ella y su hijo/a?
¿Cuando se plantea que no importa que la madre muera en un parto porque es más importante que nazca la criatura, realmente esa es una decisión de vida o es una sentencia de muerte?
Además de ser una sentencia de muerte para la madre (no de defensa de su vida) también lo es para sus hijos/as. Si esa madre tiene 2-3 hijos/as más y ella es jefa de hogar, es la única que ofrece el sustento para esa familia, su muerte significa el aumento de riesgo de muerte de sus hijos/as por el deterioro de su calidad de vida. Al someter a la mujer al riesgo de muerte porque queremos salvar a la criatura que va a nacer, estamos condenando a esta criatura a la orfandad y a la incertidumbre en sus condiciones de vida, al igual que a todos sus hermanos/as.
Nacer no garantiza la vida, para que una criatura tenga vida, tienen que producirse una serie de condiciones de: salud, higiene, alimentación, vivienda, educación y fuente de ingresos. Defender la vida no es solo defender que la gente nazca, es defender que los niños y las niñas tengan condiciones para una vida digna sino están expuestos a morir o a “mal vivir”. La pobreza extrema y la miseria suponen un riesgo permanente de muerte.
Las leyes y políticas públicas no pueden ser formuladas pensando solo en matrices religiosas o morales, estas van dirigidas a toda la población independientemente de su credo religioso. La legalización del aborto no ha significado en los países que se aplica un aumento del número de abortos sino todo lo contrario un descenso significativo de estos.
El aborto desciende en la medida en que aumenta la prevención de embarazos no deseados con la implementación de educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos. La iglesia católica prohíbe todo ejercicio de aborto aun cuando este signifique salvarle la vida a una mujer, una adolescente o a una niña, prefiriendo su muerte (por tanto no defienden la vida). Además se contradice porque condena las posibles formas de prevención del aborto como son: educación sexual, uso de condones y métodos anticonceptivos.
Creemos que la despenalización del aborto en casos de emergencia es una medida de vida no de muerte, porque garantiza la vida de niñas violadas, de mujeres en riesgo y de los hijos e hijas de estas mujeres.
Legisladores, no se acobarden
Rosario Espinal
martes, 14 de abril de 2009
Soy defensora de las creencias religiosas, y si algún día la libertad de culto estuviera en riesgo en la sociedad dominicana, la defendería incondicionalmente porque lo espiritual es profundamente humano.
Pero también defiendo la democracia por ser el sistema que mejor garantiza los derechos civiles de la ciudadanía.
Por eso en el último año he escrito varios artículos sobre el derecho al aborto en determinadas circunstancias.
La iglesia católica se opone y decidió utilizar el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo para arremeter contra legisladores que han apoyado la modificación del Artículo 30 de la reforma constitucional, que haría inconstitucional cualquier legislación que legalice algún tipo de aborto.
Todas las iglesias tienen derecho a predicar a sus feligreses lo que consideren moralmente apropiado. Pero en una sociedad democrática no tienen derecho a imponer sus creencias a toda la población, y mucho menos, establecer los parámetros de las leyes y políticas públicas mediante presión política.
La historia de la humanidad registra una secuencia de guerras y conflictos motivados por enfrentamientos religiosos e intentos de algunas religiones de imponer sus criterios.
La inquisición atestigua los horrores de la iglesia católica en un momento de su historia, y el fundamentalismo musulmán mantiene el mundo en jaque actualmente por los actos terroristas que justifican como misión divina.
Llegar a la modernidad significó enfrentar monarcas y jerarcas en la Europa Medieval, y el Siglo XVIII se conoce como el Siglo de las Luces, porque avanzó la idea de que con la razón humana era posible combatir la ignorancia, el dogmatismo y la tiranía.
Las sociedades se abrieron entonces al desarrollo de las ciencias y a la democracia.
Siempre es difícil discrepar de líderes religiosos porque el sufrimiento y la muerte apegan muchos seres humanos a las religiones, y sus representantes adquieren un poder inconmensurable sobre la gente.
Por eso también, cuando una iglesia enfila su crítica hacia figuras gubernamentales como los legisladores para que se restrinjan derechos, la acción constituye una peligrosa intromisión en los asuntos del Estado.
En sistemas teocráticos, como algunos musulmanes, estas acciones se imponen porque la población vive reprimida, y además, se produce una fusión de lo religioso y lo político.
Pero en un sistema democrático, como se supone existe en la República Dominicana, la injerencia de las iglesias en el Estado no debería producirse, mucho menos para restringir derechos como sucede con la petición de una absoluta prohibición del aborto.
Los representantes de la Iglesia Católica saben que el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre no es un pecado porque Dios es amor, no despotismo.
Así lo deja entrever el presidente de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano, Rino Fisichella, en un artículo publicado el 15 de marzo en L’Osservatore Romano, a propósito de la decisión de un arzobispo brasileño de excomulgar una niña de 9 años, violada por su tío y en condiciones de salud precaria, a quien le hicieron un aborto.
En República Dominicana es importante que los legisladores resistan las intimidaciones que empujan hacia un sistema legal despótico que impediría el aborto en todas las circunstancias.
La posición humanitaria que debe expresar la legislación es permitirlo en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre; y para lograrlo, hay que modificar el Artículo 30 de la reforma constitucional.
A la diputada Minou Tavárez Mirabal, una de las enjuiciadas en las Siete Palabras por defender el derecho al aborto en circunstancias especiales, le digo: tu madre y tus tías murieron en manos de los asesinos trujillistas por soñar la democracia. No desmayes.
Estos son otros tiempos y otras luchas, pero la esencia es la misma: la defensa de los derechos ciudadanos.
Legisladores, no se acobarden. Modifiquen el Artículo 30 de la reforma constitucional y aprueben el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre en el Código Penal.
martes, 14 de abril de 2009
Soy defensora de las creencias religiosas, y si algún día la libertad de culto estuviera en riesgo en la sociedad dominicana, la defendería incondicionalmente porque lo espiritual es profundamente humano.
Pero también defiendo la democracia por ser el sistema que mejor garantiza los derechos civiles de la ciudadanía.
Por eso en el último año he escrito varios artículos sobre el derecho al aborto en determinadas circunstancias.
La iglesia católica se opone y decidió utilizar el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo para arremeter contra legisladores que han apoyado la modificación del Artículo 30 de la reforma constitucional, que haría inconstitucional cualquier legislación que legalice algún tipo de aborto.
Todas las iglesias tienen derecho a predicar a sus feligreses lo que consideren moralmente apropiado. Pero en una sociedad democrática no tienen derecho a imponer sus creencias a toda la población, y mucho menos, establecer los parámetros de las leyes y políticas públicas mediante presión política.
La historia de la humanidad registra una secuencia de guerras y conflictos motivados por enfrentamientos religiosos e intentos de algunas religiones de imponer sus criterios.
La inquisición atestigua los horrores de la iglesia católica en un momento de su historia, y el fundamentalismo musulmán mantiene el mundo en jaque actualmente por los actos terroristas que justifican como misión divina.
Llegar a la modernidad significó enfrentar monarcas y jerarcas en la Europa Medieval, y el Siglo XVIII se conoce como el Siglo de las Luces, porque avanzó la idea de que con la razón humana era posible combatir la ignorancia, el dogmatismo y la tiranía.
Las sociedades se abrieron entonces al desarrollo de las ciencias y a la democracia.
Siempre es difícil discrepar de líderes religiosos porque el sufrimiento y la muerte apegan muchos seres humanos a las religiones, y sus representantes adquieren un poder inconmensurable sobre la gente.
Por eso también, cuando una iglesia enfila su crítica hacia figuras gubernamentales como los legisladores para que se restrinjan derechos, la acción constituye una peligrosa intromisión en los asuntos del Estado.
En sistemas teocráticos, como algunos musulmanes, estas acciones se imponen porque la población vive reprimida, y además, se produce una fusión de lo religioso y lo político.
Pero en un sistema democrático, como se supone existe en la República Dominicana, la injerencia de las iglesias en el Estado no debería producirse, mucho menos para restringir derechos como sucede con la petición de una absoluta prohibición del aborto.
Los representantes de la Iglesia Católica saben que el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre no es un pecado porque Dios es amor, no despotismo.
Así lo deja entrever el presidente de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano, Rino Fisichella, en un artículo publicado el 15 de marzo en L’Osservatore Romano, a propósito de la decisión de un arzobispo brasileño de excomulgar una niña de 9 años, violada por su tío y en condiciones de salud precaria, a quien le hicieron un aborto.
En República Dominicana es importante que los legisladores resistan las intimidaciones que empujan hacia un sistema legal despótico que impediría el aborto en todas las circunstancias.
La posición humanitaria que debe expresar la legislación es permitirlo en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre; y para lograrlo, hay que modificar el Artículo 30 de la reforma constitucional.
A la diputada Minou Tavárez Mirabal, una de las enjuiciadas en las Siete Palabras por defender el derecho al aborto en circunstancias especiales, le digo: tu madre y tus tías murieron en manos de los asesinos trujillistas por soñar la democracia. No desmayes.
Estos son otros tiempos y otras luchas, pero la esencia es la misma: la defensa de los derechos ciudadanos.
Legisladores, no se acobarden. Modifiquen el Artículo 30 de la reforma constitucional y aprueben el aborto en casos de violación sexual y riesgos de vida para la madre en el Código Penal.
martes, 14 de abril de 2009
López Rodríguez y su extraña defensa de la vida
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez ha marcado a fuego a la Iglesia Católica dominicana. Enérgico, sin pelos en la lengua, no ha dejado títere con cabeza, no por lo menos aquellos que lo desagradan.
Con frecuencia contradiciendo la imagen de sentido común que la gente tiene del cristiano, el Cardenal ha pronunciado juicios que en tiempos en los que la tolerancia es bandera, suelen poner los pelos de punta a quienes temen la aceleración de regresiones, obvias ya en más de un plano de la vida social, política y económica dominicana.
Por ejemplo, mientras el mundo sensato condena los fundamentalismos de toda laya y procedencia, López Rodríguez se regodea en ellos prevalecido en la autoridad de su mitra. Saltándose los esfuerzos por hacer racional y fundamentada en las leyes la lucha contra la delincuencia que perturba la paz ciudadana, él ha abogado por aplicar la bíblica ley del talión.
En esa línea, el 16 de febrero de 2008 exhortó a la Policía a no tener “contemplaciones piadosas” con los delincuentes, amparado en el criterio de que los derechos de las víctimas no deben subordinarse a los de los victimarios.
“(…) si la gente que anda ejerciendo delincuencia no entiende eso, bueno, entonces habrá que enfrentarlos con sus mismos métodos” dijo en alusión a las ejecuciones estrajudiciales que habían ocurrido en días cercanos al de sus declaraciones.
“Porque ellos no tienen más derechos humanos que las víctimas; el delincuente que mata no tiene más derecho humano que su víctima”, reiteró para dejar sentdo que si el delincuente mata no hay por qué preservarle el derecho a la vida.
Coherente, se opuso también al desarme de la población civil con el que Franklin Almeyda, secretario de Interior y Policía, amagó y no dio en noviembre del año pasado.
“No es el momento adecuado para una campaña de este tipo. Si las autoridades no tienen todavía la capacidad para dar una respuesta adecuada, en ese caso el derecho a la legítima defensa nadie lo puede discutir”, afirmó López Rodríguez el 28 de noviembre, reivindicando nuevamente el derecho a matar de los agredidos por la delincuencia, sean policías o particulares.
El 26 de febrero, en plena Cuaresma, el Cardenal insistió en la necesidad de actuar sin “condescendencia” con los malhechores que tienen al país de “mojiganga” haciendo cuantas tropelías les venga en ganas.
Declaraciones de este tenor pueden citarse muchas, porque López Rodríguez no se anda con paños tibios. Contrastan estas declaraciones, sin embargo, con las también tremendistas ofrecidas este Domingo de Pascuas en defensa ardorosa de la vida del cigoto o feto.
El Cardenal, que no se ruboriza de su estímulo a la Policía a matar “delincuentes” y que reclama como un derecho de los civiles el hacer justicia con sus propias manos, tilda de “carniceros” y “criminales” a los médicos que privilegian la vida de la madre cuando el producto de la gestación la pone en peligro.
“Nunca jamás cederé un ápice en este punto, pues para mi es una perversión, una iniquidad, es un crimen absolutamente injustificable”, dijo el prelado para quien, al parecer, hay vidas que no merecen ser medidas con la misma vara, entre ellas las 500 de presuntos delincuentes que se han perdido en “enfrentamientos” con policías.
Margarita Cordero
Se pasaron
Con el Sermón de las Siete Palabras de este Viernes Santo, la Iglesia católica escaló su estrategia de chantaje político a niveles que recuerdan la época de Láutico García y los golpistas eclesiales del 63. De un tiempo acá parece que no han bastado las tradicionales presiones a los legisladores, los regaños habituales desde el púlpito de la Catedral, la manipulación tras bastidores de líderes políticos, las negociaciones de aposento con autoridades.
Es la impresión que tengo porque en los últimos meses los funcionarios católicos se muestran cada vez más nerviosos con el asunto de la despenalización parcial: sus pronunciamientos se han vuelto más amenazadores, sus críticas al gobierno han ido in crescendo, la campaña antiaborto alcanza ribetes de obsesión. La estrategia eclesiástica de intimidación política pareció culminar hace unos días con las declaraciones de Benedicto sobre la corrupción y otros vicios gubernamentales. Es decir, como hasta ahora Leonel no ha inclinado la cerviz, bajándole públicamente una línea antiaborto a sus legisladores -como sí lo hicieron en su momento el PRD y el PRSC- la Iglesia decidió darle a probar lo que le espera si no recapacita.
Pero parece que lo de Benedicto tampoco fue suficiente y de ahí el ataque personal a Minou Tavárez Mirabal, Magda Rodríguez y Víctor Terrero Encarnación. Contrario a lo que quiere aparentar, la arremetida del viernes contra estos legisladores –al igual que la bomba de Benedicto- no es expresión de fortaleza sino de debilidad. Y bien harían los políticos dominicanos en entender esto, tanto los que ya claudicaron públicamente como los que con gran valentía siguen defendiendo sus principios. Porque hay que estar claros: esto no es asunto de quién está a favor de la despenalización parcial (la abrumadora mayoría de los legisladores), sino de quién tiene la entereza de decirlo en voz alta. Y estos tres legisladores han estado dando cátedra de honestidad, firmeza y coraje en la defensa de sus convicciones. Por eso la amonestación pública, que además sirve de advertencia a los demás funcionarios electos de lo que les espera a quienes osen desobedecer las órdenes de la jerarquía eclesial.
Escuchando las Siete Palabras de ayer yo me preguntaba, ¿qué porcentaje de la población dominicana dejaría morir a la hermana/hija/esposa/amiga a la que se le diagnostica una complicación de salud cuya solución es incompatible con la continuación de un embarazo? ¿Qué proporción obligaría a una niña de nueve años preñada de gemelos por un padrastro violador a llevar a término ese embarazo, como recientemente intentaron hacer los obispos brasileños? ¿Cuántos insistirían en que la mujer cuya sonografía muestra un feto anencefálico continúe inútilmente su embarazo durante cuatro meses más, para que al final le hagan una cesárea (cirugía mayor, con todos sus riesgos), a sabiendas de que el recién nacido no sobreviviría más de unas horas, como en efecto ocurrió en una maternidad pública dominicana el año pasado?
Y me preguntaba yo, no ya cuantos ciudadanos, ni siquiera cuántos feligreses, sino cuántos curasestarán realmente de acuerdo con la postura de la Iglesia Católica que obliga a tales cosas so pena de excomunión y cuántos, por el contrario, usarían la privacidad del confesionario para dispensar a sus fieles de esta regla insensata (por no decir criminal, como en efecto se puede argumentar).
La indignación generalizada que suscitaron el caso de la niña brasileña y las declaraciones de Benedicto XVI en África sobre el uso del condón, muestran que las posiciones oficiales del Vaticano están cada vez más divorciadas de la opinión pública mundial, aún la de los países de mayoría católica. ¿Cómo convencer a la ciudadanía -o aún a su propia feligresía- de la superioridad moral de la norma que obliga a una mujer enferma a morir antes que abortar, o la que prohíbe el uso del condón en medio de una epidemia de SIDA que mata millones cada año?
La respuesta es que la ortodoxia vaticana logra convencer cada vez a menos personas, como muestran las encuestas de opinión realizadas en numerosos países de mayoría católica. Según los sondeos de Católicas por el Derecho a Decidir y otras entidades, por ejemplo, sólo una minoría de católicos latinoamericanos está de acuerdo con las posiciones de la Iglesia frente a la anticoncepción, el aborto terapéutico, el uso de condones para la prevención del VIH, el divorcio, la educación sexual escolar y otros asuntos. Un sondeo reciente muestra que el 90% de los católicos de México, 86% de Irlanda, 79% de Estados Unidos, 77% de Filipinas y 59% de Ghana apoya el uso de condones. Después del fiasco de Benedicto en África, el 43% de los católicos franceses fue más lejos y se mostró a favor de la renuncia del Papa.
La Iglesia dominicana sabe que, cuando se le explica honestamente, la mayoría de la población noapoya su posición frente al aborto terapéutico. Por eso se cuida mucho de mantener el discurso de la ‘defensa de la vida’ al nivel de abstracciones y frasecitas bonitas, evitando a toda costa entrar en detalles que puedan conducir a percepciones de extremismo moral o fanatismo religioso. Por eso, ante el temor de haber perdido la batalla en la opinión pública, concentra sus esfuerzos en la intimidación y el chantaje político.
Todo lo cual me hace pensar en el 63 y en las ironías de la historia. Que la misma Iglesia de Láutico esté atacando otra vez a un gobierno del partido de Bosch por mantener (o al menos eso esperamos) una postura progresista en materia social. Que la misma Iglesia que durante casi treinta años apoyó incondicionalmente al asesino de su mamá, ahora quiera crucificar políticamente a Minou...
En fin. Ahora hay que esperar las reacciones de los diversos sectores que inciden en la vida política nacional, todos los cuales se proclaman defensores de la libertad y demócratas a carta cabal. Vamos a ver cuántos y cuáles de ellos van a dar la cara tras este grosero atentado contra la institucionalidad democrática. El PLD, en particular, no debiera claudicar: tiene una deuda histórica que saldarle a Juan Bosch.
Denise Paiewonsky
12 de abril, 2009
Es la impresión que tengo porque en los últimos meses los funcionarios católicos se muestran cada vez más nerviosos con el asunto de la despenalización parcial: sus pronunciamientos se han vuelto más amenazadores, sus críticas al gobierno han ido in crescendo, la campaña antiaborto alcanza ribetes de obsesión. La estrategia eclesiástica de intimidación política pareció culminar hace unos días con las declaraciones de Benedicto sobre la corrupción y otros vicios gubernamentales. Es decir, como hasta ahora Leonel no ha inclinado la cerviz, bajándole públicamente una línea antiaborto a sus legisladores -como sí lo hicieron en su momento el PRD y el PRSC- la Iglesia decidió darle a probar lo que le espera si no recapacita.
Pero parece que lo de Benedicto tampoco fue suficiente y de ahí el ataque personal a Minou Tavárez Mirabal, Magda Rodríguez y Víctor Terrero Encarnación. Contrario a lo que quiere aparentar, la arremetida del viernes contra estos legisladores –al igual que la bomba de Benedicto- no es expresión de fortaleza sino de debilidad. Y bien harían los políticos dominicanos en entender esto, tanto los que ya claudicaron públicamente como los que con gran valentía siguen defendiendo sus principios. Porque hay que estar claros: esto no es asunto de quién está a favor de la despenalización parcial (la abrumadora mayoría de los legisladores), sino de quién tiene la entereza de decirlo en voz alta. Y estos tres legisladores han estado dando cátedra de honestidad, firmeza y coraje en la defensa de sus convicciones. Por eso la amonestación pública, que además sirve de advertencia a los demás funcionarios electos de lo que les espera a quienes osen desobedecer las órdenes de la jerarquía eclesial.
Escuchando las Siete Palabras de ayer yo me preguntaba, ¿qué porcentaje de la población dominicana dejaría morir a la hermana/hija/esposa/amiga a la que se le diagnostica una complicación de salud cuya solución es incompatible con la continuación de un embarazo? ¿Qué proporción obligaría a una niña de nueve años preñada de gemelos por un padrastro violador a llevar a término ese embarazo, como recientemente intentaron hacer los obispos brasileños? ¿Cuántos insistirían en que la mujer cuya sonografía muestra un feto anencefálico continúe inútilmente su embarazo durante cuatro meses más, para que al final le hagan una cesárea (cirugía mayor, con todos sus riesgos), a sabiendas de que el recién nacido no sobreviviría más de unas horas, como en efecto ocurrió en una maternidad pública dominicana el año pasado?
Y me preguntaba yo, no ya cuantos ciudadanos, ni siquiera cuántos feligreses, sino cuántos curasestarán realmente de acuerdo con la postura de la Iglesia Católica que obliga a tales cosas so pena de excomunión y cuántos, por el contrario, usarían la privacidad del confesionario para dispensar a sus fieles de esta regla insensata (por no decir criminal, como en efecto se puede argumentar).
La indignación generalizada que suscitaron el caso de la niña brasileña y las declaraciones de Benedicto XVI en África sobre el uso del condón, muestran que las posiciones oficiales del Vaticano están cada vez más divorciadas de la opinión pública mundial, aún la de los países de mayoría católica. ¿Cómo convencer a la ciudadanía -o aún a su propia feligresía- de la superioridad moral de la norma que obliga a una mujer enferma a morir antes que abortar, o la que prohíbe el uso del condón en medio de una epidemia de SIDA que mata millones cada año?
La respuesta es que la ortodoxia vaticana logra convencer cada vez a menos personas, como muestran las encuestas de opinión realizadas en numerosos países de mayoría católica. Según los sondeos de Católicas por el Derecho a Decidir y otras entidades, por ejemplo, sólo una minoría de católicos latinoamericanos está de acuerdo con las posiciones de la Iglesia frente a la anticoncepción, el aborto terapéutico, el uso de condones para la prevención del VIH, el divorcio, la educación sexual escolar y otros asuntos. Un sondeo reciente muestra que el 90% de los católicos de México, 86% de Irlanda, 79% de Estados Unidos, 77% de Filipinas y 59% de Ghana apoya el uso de condones. Después del fiasco de Benedicto en África, el 43% de los católicos franceses fue más lejos y se mostró a favor de la renuncia del Papa.
La Iglesia dominicana sabe que, cuando se le explica honestamente, la mayoría de la población noapoya su posición frente al aborto terapéutico. Por eso se cuida mucho de mantener el discurso de la ‘defensa de la vida’ al nivel de abstracciones y frasecitas bonitas, evitando a toda costa entrar en detalles que puedan conducir a percepciones de extremismo moral o fanatismo religioso. Por eso, ante el temor de haber perdido la batalla en la opinión pública, concentra sus esfuerzos en la intimidación y el chantaje político.
Todo lo cual me hace pensar en el 63 y en las ironías de la historia. Que la misma Iglesia de Láutico esté atacando otra vez a un gobierno del partido de Bosch por mantener (o al menos eso esperamos) una postura progresista en materia social. Que la misma Iglesia que durante casi treinta años apoyó incondicionalmente al asesino de su mamá, ahora quiera crucificar políticamente a Minou...
En fin. Ahora hay que esperar las reacciones de los diversos sectores que inciden en la vida política nacional, todos los cuales se proclaman defensores de la libertad y demócratas a carta cabal. Vamos a ver cuántos y cuáles de ellos van a dar la cara tras este grosero atentado contra la institucionalidad democrática. El PLD, en particular, no debiera claudicar: tiene una deuda histórica que saldarle a Juan Bosch.
Denise Paiewonsky
12 de abril, 2009
jueves, 26 de marzo de 2009
Unicef pide a población dominicana decidir sobre el aborto
Considera que en toda la región hay partos ilegales y que criminalizar la interrupción del embarazo solo empuja a las mujeres a centros ilegales
El tema del aborto ha concentrado fuertes debates en el Congreso
SANTO DOMINGO.- El director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, pidió hoy a la sociedad dominicana decidir sobre el aborto, prohibido en el país, e instó a participar en los eventuales debates que sobre el tema pudieran hacer los congresistas en la modificación de la Constitución local.
Kastberg dijo que en toda la región hay partos ilegales y que criminalizar el aborto sólo empuja a las mujeres a centros ilegales con escasas condiciones para realizar ésta práctica.
El tema del aborto fue debatido hace pocos años en República Dominicana, cuando los congresistas mantuvieron la prohibición ante la presión de grupos conservadores.
Los congresistas locales iniciaron ayer las discusiones para modificar la Constitución del país a través de un proyecto sometido por el Poder Ejecutivo.
El diplomático sueco dijo que aunque cada país debe decidir sobre este asunto, la sociedad dominicana está ante un escenario "importante" para tratar el tema en el que deberán participar todos sectores de la sociedad.
Según el representante regional de Unicef, parte del alto nivel de mortalidad materna en latinoamérica se debe a la hipocresía alrededor de este asunto.
Datos ofrecidos por Kastberg refieren que el 21% de los 220.000 partos anuales que se registran el país son de menores de 18 años, uno de los porcentajes mas altos del mundo, según dijo.
"En nuestra región tenemos el récord mundial de la abuela de 26 años, no son récords mundiales de los cuales nos sentimos orgullosos. Nos están demostrado que éstos es hereditario si no logramos pararlo a tiempo", señaló.
El diplomático subrayó la necesidad de una temprana educación sexual para evitar abusos contra menores y dijo que le causa "horror" el tema de la abstención sexual, en especial, cuando observa los altos niveles de abusos sexuales cometidos en contra de éstos en la misma iglesia.
"Hoy en día hay que empezar a decir a una niña a los tres años que si un hombre la quiere tocar tiene que decir que no. Si usted no se lo dice ella está en un alto riesgo", dijo.
Igualmente, el representante regional de Unicef pidió a los legisladores locales tomar en cuenta la problemática de las niñez del país en la modificación de la Constitución local.
"Quisiera un debate político en el que protejamos a nuestra niños de un modo mucho mas eficiente que el que hemos hecho hasta ahora", dijo Kastberg, quien ayer trató el tema con el presidente del Senado, Reinaldo Pared; y con el de los Diputados, Julio César Valentín.
Kastberg criticó la baja inversión que realiza la República Dominicana en sectores como educación y salud, una de las más baja de la región.
Indicó que los niveles de inversión en educación y salud en el país "no sólo tienen un problema de volumen si no un rezago de décadas".
"No es solo un problema de este Gobierno o de este Congreso son de todos los congresos anteriores", subrayó Kastberg, quien también pidió a las autoridades dar garantías para el registro de nacimiento de los menores de edad.
De EFE
El tema del aborto ha concentrado fuertes debates en el Congreso
SANTO DOMINGO.- El director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, pidió hoy a la sociedad dominicana decidir sobre el aborto, prohibido en el país, e instó a participar en los eventuales debates que sobre el tema pudieran hacer los congresistas en la modificación de la Constitución local.
Kastberg dijo que en toda la región hay partos ilegales y que criminalizar el aborto sólo empuja a las mujeres a centros ilegales con escasas condiciones para realizar ésta práctica.
El tema del aborto fue debatido hace pocos años en República Dominicana, cuando los congresistas mantuvieron la prohibición ante la presión de grupos conservadores.
Los congresistas locales iniciaron ayer las discusiones para modificar la Constitución del país a través de un proyecto sometido por el Poder Ejecutivo.
El diplomático sueco dijo que aunque cada país debe decidir sobre este asunto, la sociedad dominicana está ante un escenario "importante" para tratar el tema en el que deberán participar todos sectores de la sociedad.
Según el representante regional de Unicef, parte del alto nivel de mortalidad materna en latinoamérica se debe a la hipocresía alrededor de este asunto.
Datos ofrecidos por Kastberg refieren que el 21% de los 220.000 partos anuales que se registran el país son de menores de 18 años, uno de los porcentajes mas altos del mundo, según dijo.
"En nuestra región tenemos el récord mundial de la abuela de 26 años, no son récords mundiales de los cuales nos sentimos orgullosos. Nos están demostrado que éstos es hereditario si no logramos pararlo a tiempo", señaló.
El diplomático subrayó la necesidad de una temprana educación sexual para evitar abusos contra menores y dijo que le causa "horror" el tema de la abstención sexual, en especial, cuando observa los altos niveles de abusos sexuales cometidos en contra de éstos en la misma iglesia.
"Hoy en día hay que empezar a decir a una niña a los tres años que si un hombre la quiere tocar tiene que decir que no. Si usted no se lo dice ella está en un alto riesgo", dijo.
Igualmente, el representante regional de Unicef pidió a los legisladores locales tomar en cuenta la problemática de las niñez del país en la modificación de la Constitución local.
"Quisiera un debate político en el que protejamos a nuestra niños de un modo mucho mas eficiente que el que hemos hecho hasta ahora", dijo Kastberg, quien ayer trató el tema con el presidente del Senado, Reinaldo Pared; y con el de los Diputados, Julio César Valentín.
Kastberg criticó la baja inversión que realiza la República Dominicana en sectores como educación y salud, una de las más baja de la región.
Indicó que los niveles de inversión en educación y salud en el país "no sólo tienen un problema de volumen si no un rezago de décadas".
"No es solo un problema de este Gobierno o de este Congreso son de todos los congresos anteriores", subrayó Kastberg, quien también pidió a las autoridades dar garantías para el registro de nacimiento de los menores de edad.
De EFE
martes, 24 de marzo de 2009
Vaticano no condena aborto terapéutico
Está en contra del aborto como medio de control de la natalidad
Federico Lombardi, portavoz Vaticano
LUANDA.- El Vaticano no condena el aborto terapéutico siempre que la curación de la madre enferma suponga inevitablemente la muerte del hijo y el Papa no ha dicho en Luanda que haya que rechazarlo, afirmó hoy el portavoz vaticano, Federico Lombardi.
"Benedicto XVI no ha dicho que haya que rechazar el aborto indirecto (terapéutico), sólo se ha expresado contra los programas de salud reproductiva que defienden el aborto como medio de control de la natalidad", afirmó Lombardi, saliendo al paso de informaciones publicadas por algunos medios de prensa en ese sentido.
Lombardi agregó que la Iglesia prefiere hablar de aborto indirecto más que terapéutico y que cada caso es diferente y que lo que rechazan son aquellos "en los que se elimina directamente a un inocente".
En la moral de la Iglesia se habla siempre de aborto indirecto en vez de terapéutico cuando se da el caso de una enfermedad grave de la madre que la pone en peligro de vida y la curación puede implicar la muerte del hijo", manifestó Lombardi.
En su discurso de ayer ante el presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, y el cuerpo diplomático, Benedicto XVI denunció que es una "ironía" el que se incluya el aborto como una acción de "salud materna".
"Que desconcertante es la tesis de los que consideran que la supresión de la vida sería una cuestión de salud reproductiva", precisó, a la vez que en el discurso se hacía referencia al artículo 11 del Protocolo de Maputo.
Lombardi manifestó hoy que el Protocolo de Maputo es un documento sobre los derechos de la mujer en África y que muchos puntos del mismo son "muy buenos" y compartidos por el Vaticano, entre ellos el rechazo de la mutilación genital de la mujer y la libertad de matrimonio.
El Vaticano no está de acuerdo, precisó Lombardi, en el artículo (el 14) en el que se habla de salud materna y reproductiva. Según el portavoz, a través de ese concepto en documentos internacionales se promueve el uso del aborto como medio para controlar la natalidad y se contempla el aborto asistido para evitar los riesgos de los clandestinos.
De EFE
Federico Lombardi, portavoz Vaticano
LUANDA.- El Vaticano no condena el aborto terapéutico siempre que la curación de la madre enferma suponga inevitablemente la muerte del hijo y el Papa no ha dicho en Luanda que haya que rechazarlo, afirmó hoy el portavoz vaticano, Federico Lombardi.
"Benedicto XVI no ha dicho que haya que rechazar el aborto indirecto (terapéutico), sólo se ha expresado contra los programas de salud reproductiva que defienden el aborto como medio de control de la natalidad", afirmó Lombardi, saliendo al paso de informaciones publicadas por algunos medios de prensa en ese sentido.
Lombardi agregó que la Iglesia prefiere hablar de aborto indirecto más que terapéutico y que cada caso es diferente y que lo que rechazan son aquellos "en los que se elimina directamente a un inocente".
En la moral de la Iglesia se habla siempre de aborto indirecto en vez de terapéutico cuando se da el caso de una enfermedad grave de la madre que la pone en peligro de vida y la curación puede implicar la muerte del hijo", manifestó Lombardi.
En su discurso de ayer ante el presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, y el cuerpo diplomático, Benedicto XVI denunció que es una "ironía" el que se incluya el aborto como una acción de "salud materna".
"Que desconcertante es la tesis de los que consideran que la supresión de la vida sería una cuestión de salud reproductiva", precisó, a la vez que en el discurso se hacía referencia al artículo 11 del Protocolo de Maputo.
Lombardi manifestó hoy que el Protocolo de Maputo es un documento sobre los derechos de la mujer en África y que muchos puntos del mismo son "muy buenos" y compartidos por el Vaticano, entre ellos el rechazo de la mutilación genital de la mujer y la libertad de matrimonio.
El Vaticano no está de acuerdo, precisó Lombardi, en el artículo (el 14) en el que se habla de salud materna y reproductiva. Según el portavoz, a través de ese concepto en documentos internacionales se promueve el uso del aborto como medio para controlar la natalidad y se contempla el aborto asistido para evitar los riesgos de los clandestinos.
De EFE
Frei Betto y aborto
Aunque soy contrario al aborto, admito su discriminalización en ciertos casos, como el de estupro, y no apoyo la postura del arzobispo de Olinda y Recife al exigir que una niña de 9 años asuma una gravidez indeseada con el grave riesgo de su sobrevivencia física (pues la síquica ya ha sido dañada) y llegar a excomulgar a los que la ayuden a interrumpirla.
A lo largo de la historia la Iglesia Católica nunca llegó a tener una postura unánime y definitiva con respecto al aborto. Osciló entre condenarlo radicalmente o admitirlo en ciertas fases de la gravidez. Detrás de esa diferencia de opiniones se sitúa la discusión acerca de cuál es el momento en que el feto puede ser considerado humano. Hasta hoy ni la ciencia ni la teología tienen la respuesta exacta. La cuestión permanece abierta.
San Agustín (s. 4º) admite que sólo a partir del día 40 después de la fecundación se puede hablar de persona. Santo Tomás de Aquino (s. 13) reafirma no reconocer como humano el embrión que todavía no tiene 40 días, que es cuando le es infundida el 'alma racional'.
Esta posición se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia a partir del concilio de Trento (s. 16). Pero fue contestada por algunos teólogos que, basados en la autoridad de Tertuliano (s. 3º) y de san Alberto Magno (s. 13), defienden la hominización inmediata, o sea que desde la fecundación ya se trata de un ser humano en proceso. Esta tesis fue asumida por la encíclica Apostolica Sedis (1869), en la cual el Papa Pío IX condena toda y cualquier interrupción voluntaria del embarazo.
En el siglo 20 se introdujo la discusión entre aborto directo e indirecto. Roma pasó a admitir el aborto indirecto en caso de embarazo tubárico o de cáncer de útero. Pero no admite el aborto directo ni siquiera en caso de estupro.
Bernhard Haering, afamado moralista católico, admite el aborto cuando se trata de preservar el útero para futuras gestaciones o si el daño moral y sicológico causado por el estupro imposibilita el aceptar la gravidez. Es lo que la teología moral denomina ignorancia invencible. La Iglesia no tiene el derecho de exigir a sus fieles actitudes heroicas.
Roma está contra el aborto por considerarlo la supresión voluntaria de una vida humana. Principio que no siempre la Iglesia aplicó con igual rigor a otras esferas, pues defendió el derecho a que los países adoptaran la pena de muerte, la legitimidad de la 'guerra justa' y la revolución popular en caso de tiranía prolongada e inamovible por otros medios (Populorum Progresio).
Aunque la Iglesia defienda la sacralidad de la vida del embrión en potencia a partir de la fecundación, nunca comparó el aborto con el crimen de infanticidio, ni prescribe rituales fúnebres o el bautismo in extremis para los fetos abortados.
Para la genética, el feto es humano a partir de la segmentación. Para la ginecología-obstetricia, desde la anidación. Para la neurofisiología, sólo cuando se forma el cerebro. Y para la sicosociología, cuando se da una relación personalizada. O sea que la ciencia carece de consenso en cuanto al comienzo de la vida humana.
Comparto la opinión de que, ya desde la fecundación, hay vida con destino humano y por tanto histórico. Desde la óptica cristiana la dignidad de un ser no deriva de lo que es sino de lo que puede llegar a ser. Por eso el cristianismo defiende los derechos inalienables de quienes están situados en el último peldaño de la escala humana y social.
Pero el debate sobre si el ser embrionario merece o no reconocimiento de su dignidad no debe inducir a un moralismo intolerante, que ignora el drama de las mujeres que optan por el aborto por razones que no son de mero egoísmo o conveniencia social, tal como es el caso de la niña de Recife.
Si los moralistas estuvieran sinceramente contra el aborto lucharían para que no se hiciese necesario y todos pudieran nacer en condiciones sociales seguras. Ahora bien, lo más cómodo es exigir que se mantenga la penalización del aborto. ¿Y por qué no se penaliza el latifundio improductivo, y tantas otras causas que en el Brasil llevan a la muerte cada año a casi 21 de cada 1000 niños que aún no llegaron a los 12 meses de vida?
"En el plano de los principios -declaró el obispo Duchène, entonces presidente de la Comisión Episcopal Francesa para la Familia- recuerdo que todo aborto es la supresión de un ser humano. No podemos olvidarlo. Pero no quiero suplantar a los médicos que reflexionaron despacio sobre este asunto en su alma y su conciencia y que, enfrentados a una desgracia aparentemente sin remedio, tratan de aliviarla de la mejor manera, aún con el riesgo de equivocarse" (La Croix 31-3-1979).
El caso de Recife exige un análisis profundo acerca de los derechos del embrión y de la gestante, el castigo severo de los estupros y de la violencia sexual en el seno de la familia, y de los casos de pedofilia en el interior de la Iglesia y, sobre todo, cómo prescribir medidas concretas que socialmente lleguen a hacer innecesario el aborto.
(*) Teólogo, escritor, autor junto con L.F. Veríssssimo de "El desafío ético" y de otros libros. Brasil.
A lo largo de la historia la Iglesia Católica nunca llegó a tener una postura unánime y definitiva con respecto al aborto. Osciló entre condenarlo radicalmente o admitirlo en ciertas fases de la gravidez. Detrás de esa diferencia de opiniones se sitúa la discusión acerca de cuál es el momento en que el feto puede ser considerado humano. Hasta hoy ni la ciencia ni la teología tienen la respuesta exacta. La cuestión permanece abierta.
San Agustín (s. 4º) admite que sólo a partir del día 40 después de la fecundación se puede hablar de persona. Santo Tomás de Aquino (s. 13) reafirma no reconocer como humano el embrión que todavía no tiene 40 días, que es cuando le es infundida el 'alma racional'.
Esta posición se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia a partir del concilio de Trento (s. 16). Pero fue contestada por algunos teólogos que, basados en la autoridad de Tertuliano (s. 3º) y de san Alberto Magno (s. 13), defienden la hominización inmediata, o sea que desde la fecundación ya se trata de un ser humano en proceso. Esta tesis fue asumida por la encíclica Apostolica Sedis (1869), en la cual el Papa Pío IX condena toda y cualquier interrupción voluntaria del embarazo.
En el siglo 20 se introdujo la discusión entre aborto directo e indirecto. Roma pasó a admitir el aborto indirecto en caso de embarazo tubárico o de cáncer de útero. Pero no admite el aborto directo ni siquiera en caso de estupro.
Bernhard Haering, afamado moralista católico, admite el aborto cuando se trata de preservar el útero para futuras gestaciones o si el daño moral y sicológico causado por el estupro imposibilita el aceptar la gravidez. Es lo que la teología moral denomina ignorancia invencible. La Iglesia no tiene el derecho de exigir a sus fieles actitudes heroicas.
Roma está contra el aborto por considerarlo la supresión voluntaria de una vida humana. Principio que no siempre la Iglesia aplicó con igual rigor a otras esferas, pues defendió el derecho a que los países adoptaran la pena de muerte, la legitimidad de la 'guerra justa' y la revolución popular en caso de tiranía prolongada e inamovible por otros medios (Populorum Progresio).
Aunque la Iglesia defienda la sacralidad de la vida del embrión en potencia a partir de la fecundación, nunca comparó el aborto con el crimen de infanticidio, ni prescribe rituales fúnebres o el bautismo in extremis para los fetos abortados.
Para la genética, el feto es humano a partir de la segmentación. Para la ginecología-obstetricia, desde la anidación. Para la neurofisiología, sólo cuando se forma el cerebro. Y para la sicosociología, cuando se da una relación personalizada. O sea que la ciencia carece de consenso en cuanto al comienzo de la vida humana.
Comparto la opinión de que, ya desde la fecundación, hay vida con destino humano y por tanto histórico. Desde la óptica cristiana la dignidad de un ser no deriva de lo que es sino de lo que puede llegar a ser. Por eso el cristianismo defiende los derechos inalienables de quienes están situados en el último peldaño de la escala humana y social.
Pero el debate sobre si el ser embrionario merece o no reconocimiento de su dignidad no debe inducir a un moralismo intolerante, que ignora el drama de las mujeres que optan por el aborto por razones que no son de mero egoísmo o conveniencia social, tal como es el caso de la niña de Recife.
Si los moralistas estuvieran sinceramente contra el aborto lucharían para que no se hiciese necesario y todos pudieran nacer en condiciones sociales seguras. Ahora bien, lo más cómodo es exigir que se mantenga la penalización del aborto. ¿Y por qué no se penaliza el latifundio improductivo, y tantas otras causas que en el Brasil llevan a la muerte cada año a casi 21 de cada 1000 niños que aún no llegaron a los 12 meses de vida?
"En el plano de los principios -declaró el obispo Duchène, entonces presidente de la Comisión Episcopal Francesa para la Familia- recuerdo que todo aborto es la supresión de un ser humano. No podemos olvidarlo. Pero no quiero suplantar a los médicos que reflexionaron despacio sobre este asunto en su alma y su conciencia y que, enfrentados a una desgracia aparentemente sin remedio, tratan de aliviarla de la mejor manera, aún con el riesgo de equivocarse" (La Croix 31-3-1979).
El caso de Recife exige un análisis profundo acerca de los derechos del embrión y de la gestante, el castigo severo de los estupros y de la violencia sexual en el seno de la familia, y de los casos de pedofilia en el interior de la Iglesia y, sobre todo, cómo prescribir medidas concretas que socialmente lleguen a hacer innecesario el aborto.
(*) Teólogo, escritor, autor junto con L.F. Veríssssimo de "El desafío ético" y de otros libros. Brasil.
EL DEBATE SOBRE EL ABORTO EN COLOMBIA : Diez razones que lograron su despenalización
La joven abogada que estuvo al frente de la demanda para la despenalización del aborto en Colombia, describe cómo fue el proceso y sus puntos fundamentales.
POR MÓNICA ROA Fotografías archivo particular
E l 14 de abril de 2005 presenté una demanda de inexequibilidad ante la Corte Constitucional, pidiéndole que declarara que la total penalización del aborto viola la Constitución por implicar graves vulneraciones a los derechos de las mujeres. El caso se llevó como parte del proyecto Laicia (Litigio de Alto Impacto en Colombia: la Inconstitucionalidad del Aborto), que diseñé como resultado de un análisis global sobre la importancia de trabajar estratégicamente con los jueces en la implementación de los derechos sexuales y reproductivos. El litigio de alto impacto es una modalidad de litigio estratégico; es una clase de activismo que busca generar cambios por medio del impacto que un caso llevado ante el sistema de justicia tenga en la sociedad. En este caso, por tanto, hay dos grandes objetivos: primero, lograr una decisión de la Corte que liberalizara el aborto en Colombia, esto es, que hiciera la ley al menos un poco más liberal o, enDespués de un año transmitiendo mensajes a través de los más diversos medios y con la satisfacción del deber cumplido, quisiera recapitular con un estilo diferente y para una audiencia muy particular, cuáles son las razones que permitieron liberalizar el aborto en Colombia. Todas estas razones provienen de perspectivas diversas que, a lo largo del proceso, enriquecieron la discusión.
1. Las consecuencias de la total penalización del aborto constituyen un grave problema de salud pública
Según el Ministerio de Protección Social, el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad materna del país. Esto significa que muchas mujeres mueren en Colombia a consecuencia de abortos practicados de modo ilegal y, por tanto, muchas veces insegura. Hace poco se me encogió el corazón cuando vi por Internet el video de Citytv en el que una mujer muere desangrada a causa de un aborto ilegal, en una calle del barrio 20 de Julio. En él se ve cuando la Fiscalía llega a hacer el levantamiento del cadáver y presenta los testimonios de algunos testigos, quienes afirman que la mujer salió de una casa donde practican abortos clandestinos, tuvo una hemorragia que no la dejó seguir caminando ni mantenerse en pie, y murió en la acera del barrio sin que nadie la ayudara. Nunca supimos su nombre, y nadie reclamó el cuerpo en Medicina Legal. Este tipo de muertes, que parecen no dolerle a nadie, constituyen el 17% de las muertes maternas en nuePara hacer peor aún la situación, muchas otras mujeres —no sabemos cuántas— se mueren no por abortos practicados en forma insegura, sino por la imposibilidad de practicarse un aborto oportuno para comenzar un tratamiento médico. El caso de Martha Zulay González en Pereira, quien morirá de cáncer por no haber podido iniciar la quimioterapia a tiempo, ya que tenía un mes de embarazo y no la dejaron abortar, no se registrará como una muerte por aborto ilegal. Ella morirá de cáncer y las estadísticas no mostrarán que los médicos habrían podido salvarla si el aborto fuera legal cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer embarazada. Esperemos que su historia sea la última en la que una mujer es condenada a morir injustamente por la imposibilidad de abortar de manera legal.
2. Es un asunto de equidad de género
El embarazo es un fenómeno biológico que únicamente las mujeres podemos experimentar y, por ende, sólo nosotras tendremos que enfrentar, alguna vez, el dilema de interrumpir o no un embarazo. Según el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la penalización de una práctica médica que sólo necesitan las mujeres es una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo. En otras palabras, los hombres nunca se preocuparán porque un procedimiento médico que necesitan —en algunos casos incluso para salvar su vida— sea prohibido por la ley penal. Sabemos bien que hombres y mujeres no pueden ser exactamente iguales, así que debemos buscar una manera de tener igualdad de derechos, que tome en cuenta las diferencias entre unas y otros. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué pasaría si es víctima de una violación y producto de ésta resulta en embarazo? Si usted es mujer, seguro que se lo ha preguntado de manera nerviosa; si usted es hombre, se habrá dado cuenta de que esa preocupación nunca le ha pasado por la cabeza.
3. Es una cuestion de justicia social
Abortar de manera segura y confidencial en un país donde el aborto es un delito sin excepción es un lujo que el dinero puede pagar, o bien comprando un pasaje a Miami o a cualquier lugar donde la práctica no esté penalizada, o pagándole a un médico privado dispuesto a hacerlo. Es una realidad que quienes pagan el costo de la ilegalidad del aborto son las mujeres de escasos recursos, las más vulnerables, las que viven en zonas rurales, las que tienen menos acceso a la información, las más jóvenes. Estoy segura, y así lo he dicho ante varios auditorios, de que si las esposas de presidentes, ministros y congresistas tuvieran que sufrir el trauma de un aborto clandestino y peligroso, la legislación penal colombiana sobre el aborto habría cambiado hace tiempo. Peor aún, es también a las mujeres que viven en la pobreza a quienes les diagnostican más frecuentemente enfermedades que junto con el embarazo ponen en peligro sus vidas o gravísimas malformaciones fetales, resultado de una mala nutrición o de vivir en ambientes malsanos. Las adolescentes embarazadas son las que presentan más complicaciones mortales al momento del parto, por no tener un cuerpo lo suficientemente desarrollado para la maternidad. En cualquier caso, no podemos negar que la penalización del aborto tiene efectos mucho más graves para ciertos grupos de mujeres que para otros. Esta es una de las razones que exigen que los servicios de aborto en los casos despenalizados por la Corte sean prestados por los servicios públicos de salud a todas las mujeres que lo requieran.
4. La decisión de interrumpir un embarazo está íntimamente relacionada con el ejercicio de la autonomía y las libertades individuales
La primera y más importante de todas las consecuencias de la autonomía y las libertades individuales consiste en que los asuntos que atañen sólo a la persona debe decidirlos únicamente ella, pues de lo contrario se le arrebataría su condición ética, se la reduciría a su condición de objeto, se la cosificaría, se la convertiría en medio para los fines que por fuera de ella otros eligen (el Estado, la Iglesia, grupos de la sociedad civil organizada, la familia, etc.). Cuando el Estado reconoció la autonomía de la persona en la Constitución de 1991, resolvió dejarla que decidiera sobre su propia vida, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Es tan extremo este respeto, que el Estado no tiene la facultad de proteger al ciudadano contra sí mismo. La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, decisión que tiene que ver con su integridad, es un asunto que sólo le concierne a quien decide sobre su propio cuerpo. Razón tienen los grupos de mujeres cuando gritan durante sus protestas «Ni de la Iglesia ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido».
5. La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres
Catalogar el aborto como un delito no ha demostrado persuadir a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo de no hacerlo. Cuando una mujer se encuentra en una situación tan desesperada que prefiere convertirse en delincuente antes que en madre, la pena anunciada por el Código Penal no la convence de no abortar, sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida. Las mujeres pueden llegar a usar ganchos de ropa, vidrios, líquido de frenos para carros, veneno para ratas y muchas otras horrorosas opciones en medio de su desesperación, sin importar qué tan peligroso pueda ser para ellas. Por tal razón, el Ministerio de Protección Social hizo esta afirmación en uno de los conceptos que envió a la Corte Constitucional: la penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. A quienes les interese más salvar fetos que mujeres, que busquen una alternativa más efectiva para lograr su propósito, pues la penalización del aborto claramente no funciona.
6. Incluso en un escenario de total cubrimiento en educación sexual y acceso a anticonceptivos, el aborto sigue siendo necesario para casos extremos
Muchas personas me critican diciendo que todo el tiempo y energía que gasto tratando de despenalizar el aborto debería usarlo en la prevención de embarazos no deseados. Otros argumentan que antes de despenalizar el aborto habría que pensar en castigar a los violadores. A todos les respondo que en materia de derechos sexuales y reproductivos no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. ¿Quién dijo que teníamos que escoger entre castigar a un violador y ofrecerle a la víctima la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Insisto: debemos apuntar a una sociedad con total cubrimiento de educación sexual de calidad, total acceso a anticonceptivos 100% eficaces y niveles nulos de violencia sexual. Esta sociedad es una utopía que ni siquiera los países más desarrollados y con una mayor equidad de género han alcanzado; sin embargo, es el ideal y en eso estamos todos de acuerdo —espero—. Pero incluso en esa sociedad ideal, sigue siendo necesario el aborto legal para casos que no pueden prevenirse con educación o anticonceptivos como los que le pedimos a la Corte que liberalice: peligro para la vida o salud de la mujer, graves malformaciones fetales que hagan imposible la vida por fuera del útero materno y embarazo por causa de violación. Lo he repetido mil veces pero lo hago una vez más: la despenalización parcial del aborto no busca alcahuetear ni mucho menos promover la irresponsabilidad sexual, sólo ofrecerles opciones a mujeres en circunstancias extremas.
7. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera los derechos de los no nacidos. Si es que los tienen…
La discusión sobre la titularidad de derechos de los no nacidos no se ha zanjado. No es claro si el derecho a la vida empieza a predicarse a partir del nacimiento (según el Código Civil, las personas comienzan a existir jurídicamente al separarse del cuerpo de la madre), o desde un momento anterior como la fecundación, la concepción, o el momento en que se desarrolla el sistema nervioso en el feto. No se trata de esperar a que la gran discusión de científicos, filósofos y teólogos sobre cuándo comienza la vida humana tenga una respuesta satisfactoria para todos. Simplemente, no creo que sea posible llegar a un consenso al respecto y por eso no podemos esperar hasta que se pongan de acuerdo para solucionar este problema. Lo importante, entonces, es entender que incluso si admitiéramos que el no nacido tiene derechos, éstos no podrían considerarse absolutos, pues ninguno de los derechos fundamentales lo es. Todo derecho tiene como limitación los derechos de los demás y deben, por tanto, ponderarse en cada caso los intereses jurídicos en conflicto. Por consiguiente, según la Corte, la despenalización del aborto en casos extremos responde a la necesidad de armonizar los supuestos derechos del no nacido con los derechos de la mujer embarazada, reconociendo así intereses jurídicos legítimos de las dos partes; la respuesta no es absoluta ni en uno ni en otro sentido (ni total despenalización ni total penalización).
8. El abuso de un derecho no es razón suficiente para negar su reconocimiento
Uno de los argumentos que más me ofenden de quienes se oponen a la despenalización parcial es el que desconoce el principio de la buena fe y presume que todas las mujeres pretenderán haber sido violadas para poder abortar. En primer lugar, me parece que el punto de partida es reconocer que las mujeres ni desean ni disfrutan abortar; cuando lo hacen, se encuentran en circunstancias desesperadas y no ven otra salida a su situación que interrumpir su embarazo, incluso si eso las convierte en delincuentes. Por otra parte, es cierto que reconocer el derecho de las mujeres a abortar en ciertas circunstancias implica el posible abuso de ese derecho, pero eso mismo sucede con todos los derechos y no por ello deben restringirse. Por ejemplo, hemos sido testigos de cómo el sistema de derechos y libertades de las sociedades occidentales ha dado lugar a la comisión de actos terroristas que, si bien deben castigarse, no son nunca razón suficiente para eliminar esos derechos y libertades. El día en que una mujer denuncie falsamente una violación para poder acceder a un aborto legal y seguro podrían ponerse en marcha los mecanismos existentes para este tipo de abusos, como el delito de falsa denuncia, pero no podemos decir que esa es razón para negarle la posibilidad de abortar legalmente a la mujer que, en efecto, fue víctima de una violación. Lo importante aquí es reconocer las implicaciones de los derechos: la libertad de expresión nos permite a todos decir lo que pensamos, y aunque algunos dicen muchas estupideces, no por ello tenemos derecho a callarlos. El delito de falsa denuncia es una de las medidas que ya existen y que pueden usarse para castigar los casos de abuso identificados.
9. Dentro de una sociedad pluralista, donde se respeta la libertad de cultos, el aborto no puede ser un delito en todos los casos
Hace poco, en una conferencia organizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, tuve la oportunidad de escuchar a un rabino y me sorprendió su posición frente al aborto. Según nos contó, cuando la vida de la mujer está en peligro, el aborto es una obligación para la comunidad judía. En otras circunstancias el aborto es un derecho, y se debate si el aborto por simple solicitud de la mujer es prohibido o no. Conozco también un grupo de mujeres llamado Católicas por el Derecho a Decidir que, aunque creyentes, critican la posición oficial de la Iglesia católica y defienden su derecho al libre albedrío. El dalái lama, de paso por Colombia al momento de la decisión, se mostró de acuerdo con el aborto cuando se practica para evitar sufrimientos mayores. Además, muchas mujeres colombianas pueden considerarse a sí mismas ateas o simplemente están todavía en busca de respuestas a sus inquietudes espirituales y no tienen, por tanto, una creencia clara frente al valor absoluto de la vida fetal. La Iglesia católica debe entender que la decisión de la Corte se toma dentro de un Estado secular y con base en argumentos jurídicos. Si bien tiene derecho a expresar su desacuerdo, debería ser más sensible con las mujeres que viven las situaciones extremas que se han discutido. Como dice la abogada feminista Ximena Castilla, una de las grandes diferencias entre quienes defendemos la despenalización del aborto y quienes se oponen a ella en cualquier circunstancia es que nosotros respetamos la decisión individual, mientras que los otros quieren imponer su posición a los demás. En otras palabras, la despenalización del aborto nunca implicará la obligación de abortar a la mujer que no quiera hacerlo porque su conciencia no se lo permite.
10. Porque la total penalización del aborto viola derechos fundamentales y es, por tanto, inconstitucional
En conclusión, la total penalización del aborto viola los derechos fundamentales a la dignidad, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a estar libre de discriminación, a la vida, a la salud y a la integridad, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la libertad de cultos y de conciencia. Por tratarse de derechos fundamentales, le correspondió decidir a la Corte Constitucional que el régimen penal frente al aborto sólo se acoge a las normas constitucionales si se entiende que no cobija circunstancias extremas. Por esta misma razón no podemos permitir que un tema tan importante para la vida de las mujeres del país dependa de coyunturas políticas, de quién tiene mayoría en el Congreso, de cuántos políticos pueden ser persuadidos por fuerzas sin legitimidad dentro de un Estado secular, de cómo se negocian los temas entre los actores políticos del momento. No podemos conformarnos con una simple concepción de democracia en la que reine sin restricciones el gobierno de las mayorías. No podemos permitir que nuestra democracia se convierta en una tiranía contra las minorías. La buena noticia es que la decisión de la Corte nos indica que aún es posible hacer valer la justicia y los derechos por medio de procedimientos e instituciones legítimos. La buena noticia es que quienes apoyamos la despenalización del aborto dejamos de ser una minoría y que la justicia se hizo eco de nuestros argumentos. Es ahora responsabilidad de tod@s asegurar la eficacia de la decisión de la Corte. No podemos permitir que este histórico reconocimiento de derechos se quede en el papel.
lunes, 9 de marzo de 2009
Expertos proponen el aborto libre en las primeras 14 semanas
| 5 de Marzo del 2009, 7:22 PM | ||
| Expertos proponen el aborto libre en las primeras 14 semanas | ||
MADRID, 5 mar (EFE).- La ministra española de Igualdad, Bibiana Aido, presentó hoy el informe de un Comite de Expertos que propone el aborto libre en las primeras catorce semanas y hasta la 22 si peligra la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías. Después de seis meses de trabajos para modificar la actual ley de interrupcion del embarazo, las conclusiones de este Comite, integrado por juristas y ginecólogos, serán trasladadas mañana al Consejo de Ministros y previsiblemente en los próximos meses el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley. "No se trata de elaborar una norma más permisiva, sino más segura" que garantice el derecho de las mujeres, dijo Aido en una conferencia de prensa. Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que a partir de la semana 22 -señalada por la OMS como periodo límite de viabilidad fetal- la interrupción del embarazo no se considere un aborto sino "un parto inducido". El ginecólogo del Hospital Severo Ochoa Javier Martínez Salmeán, uno de los integrantes del Comité, dijo que la mujer debe ser informada sobre las ventajas y las ayudas de las que dispone si quiere continuar con el embarazo y debe contar con un periodo de reflexión de tres días. En el plano jurídico, María Durán i Febrer señaló que una ley de plazos queda "dentro del marco de la Constitución" y abogó por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo. En este sentido, Aído subrayó que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que aborte pueda ser penada con la cárcel". Para ello los expertos proponen la desaparición del artículo 418 del Código Penal, que contempla penas para las mujeres que abortan fuera de los supuestos que recoge la Ley de 1985: malformaciones, peligro para la salud física y psíquica de la mujer y violación. A tenor de las conclusiones, las mujeres de entre 16 y 18 años podrían abortar sin consentimiento de sus padres.EFE. |
martes, 3 de marzo de 2009
Foro Lanza campaña “La Constitución que Queremos las Mujeres”
Afirman este es un llamado de atención a toda la ciudadanía sobre intereses concretos de las mujeres, dentro de la reforma a la Carta Magna.
El principio de Igualdad entre mujeres y hombres, Derecho a la vida, respeto a los Derechos de las Mujeres frente a embarazos que ponen en peligro su vida y reconocimiento de un Estado Laico, son los temas fundamentales que debe contener la nueva Constitución de la República, según planteó el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, en el acto de lanzamiento de la campaña visual “La Constitución que Queremos las Mujeres”.
La campaña pretende llegar a miles de personas, a través de seis vallas electrónicas ubicadas en lugares céntricos de la ciudad de Santo Domingo, en las que se colocarán mensajes alusivos a los intereses concretos de las mujeres, en el marco de la reforma a la Carta Magna, que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional reafirmó la importancia de que la modificación a la constitución se realice mediante una Asamblea Constituyente, que garantice la inclusión de las demandas de las mujeres.
Lourdes Contreras, del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, en representación del Foro dijo que el déficit democrático que se verifica en el país, se evidencia con el vacío existente entre los resultados de las consultas y la de toma de decisiones, lo que se asume “como un irrespeto a las organizaciones que participamos en esas consultas”.
Expresó que durante años las organizaciones feministas han venido trabajando en la concienciación de las mujeres sobre la necesidad de que el texto de nuestra Carta Magna sea explícito en lo relativo a los derechos de las mujeres.
Destaca que esta iniciativa plasma las propuestas de las mujeres, las que ya han sido ampliamente debatidas y entregadas a todas las instancias y personas vinculadas al proceso de Reforma Constitucional y en los mismos se presenta un posicionamiento frente a temas nodales como son: la no discriminación, respeto a tratados internacionales de los derechos humanos, sexuales y reproductivos así como una vida libre de violencia.
También, reitera que el Estado debe hacer efectivos los cambios en el orden Constitucional, ya que siendo signatario de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha contraído un compromiso de eliminar aquellas disposiciones que mantienen la subordinación jurídica y política de las mujeres.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional anunció que esta entregando a las y los legisladores una matriz comparativa de las propuestas de las mujeres y de elementos fundamentales del anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo, asumiendo aspectos que han sido planteados por otros espacios de articulación, acogiendo los planteamientos sobre nacionalidad, formas de control y participación de la ciudadanía, el referéndum y la revocatoria de mandato para todas las funciones electivas.
El inicio de la campaña se enmarca en el programa de actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a dicho evento asistieron representaciones de decenas de organizaciones miembras del Foro y diputadas de la Comisión de Equidad de Género, entre otras personalidades.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional está integrado por el Centro de Estudios de Género del INTEC, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), el Equipo de Educación con Mujeres “Raíces” (EEMUR), Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y la Colectiva Mujer y Salud, entre otras entidades
Santo Domingo,
3 de marzo, 2009
El principio de Igualdad entre mujeres y hombres, Derecho a la vida, respeto a los Derechos de las Mujeres frente a embarazos que ponen en peligro su vida y reconocimiento de un Estado Laico, son los temas fundamentales que debe contener la nueva Constitución de la República, según planteó el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, en el acto de lanzamiento de la campaña visual “La Constitución que Queremos las Mujeres”.
La campaña pretende llegar a miles de personas, a través de seis vallas electrónicas ubicadas en lugares céntricos de la ciudad de Santo Domingo, en las que se colocarán mensajes alusivos a los intereses concretos de las mujeres, en el marco de la reforma a la Carta Magna, que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional reafirmó la importancia de que la modificación a la constitución se realice mediante una Asamblea Constituyente, que garantice la inclusión de las demandas de las mujeres.
Lourdes Contreras, del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, en representación del Foro dijo que el déficit democrático que se verifica en el país, se evidencia con el vacío existente entre los resultados de las consultas y la de toma de decisiones, lo que se asume “como un irrespeto a las organizaciones que participamos en esas consultas”.
Expresó que durante años las organizaciones feministas han venido trabajando en la concienciación de las mujeres sobre la necesidad de que el texto de nuestra Carta Magna sea explícito en lo relativo a los derechos de las mujeres.
Destaca que esta iniciativa plasma las propuestas de las mujeres, las que ya han sido ampliamente debatidas y entregadas a todas las instancias y personas vinculadas al proceso de Reforma Constitucional y en los mismos se presenta un posicionamiento frente a temas nodales como son: la no discriminación, respeto a tratados internacionales de los derechos humanos, sexuales y reproductivos así como una vida libre de violencia.
También, reitera que el Estado debe hacer efectivos los cambios en el orden Constitucional, ya que siendo signatario de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha contraído un compromiso de eliminar aquellas disposiciones que mantienen la subordinación jurídica y política de las mujeres.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional anunció que esta entregando a las y los legisladores una matriz comparativa de las propuestas de las mujeres y de elementos fundamentales del anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo, asumiendo aspectos que han sido planteados por otros espacios de articulación, acogiendo los planteamientos sobre nacionalidad, formas de control y participación de la ciudadanía, el referéndum y la revocatoria de mandato para todas las funciones electivas.
El inicio de la campaña se enmarca en el programa de actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a dicho evento asistieron representaciones de decenas de organizaciones miembras del Foro y diputadas de la Comisión de Equidad de Género, entre otras personalidades.
El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional está integrado por el Centro de Estudios de Género del INTEC, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), el Equipo de Educación con Mujeres “Raíces” (EEMUR), Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y la Colectiva Mujer y Salud, entre otras entidades
Santo Domingo,
3 de marzo, 2009
Presentacion Demandas de las Mujeres en el Proceso de Reforma Constitucional
La siguiente presentacion sobre las demandas de las Mujeres en el actual proceso de Reforma Constitucional fue dada a conocer por Alina Ramírez en el lanzamiento de la campaña visual del Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, el martes 3 de marzo a las 10am, en el Salón Bonanza, del Hotel Meliá, Santo Domingo.
http://www.sendspace.com/file/syore9
http://www.sendspace.com/file/syore9
lunes, 2 de marzo de 2009
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